El nombre de Carles Puigdemont ha saltado simultáneamente a la primera línea de la actualidad política y de la judicial. Su partido, Junts per Catalunya, se ha convertido en la clave de una posible investidura de Pedro Sánchez después de los siete escaños conseguidos el pasado 23J. En su mano está que haya gobierno o que el país se aboque a una nueva repetición electoral. Y este momento político ha cruzado su camino con la posible reactivación de su proceso de entrega al Tribunal Supremo para ser juzgado por su papel en el desafío soberanista de 2017. Dos frentes que, en cualquier caso, tienen tiempos distintos: el hipotético apoyo de JxC a Sánchez para gobernar tendrá que quedar zanjado en los próximos meses mientras que la posible extradición de Puigdemont tiene todavía un largo periplo por delante.
En las últimas semanas el juez Pablo Llarena ha obtenido su primera victoria internacional después de varios años de derrotas. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó que el expresident catalán no está protegido por la inviolabilidad de su escaño de diputado en el Parlamento Europeo y que, por tanto, se puede enfrentar a una extradición a España. Un día después de las elecciones generales, la Fiscalía movió ficha y pidió al Tribunal Supremo que volviera a ponerlo en búsqueda y captura mientras se preparaba para reclamar nuevamente su entrega para ser juzgado en España por el procés.
La causa contra él, atascada en distintos puntos de Europa desde que abandonó España en 2017, ha pisado el acelerador pero es improbable que los tiempos judiciales coincidan con el calendario político. Incluso en un escenario en el que las negociaciones entre JxC y PSOE vayan mucho más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta que la previsión del partido de Puigdemont, tal y como ha explicado elDiario.es, es no tener prisa y sacudirse la presión de tener sus manos el bloqueo o la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno durante cuatro años más. Nada, salvo cambio de criterio, para las próximas semanas.
El horizonte de la posible entrega de Puigdemont es todavía más lejano e incierto. El propio Llarena ha enfriado la posibilidad de poner el proceso en marcha porque ya no esté protegido por la inmunidad parlamentaria. Este jueves, el instructor tomó nota de la petición de la Fiscalía de volver a ponerlo en búsqueda y captura pero anunció que esperará a que los tribunales comunitarios contesten a cualquier petición de medidas cautelares que pueda interponer el expresident catalán. Y solo ese primer trámite tiene dos meses por delante en una sucesión de previsibles recursos, cautelares y más recursos.
La defensa de Puigdemont tiene dos meses para pedir medidas cautelares e intentar recuperar su inmunidad aunque sea por un tiempo, un plazo que acaba el próximo 15 de septiembre. Después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá, sobre el papel, otro medio año para decidir. Aunque los antecedentes permiten contemplar incluso plazos más amplios: en su primera petición de cautelares pasaron casi 10 meses desde que el Tribunal General le quitó la inmunidad hasta que el Tribunal de Justicia comunitario se la devolvió de forma cautelar. Las medidas urgentes siempre se resuelven antes pero, aún así, esa primera decisión seguiría sin acercar las negociaciones políticas a la entrega judicial.
En su escrito conocido esta semana, el juez Llarena ubica el pistoletazo de salida del proceso de extradición en el momento en que los tribunales europeos resuelvan esas medidas cautelares. Pero después empieza un proceso largo y tortuoso en el que el Tribunal Supremo, hasta ahora, siempre ha salido derrotado. Un proceso de extradición en el que los tribunales belgas, como ha sucedido en el pasado y en otros países como Alemania, Italia o Escocia, examinarán la causa y no tardarán tampoco pocas semanas en tomar una decisión.
Las próximas elecciones europeas
En su último auto, Llarena justifica el frenazo al posible proceso de entrega en que, si se aceptan las cautelares que pide Puigdemont, todo el proceso volvería a quedar “inmediatamente paralizado” y cualquier orden de detención sería “intrascendente”. Y expone que, una vez ponga encima de la mesa una petición para traer al expresident a España, Bélgica tendrá un máximo de tres meses para responder, aunque esos plazos no se hayan cumplido en el pasado.
El instructor del Supremo también entiende que no tendría que volver a redactar y enviar el suplicatorio al Parlamento Europeo para reclamar la entrega de Carles Puigdemont y Toni Comín, aunque lleguen unas nuevas elecciones y el expresident renueve su asiento en la eurocámara. Y ahí es donde Llarena dibuja una suerte de línea roja: junio de 2024. Cuando están previstas las próximas elecciones europeas.
Para Llarena, “no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos”. El magistrado del Tribunal Supremo, por tanto, cuenta con poder enviar a Puigdemont al banquillo por malversación de caudales públicos y desobediencia antes del verano del año que viene. Un plazo, en cualquier caso, muy alejado de unas negociaciones para investir a Pedro Sánchez antes de diciembre.
Como ha sucedido en procesos anteriores, cada paso de una extradición y una retirada de inmunidad pueden ser recurridas y, hasta la fecha, la defensa de Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes reclamados ha optado por agotar todas las posibilidades procesales a su alcance.