Carlos Macías llegó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona hace poco más de tres años, meses antes de que comenzara la recogida de firmas para la ILP que impulsaba la PAH contra los desahucios y por la dación en pago y el alquiler social. Hoy, después de pasar por aquella campaña y multitud de desahucios, negociaciones con entidades financieras y ocupaciones de oficinas bancarias y pisos vacíos, defiende una nueva ILP, en este caso catalana, como portavoz de la PAH.
El pasado verano las PAHs catalanas junto con el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética presentaron una iniciativa legislativa popular que adapta las medidas planteadas a nivel estatal, que no se aprobaron ante la mayoría absoluta del PP, a la legislación catalana. Han recogido las firmas necesarias y ahora esperan que se apruebe antes de que acabe la legislatura.
Dos años después de la ILP de la PAH a nivel estatal, que no se logró aprobar, volvéis a apostar por una ILP.
A mí siempre me gusta hacer una valoración positiva, porque parece que como que la ILP estatal no se aprobó, no sirvió de nada, pero sirvió para visibilizar el problema, ponerlo en la agenda política y mediática. Al final todo el mundo, incluso el PSOE y todos esos partidos que decían que creaba inseguridad jurídica, que no se podía aprobar, al final todos ellos la apoyaban. Ahora hay como casi la obligatoriedad de que en las próximas generales cualquier partido que quiera ganar lleve medidas encaminadas en la línea de la ILP estatal. Pero la mayoría absoluta del PP la tumbó e igualmente está más viva que nunca, porque cada día estamos haciendo realidad parar desahucios, conseguir daciones, todo lo que dice la ILP.
Pero ¿y ahora qué?
A nivel estatal, hasta que no deje de haber una mayoría absoluta del PP no hay manera de aprobar estas medidas. Fuimos al nivel más alto de lo que permitía hacer la legislación para solucionar los mínimos del problema en todo el Estado, y ahora nos ponemos a romper por abajo. A la administración local y autonómica le ha ido muy bien decir que esto es competencia del Estado y no tienen nada que hacer, e incluso lo apoyan. El Parlament de Catalunya incluso llevó al Congreso una propuesta similar a la ILP.
¿Y cómo cambiáis esta lógica?
Empezamos con las mociones en los ayuntamientos para sancionar pisos vacíos, que tienen mucho éxito a la hora de aprobarse, pero luego un éxito más relativo en la aplicación. Sí hay ayuntamientos que lo están aplicando pero son la minoría. El claro ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Barcelona, que ha encontrado solo 16 pisos en un año mientras nosotros hemos encontrado 13 en una semana en el bloque de la Obra Social de la PAH en el barrio de La Bordeta. Y llega un momento en que decidimos mirar qué competencias tiene Catalunya, al tiempo que la problemática está variando, entonces pensamos la propuesta de abordar con una ILP el tema de los alquileres, de las hipotecas, del alquiler social y de los cortes de suministro. Vemos que hay competencias, preparamos el texto, hacemos asambleas catalanas, para ver si hay energía para hacer esto de nuevo, y la hay. Al final esta lucha debe terminar en un cambio legislativo. No podemos estar 20 años en la calle parando desahucios, aunque si hace falta lo haremos.
Lleváis tiempo en esta batalla.
Nosotros seguiremos haciendo las funciones de la Generalitat y el Estado, velando por los derechos fundamentales, parando desahucios y cortes de suministro, presionando a entidades financieras y suministradoras y realojando familias a través de la Obra Social. Tanto a nivel estatal, como autonómico, como municipal hemos ido por delante de los diferentes gobiernos e instituciones, generando herramientas y propuestas legislativas para acabar con la problemática. Los diferentes gobiernos han sido incapaces de generarlas por falta de voluntad política para abordar la emergencia.
Pero con la ILP pretendéis cambiar esta situación.
Este Parlament llevó esa propuesta al Congreso y por tanto tendría que estar a favor. A nivel de ILP estatal estaban posicionados a favor. Ahora tienen la pelota en su tejado y no tienen excusa.
¿La ILP lleva todas las medidas de la ILP estatal a nivel catalán?
Sí, y añade las problemáticas de la pobreza energética y de los alquileres, que en la ILP estatal no estaban. La realidad ha ido cambiando y ahora en Catalunya el 60% de los desahucios son de alquiler y el 40% son de hipoteca, entonces no tiene sentido hacer una ILP sólo encaminada a resolver el tema de hipoteca.
