Las callejuelas del Barri Gòtic no tienen secreto para Carlos. Deambulando por esta zona céntrica de la capital catalana, este uruguayo de 59 años se para en cada esquina para explicar una anécdota o señalar la casa de un amigo. Lleva 22 años en Barcelona y habla un catalán perfecto. Sin embargo, este caso de modélica integración se quedó a las puertas de la sanidad pública. Después de sufrir un doble infarto del miocardo, que le dejó una cardiopatía severa, quiso consultar un cardiólogo para hacer el seguimiento de su patología. Pero el centro de atención primaria de Drassanes le negó la visita porque no tenía una tarjeta sanitaria. Y, al estar sin recursos, no se podía permitir los 59 euros que se facturan a los pacientes no cubiertos por el sistema sanitario.
El caso de Carlos es sólo uno de los múltiples ejemplos de trabas a la atención sanitaria que sufren las personas indocumentadas. Su vulnerabilidad se agravó con el Real decreto-ley 16/2012 del gobierno de Mariano Rajoy. El texto indica que se deja de garantizar la atención sanitaria a las personas que no estén dadas de alta en la Seguridad Social y a los inimigrantes irregulares. Una instrucción de la Conselleria de Salud de la Generalitat suavizó estas disposiciones y estableció un mínimo de tres meses de empadronamiento para el acceso a la atención primaria y de un año para la atención especializada.
La razón de la exclusión de Carlos es un simple error administrativo. Al haber llegado a Barcelona antes de lo Juegos Olímpicos de 1992, debería tener acceso a la sanidad pero, por circunstancias de la vida, nunca se empadronó. “Yo jamás me enfermo, y nunca tuve la necesidad de empadronarme”, explica. “El infarto tampoco lo podía prever, he sido deportista toda mi vida y no tengo antecedentes familiares”. Pero ocurrió finalmente este ataque al corazón, tras el cual fue ingresado en el Hospital del Mar. “Me atendieron de maravilla”, dice Carlos, que recuerda el nombre de todos los médicos que se ocuparon de él.
Salió del hospital con una receta de ocho fármacos que tiene que tomar indefinidamente, cosa que no hace porque no tiene dinero para pagárselos. Poco después del episodio del CAP Drassanes, sintió dolores y entró en el CAP del Clot (perteneciente al Instituto Catalán de la Salud, ICS), en el que tampoco fue atendido. “¡Tengo 59 años, con una cardiopatía severa, y no me quieren atender, esto es una vergüenza!”, se exclama. A los dolores que padece frecuentemente y que limitan su capacidad para trabajar se añadieron las consecuencias de la crisis, y tuvo que cerrar su taller de restauración de muebles. Hoy vive en un albergue, que paga gracias a su trabajo en una asociación que atiende a las personas sin hogar.
40 casos detectados, muchos otros invisibles
Para la Plataforma para una atención sanitaria universal en Cataluña (Pasucat), que agrupa a 35 entidades, este caso demuestra que la normativa dictada por la Generalitat sigue dejando a muchas personas fuera del sistema público de salud. Durante los pasados 12 meses, la Pasucat detectó una cuarentena de casos de vulneración del derecho a la sanidad que denunciará ante el Síndic de Greuges. “El caso de Carlos se pudo conocer porque está perfectamente integrado pero existen muchos casos que no salen a la luz pública porque hay gente que no tiene esta red de apoyos”, apunta Jesús Blanco, médico integrante de esta plataforma.
Las trabas con las que topan los pacientes afectan también a ciudadanos comunitarios. Se conoció recientemente el caso de un británico residente en Barcelona, al que los servicios de recepción de dos centros diferentes no pertenecientes al ICS (el CAP Sardenya y el Hospital Sant Pau) pretendieron facturar entre 400 y 600 euros por atenderle en urgencias. Sant Pau declaró a Europa Press que la situación se debió a un “malentendido” y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se limitó a señalar que sólo puede actuar si los hechos son denunciados.
La Pasucat denuncia que existen diversos mecanismos que disuaden a las personas de ser atendidas en urgencias y menciona especialmente los carteles presentes en diferentes centros sanitarios -como el Hospital Clínic de Barcelona- en los que se indica que los pacientes deberán pagar la asistencia si no tienen tarjeta sanitaria. “Todas las personas tienen derecho a la asistencia en urgencias pero estos carteles son disuasorios porque las personas sin recursos saben que no podrán pagar”, critica Blanca de Gispert, integrante de la Plataforma.
La Pasucat també apunta a otros factores: “Hemos detectado que existe cierto desconocimiento de la normativa por parte del personal sanitario, sobre todo por la ambigüedad de los textos”, explica De Gispert. Esta falta de claridad en la normativa también dificulta el acceso a la sanidad de las mujeres embarazadas extranjeras y de los menores que, según la legislación española, ha de ser gratuita.
Gracias al apoyo que recibió, Carlos se empadronó hace seis meses pero este trámite administrativo sólo le da derecho - de momento - al médico de cabecera, y no resuelve los problemas económicas que le impiden comprar medicinas. Para poder consultar a un especialista y convertirse en un usuario normal de la sanidad del país en el que vive desde hace 22 años y del que no piensa irse, todavía tendrá que esperar hasta septiembre.