El padrón es la principal puerta de acceso a la sanidad pública en España. O el factor clave para adjudicar plaza de colegio a los niños. Pero la precariedad de muchas personas –sobre todo extranjeras– asociada a la vivienda, la base sobre la que se concede el padrón, mantiene a algunos vecinos al margen de este certificado. Barcelona ha conseguido ahora, a través de cambios en el trámite, hacer aflorar el número de empadronados que están realquilados, en viviendas sin contrato o directamente ocupando. Su objetivo es que tengan las mismas facilidades para acceder a servicios públicos que el resto de vecinos de la ciudad.
Desde 2015 hasta 2017, se ha multiplicado de 34 a 898 el número de personas que han tramitado el padrón en la capital catalana a través de una inspección municipal a su domicilio. La inspección permite comprobar el uso habitual de la vivienda sin necesidad de presentar el contrato de alquiler o la autorización del propietario del piso, los requisitos tradicionales para el padrón.
También se ha duplicado el último año, de 2.566 a 4.743, la cifra de empadronados sin domicilio fijo, una fórmula a menudo empleada por inmigrantes sin papeles y otros vecinos que recelan de facilitar su dirección, según fuentes del consistorio.
Las modificaciones en el circuito del padrón forman parte de una medida impulsada en 2015 por el Gobierno de Ada Colau con el objetivo de regularizar la situación de inmigrantes sin papeles. El empadronamiento, que según recuerdan fuentes del consistorio es un derecho y una obligación de quienes viven en un municipio, es un requisito imprescindible para acceder a servicios como la tarjeta sanitaria, orientación laboral o una plaza en la escuela del barrio.
“No todo el mundo puede hacer constar dónde vive”
Una de las medidas que explican el incremento de este perfil de empadronados es la participación de las entidades sociales a la hora de acompañar a los inmigrantes en el trámite. “De entrada, hay muchos extranjeros que no saben que tienen derecho a estar empadronados”, relata Roser Añó, de la asociación Papeles para Todos.
Las entidades prefieren que las personas se empadronen en su domicilio pese a estar en situaciones irregulares a que consten como vecinos sin domicilio, el recurso que empleaban muchos de los inmigrantes recelosos a acreditar donde viven. “No todo el mundo puede hacerlo”, detalla Añó, que ha acompañado a muchas personas que están en habitaciones realquiladas, que pagan a su casero en negro, ocupan naves industriales... “Muchos de ellos no quieren acreditar su domicilio porque no tienen una relación de confianza con el propietario”, explica.
Aun así, en 2017 se ha alcanzado la cifra de 898 empadronados con domicilio fijo pero sin documentación, la opción prioritaria del consistorio. Para ello, han impulsado campañas informativas y han destinado técnicos municipales para hacer el informe de inspección del domicilio. Los técnicos han sustituido en esta labor a agentes de la Guardia Urbana, cuya presencia era en muchos casos disuasoria para inmigrantes irregulares.
Añó añade que esta vía la suelen usar también familias que han ocupado pisos con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Son familias que están más seguras de si mismas, porque hacen piña, y porque la PAH les da confianza y les dice que pueden empadronarse sin miedo”
Las entidades exigen claridad a otros municipios
La legislación establece para el padrón que, en caso de no existir documentación que acredite un domicilio, debe ser el “gestor municipal” el que compruebe por medios como la Policía Municipal o un servicio de inspección que “realmente” los vecinos viven en el piso donde solicitan empadronarse. Ante esto, las entidades piden que los consistorios sean “proactivos” a la hora de facilitar el padrón a inmigrantes.
La Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (Pasucat) denuncia la “total falta de información” que se ofrece en las webs de muchos ayuntamientos sobre las posibilidades de acceder al padrón, así como los “obstáculos burocráticos” que suponen las peticiones de informes de servicios sociales o las inspecciones de la Policía Local, un recurso todavía empleado en varios municipios catalanes.
“Cuando llamas para pedir detalles, los propios trabajadores municipales no lo tienen muy claro”, relata Carlos Losana, portavoz de Pasucat. “Al final te acaban diciendo que sí empadronan, pero si tu eres extranjero, con barrera idiomática y sin información sobre el padrón, es muy fácil que acabes sin hacer el trámite”, lamenta este activista, que pide planes similares al diseñado en Barcelona para el resto de grandes ciudades catalanas.