¿Y más allá de Catalunya?
Tenemos la responsabilidad, desde el grupo promotor y la ciudadanía, pero la tiene también el Parlament de Catalunya, de devolver la ilusión y la esperanza a miles de familias de todo el Estado, porque si se aprueba en Catalunya esto ha tener un efecto dominó. El resto de PAHs deben hacer presión a nivel autonómico y demostrar que cuando el Estado es incapaz de proteger los derechos de su ciudadanía, los gobiernos y los Parlamentos autonómicos deben servir para algo, y sino mal vamos. Cuando hablamos de derechos humanos tienen responsabilidad, deben actuar sí o sí, y si no actúan son igual de responsables e igual de cómplices Mariano Rajoy y Artur Mas.
El lema de la campaña para la ILP es “Hoy se puede”.
Es que si tienes competencias, al final es cuestión de voluntad política. Por un lado tenemos que Catalunya lidera el ranking en desahucios y ejecuciones hipotecarias, más de 60.000 desahucios en siete años. Por el otro tienes un parque de alquiler social que no llega al 1% del parque de viviendas total, 30.000 pisos, que ya estaría desbordadísimo sólo con las familias que vienen de ejecuciones hipotecarias. Y finalmente tienes 450.000 pisos vacíos y más de 100.000 en manos de entidades financieras. Es muy sencillo: Tienes la necesidad, y no tienes los recursos propios, pero están ahí, los puedes ir a buscar, la ley te lo permite. Legisla y termina con esta situación. El Parlament de Catalunya tiene las competencias para aprobar todos los puntos de esta ILP y para acabar con los 43 desahucios al día, el 10% de la población sufriendo cortes de suministro o las deudas de por vida.
¿Y qué os han dicho los partidos?
Nos hemos reunido con todos menos el PP, que ha mostrado una vez más un desprecio absoluto hacia el sufrimiento de las familias y los procesos de participación. Nos han dicho todos que la apoyarán. ICV-EUiA y la CUP dicen que apoyan el texto tal y como está, íntegro. ERC y PSC dicen que harán alguna enmienda pero en cuestiones que creen que son para mejorarla, en ningún caso para recortar ni un solo punto de las demandas. Ciutadans sí planteó que había que discutir un poco el tema de gran propietario o pequeño propietario, donde estaba el límite. Ahora veremos de qué enmiendas hablamos. Y CiU nos dijeron que sí a que se tramite de urgencia. Nos dieron un sí genérico a favor que hagamos esta ILP y a que se vote antes de que se disuelva el Parlament, pero dijeron que no podían comprometerse a apoyar el contenido, a los puntos que hay en la ILP. Las enmiendas que dejó entrever que se planteaban la diputada Meritxell Roigé, que es con quien nos reunimos de CiU, iban en el sentido de recortarla. Tenemos muy claro que en esta ILP no aceptaremos ningún recorte en las demandas, porque lo que estamos pidiendo es totalmente de mínimos.
¿Qué argumentos le dieron desde CiU para no comprometerse?
La excusa era “no hemos tenido tiempo de mirarlo”. Esta ILP en julio entró en el Parlament, han tenido tiempo de sobras. Aquí no vale no mojarse. No puedes decir “no sé si me posiciono sobre que haya 43 desahucios al día o no”. O estás a favor de que se violen los derechos humanos o estás en contra y empiezas a adoptar medidas y a actuar. Es un claro reflejo del gobierno de Artur Mas que lleva una legislatura entera sin hacer absolutamente nada para abordar esta problemática. No ha hecho ninguna medida de calado para abordar realmente el problema.
Pero sí han tomado algunas medidas.
Han hecho medidas que siguen una línea muy paralela a la del gobierno de Mariano Rajoy, que hace medidas que son grandes titulares, pero al final son cortinas de humo para hacer ver que están haciendo algo. Porque es un tema que en los últimos años ha sido muy visible, ha estado mucho en la agenda política y mediática y se ven obligados. Pero claro, Mas creó la Mesa de Desahucios de la Generalitat precisamente con la voluntad de solucionar el tema de los desahucios. Un año y medio después sólo se ha reunido dos veces y no se ha tomado ninguna medida. O proponer la tasa de los pisos vacíos. ¿Por qué no aplicas la ley catalana del derecho a la vivienda y los sancionas? O ahora recuperan con unas medidas urgentes una medida que ellos mismos eliminaron, que es la expropiación de usufructo. La eliminan en 2011 con la Ley Ómnibus, y ahora la recuperan pero de una manera muy parcial, únicamente para los pisos que provengan de ejecuciones hipotecarias y que estén en malas condiciones, que está por ver cómo lo comprueban.
