Las cárceles catalanas han vuelto a proponer clasificar a los presos del procés en tercer grado, equivalente a la semilibertad. La decisión de los centros penitenciarios catalanes, que la conselleria de Justicia deberá confirmar en menos de dos meses, se produce después de que el Tribunal Supremo revocara el primer tercer grado en diciembre entre duras críticas a los profesionales de las cárceles y a la Generalitat.
Cada seis meses las cárceles deben clasificar a todos los reclusos. El grado más habitual es el segundo, el ordinario. Hace un año, en su primera clasificación, los nueve presos por sedición permanecieron en segundo grado, aunque flexibilizado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitió salir de la cárcel entre semana para trabajar o cuidar de familiares. En verano accedieron al tercer grado. Pero el Tribunal Supremo tumbó tanto el 100.2, arrogándose la competencia para decidirlo hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, como el tercer grado que sí habían avalado los jueces penitenciarios.
Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que los presos debían pasar más tiempo en prisión estricta y cargaron con dureza contra la administración penitenciaria catalana, a quien acusaron de “vaciar de contenido” la sentencia del procés mediante el tercer grado por compartir supuestamente ideología independentista con los presos. Con su decisión, el Supremo cerró la puerta a cualquier vía para flexibilizar la prisión de los presos del procés al margen del indulto. El Gobierno estudia si conceder la medida de gracia, una decisión que en cualquier caso no se tomará hasta después de las elecciones catalanas previstas –aunque con altas posibilidades de suspenderse– para el 14 de febrero.
En este contexto de enfrentamiento se ha emitido este jueves la propuesta de las Juntas de Tratamiento, integradas por psicólogos, juristas y educadores, de las cárceles de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses respecto a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa. El secretario de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, ha sido el encargado de anunciar la propuesta de las cárceles y de enviar un mensaje al Supremo: “Poner el foco en el tratamiento penitenciario es una equivocación”.
A diferencia de la primera clasificación por unanimidad en tercer grado, en esta ocasión tan solo las propuestas de Cuixart, Sànchez y Bassa han recibido el aval de todos los miembros de las Juntas, mientras que la la propuesta de semilibertad para el resto de presos ha sido aprobada por mayoría. Calderó ha defendido que los seis meses más que los presos han cumplido en prisión y el hecho de que todos ellos cumplan una cuarta parte de la pena este mes de febrero –ya lo han hecho los 'Jordis', Rull y Forn– son “nuevas circunstancias” que deberían facilitar que, en esta ocasión, el Supremo no vuelva a considerar “prematura” la semilibertad.
Otro motivo que respalda la semilibertad, ha destacado Calderó, es que los equipos penitenciarios han tenido más tiempo para observar la “conveniencia” del tercer grado en los presos del procés. En ese sentido, Calderó ha recordado que las decisiones sobre clasificación “pasan por las manos de treinta profesionales diferentes”, que valoran la conducta de los reclusos, su adaptación al centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes, la parte de condena cumplida, el riesgo de reincidencia y el alcance de los objetivos marcados en la primera clasificación. “Las Juntas hacen su trabajo en base a propuestas técnicas de forma absolutamente independiente y rigurosa”, ha sentenciado.
El tercer grado propuesto por las juntas, que obliga solo a acudir a la prisión a dormir de lunes a jueves, no será efectivo hasta que lo ratifique el departamento de Justicia, que dispone de un plazo máximo de dos meses para hacerlo, un calendario que Calderó ha desvinculado de la agenda electoral. Una vez entre en vigor, la Fiscalía tendrá oportunidad de recurrir la clasificación de los presos del procés primero ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.
Calderó ha insistido además en que “nadie tiene dudas razonables” de que, si dependiera del Govern, ninguno de los presos soberanistas habría entrado en prisión, por lo que sería “injusto y malintencionado” cargar contra los profesionales penitenciarios, en referencia a las críticas vertidas por el Supremo contra la administración de prisiones de la Generalitat. Y sobre la crítica del Supremo sobre que los presos no realizaran un tratamiento penitenciario específico sobre la sedición –que los jueces de vigilancia veían contrario a su libertad ideológica–, Calderó lo ha descartado recordar que no hay un programa específico por cada delito y que los líderes soberanistas ya han seguido un tratamiento “individualizado” y “adecuado” con objetivos concretos.