Desde que se hace la ILP estatal y la cuestión de la vivienda se pone en la agenda, se han ido presentando muchas medidas en esta línea, tanto en Catalunya como a nivel estatal. ¿Han cambiado algo? ¿Ha habido mejoras aunque pequeñas?
Mejoras simbólicas. Recuperar aunque sea de una manera muy tímida y muy parcial la figura de expropiación de usufructo es un paso, pero no es un paso que se da con voluntad real de solucionar el problema. No afecta a todos los pisos vacíos que están incumpliendo lo que dice la ley catalana del derecho a la vivienda. La mesa de desahucios es una medida simbólica, la creas, invitas a muchos actores, pero al final no haces nada. Lo que necesitamos es que no haya los 43 desahucios al día. No han hecho nada al respecto. Desde que está Mas en el gobierno los desahucios en Catalunya no han parado de crecer, y lideramos este ranking de la vergüenza desde el primer día de su gobierno, y antes también, pero él no ha hecho nada para pararlo.
¿Y a nivel estatal?
A nivel estatal, De Guindos se ha lucido. Entre el fondo social de vivienda que anuncia Soraya Sáenz de Santamaría con lágrimas, dos años después con los criterios tan restrictivos que ponen sólo han sido capaces de realojar a unas 2.400 personas en los 6.000 pisos del fondo, y nosotros con la Obra Social de la PAH hemos realojado más de 2.500. Además lo que ofrecen son migajas, porque en un Estado en el que ha habido 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, 6.000 pisos es nada para darles respuesta. Lo mismo con la falsa moratoria de desahucios. “Pararemos 120 mil desahucios”, dice De Guindos. Dos años después otra vez por el motivo de los criterios restrictivos se han producido 135 mil desahucios y no han parado ni el 8%. Son cortinas de humo, hacer ver que haces algo cuando no estás haciendo absolutamente nada. Y el código de buenas prácticas ha dado respuesta al 0,7% de la gente que está en proceso de ejecución hipotecaria. Totalmente ridículo.
Y ahora presentáis unas medidas que tienen el apoyo necesario para entrar en el Parlament y el compromiso de los partidos para ser tramitadas de urgencia, pero CiU no se posiciona y el PP ni siquiera responde. Sin estos partidos no hay una mayoría para aprobarla.
Ahora mismo tenemos 66 parlamentarias que apoyarían esta ILP y sólo nos faltarían dos para aprobarla. Entonces apelamos a la conciencia de las parlamentarias, sobre todo de CiU, para que reflexionen que son responsables de esta situación y que decidan si quieren pasar a la historia como los que comenzaron a hacer que Catalunya lidere los rankings en la conquista de derechos, que pararon todos los desahucios y cortes de suministro, que dieron una segunda oportunidad a las familias. O si quieren ser señalados y pasar a la historia como los responsables de la violación de derechos humanos en Catalunya simplemente porque quieren responder a los intereses de entidades financieras y las suministradoras en vez de responder a las demandas y a las necesidades de su ciudadanía. Aquí tenemos que decidir entre limitar los privilegios de unos pocos y garantizar el acceso a derechos o continuar como hasta ahora, limitando el acceso a derechos y garantizando los privilegios de unos pocos.
¿Y si no se posicionan a favor?
Si después de estas dos semanas hasta que los avales lleguen al Parlament no hay una respuesta favorable por parte de CiU, se aproxima el período electoral. Ahora mismo de 59 ayuntamientos en los que se ha aprobado la moción de apoyo a la ILP, 34 son gobernados por CiU. No puede ser que a nivel municipal estén diciendo que apoyan el contenido de la ILP y que a nivel parlamentario le den la espalda. Entonces los señalaremos en el primer período que viene, que es el municipal, que todo el mundo sepa a la hora de votar que esta gente es la responsable de la violación de derechos en Catalunya. Y luego con el periodo electoral autonómico haremos exactamente lo mismo.
Antes hablabas de la atención mediática que se generó con la ILP, que es un tema que pusisteis en la agenda desde la PAH. Ahora en cambio parece que el foco ha pasado en gran parte de la movilización en la calle a las instituciones. ¿Esto os ha afectado?
Tenemos menos presencia mediática, sí, pero creo que con la otra ILP nos pasó más o menos lo mismo. La fase inicial, que es la recogida de firmas, explicó a todos cuál es el problema, qué soluciones proponemos, no tiene tanta atención mediática como cuando entró la anterior ILP en el Congreso, o ahora entrará en el Parlament, y además es cuando hacemos la acción de presión y de señalización. Ahora estamos en este punto que se debe iniciar y lograr también tener más atención mediática, porque uno de los objetivos principales de una ILP no es pasar por el Parlament y ya está, sino que haya debate, crear estado de opinión a nivel de la sociedad catalana, y para eso es importante también tener espacio en los medios. También es difícil porque el contexto ahora es muy diferente. El contexto de entonces no es el de ahora. Hay un contexto en el que hay muchas candidaturas nuevas, están Podemos, están los Ganemos, está el auge de Ciudadanos, y todo esto está centrando mucho más la atención mediática.
Más allá de la ILP, una de las campañas que impulsáis con fuerza desde las PAHs catalanas es contra los fondos buitres.
Es una nueva problemática, igual que hace un tiempo que empieza a haber más desahucios de alquiler que de hipoteca, ahora lo que pasa es los fondos buitres han puesto el ojo en España porque ven una oportunidad de negocio. Han comenzado en Madrid con el IVIMA, la protección oficial, comprando 5.000 pisos, 2.000 Blackstone y 3.000 Goldman Sachs. Ahora aquí Blackstone compra la gestión de 90.000 contratos hipotecarios de CatalunyaCaixa.
¿Y eso cómo os afecta?
Al principio hay una angustia de decir: Nosotros sabemos hacer una acción en un banco que está aquí, pero ahora ¿cómo haces una acción en un banco que aquí como mucho tiene una oficina en un polígono industrial y que tiene su sede en Nueva York o en Londres? Aquí es cuando empezamos a pensar que durante estos años hemos hecho mucho red internacional, hemos hecho muchos viajes, hemos conocido a muchos colectivos que están haciendo luchas por el derecho a la vivienda, los derechos sociales, y nos planteamos cómo podemos hacer daño a esta gente. Empezamos con la acción internacional que hicimos en San Francisco, Nueva York y Barcelona y hacemos el vídeo de presentación para transmitir un mensaje: Si tú no paras esta venta o te sientas con nosotros y acuerdas que aquí harás daciones y alquileres sociales, no cogerás ni un piso nunca jamás. Estos pisos son nuestros, y más viniendo de una entidad rescatada como CatalunyaCaixa. Podrás enviar 30 desahucios, que los detendremos, y si nos echan volveremos a entrar. Así no hay negocio posible. Entonces se empiezan a poner nerviosos, hacemos una segunda acción en más ciudades, y ahora tendremos una reunión con Blackstone, que se ha puesto en contacto porque se quiere reunir con nosotros. Pero lo que nos dicen compañeras de Estados Unidos es que quieren pisos, gente fuera y hacer negocio. Aquí es donde la Generalitat hace el decreto de medidas urgentes, pero lo vuelve a hacer de forma super tímida y no aborda realmente la problemática. Y aquí otra vez si pones la ILP sobre la mesa, esto afecta también a los fondos buitres que no podrían hacer el negocio de venir aquí, comprar los pisos, echar a las familias y hacer dinero. Con la ILP abordamos también toda esta nueva problemática.
¿Hay alguna problemática de las que os encontráis actualmente a la que no se pueda dar respuesta con la ILP?
El tema de la ocupación de pisos no es que no se pueda responder, porque en principio lo que viene a decir la ILP es que si hay un desahucio debe haber un realojamiento, y la administración está obligada, pero aquí seguramente habrá algo más de batalla. Desde las instituciones deben empezar a pensar también cómo abordar esta problemática. El otro día salía el Ayuntamiento de Barcelona que decía que en determinados barrios hay un 40% de ocupación de pisos. Y son familias que se han encontrado en una situación que era o quedarse en la calle o de un piso. Se han puesto a ocupar, pero están viviendo en precario y necesitan vivir como todo el mundo, con tranquilidad y normalidad, que aquello se convierta en un alquiler social, que tengan derecho al empadronamiento para tener derecho a las ayudas, a la escuela, ... Es una problemática que debe abordarse y venimos avisando hace años que esto pasaría y ahora ya estamos en medio del problema. Con la ILP en principio la administración estaría obligada a realojar.