“¿Votaría usted que sí a la independencia si Cataluña sale de la Unión Europea?”, le preguntó un periodista al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su séptima visita a Bruselas. “Es que usted me plantea una cuestión que yo no quiero aceptar de entrada”, le respondió el president. “¿Qué sentido tiene que a una población que ya está dentro de la Unión Europea, que sus ciudadanos tienen derechos adquiridos desde hace años y que cumplen las normas, se les tenga que hacer fuera por querer tener un estatus político diferente?”.
Mas no acepta las declaraciones que han hecho en los últimos días algunos comisarios europeos. Según Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, una Cataluña independiente tendría que salir de la Unión Europea. Lo mismo dice su compañero Michel Barnier, comisario de Mercado Interior. Para Artur Mas, estas son “visiones interesadas”.
Oficialmente, la Comisión rechaza pronunciarse sobre el caso concreto de Cataluña. La independencia -dicen los portavoces cuando se les pregunta- aún no se ha planteado y, por lo tanto, no quieren entrar a hacer valoraciones sobre casos hipotéticos.
Ni en la UE ni en la eurozona
Quien sí acepta hablar es Jean-Claude Piris, un jurista nacido en Alguer en 1943, que hasta noviembre de 2010 fue el máximo responsable de los Servicios Jurídicos del Consejo Europeo durante 20 años. En la institución que reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, él ha sido quien ha guiado la redacción de los últimos cinco tratados. Desde el de Maastricht, en 1992, hasta el actual, el de Lisboa, que entró en vigor en 2009. “Para mí, los Tratados son la Biblia”, asegura; y según él, no dejan ninguna duda sobre lo que debería hacer una Cataluña independiente: irse de la Unión Europea y volver a pedir su ingreso.
Lo explica con un argumento muy simple: “Cataluña no está en la lista de países a los que se aplica el Tratado. Cataluña no es hoy un miembro de la Unión Europea; España sí lo es. Por tanto, debería convertirse en un candidato para poder ser miembro de la UE”. Se refiere al artículo 49C del Tratado de Lisboa que enmienda a los 28 Estados miembros y las lenguas oficiales con las que se trabaja en las instituciones europeas.
Es decir, que para que un futuro Estado catalán pudiera ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea, habría que modificar este artículo y para ello se requiere la unanimidad de todos los países. Y es probable que, aparte del veto de España, se sumara algún otro país.
Las dificultades, sin embargo, no acaban aquí. Jean-Claude Piris sigue explicando lo que está escrito, “negro sobre blanco”, en los Tratados Europeos. Para ser considerado un país candidato a entrar en la UE, hay que cumplir los “criterios de Copenhague”, y uno de ellos reclama respetar el Estado de Derecho. “Habría que ver -dice este jurista- de qué forma ha nacido el Estado catalán. Y sólo hay dos opciones, de forma legal o ilegal”.
En España haría falta una negociación entre Barcelona y Madrid para cambiar el artículo 2 de la Constitución, que dice que la “Nación española” es la “patria común e indivisible de todos los españoles”. Sería necesario que el Gobierno central reconociera las aspiraciones del pueblo catalán a tener un Estado propio. Sólo así el resto de países europeos podrían reconocer, según Piris, este nuevo Estado como miembro de la Comunidad Internacional, con derecho para comenzar el proceso de adhesión. “Una declaración unilateral de independencia no significa automáticamente que seas independiente”, sentencia.
“Aquí radica la principal diferencia entre Escocia y Cataluña”, dice el exmáximo responsable de los Servicios Jurídicos del Consejo Europeo. “El Gobierno británico reconocería un hipotético Estado escocés”.
En cualquier caso, queda claro, para Jean-Claude Piris, que al convertirse en un nuevo Estado, Cataluña debería pedir su ingreso. Mientras tanto, estaría fuera de la UE.
Bajo esta premisa, tampoco formaría parte de la zona euro. “Acceder a la eurozona sólo es posible para los Estados miembros”, asegura Simon O'Connor, portavoz del Comisario de Economía. Cataluña podría seguir utilizando el euro, pero no formaría parte del Eurosistema y, por lo tanto, no tendría representación ni en el Banco Central Europeo, ni en el Eurogrupo, ni en el Fondo de Rescate Permanente, entre muchos otros organismos. La pérdida de poder político sería muy importante.
Los eurodiputados catalanes responden
Estos son los argumentos jurídicos que desde Bruselas los eurodiputados Raül Romeva (del Grupo de los Verdes) y Ramón Tremosa (Alianza de los Demócratas y Libreals por Europa, ALDE) quieren rebatir políticamente. “En Cataluña hay una demanda ciudadana que trasciende en mucho los ámbitos de los partidos”, remarca Romeva. Una transversalidad a la que el presidente Mas añade su carácter “democrático y pacífico”. “Políticamente, las instituciones europeas deben dar respuesta a una demanda ciudadana”, reclama Romeva, aunque es consciente de que “Europa es una Unión de Estados y por tanto, globalmente hay más reticencias que simpatías” respecto a las aspiraciones catalanas.
Se lo toma como un reto. Y para hacerle frente, para él es imprescindible que Cataluña haga el referéndum. “En estos momentos estamos hablando de política ficción. Por muy impactante que sean la manifestación de 2012 y la Vía Catalana de 2013, no tenemos en estos momentos una medida clara, específica y concreta para medir qué se quiere en Cataluña. (...) Una vez tengamos clara la voluntad, podremos negociar”. Una negociación que “estará muy condicionada en función de qué resultado salga”.
Tanto Romeva como Tremosa no se atreven a decir qué pasaría en esta negociación, “porque en la Unión Europea no hay precedentes”. Aunque el segundo afirma que “Europa quiere Estados económicamente viables”, y asegura que una Cataluña independiente lo sería.
El presidente Mas argumenta que “cuando se producen problemas políticos, las soluciones siempre son políticas; las leyes y los tratados se acomodan a las circunstancias políticas”. Lo dice, además, convencido de que “una Europa donde la gente está alejada de las instituciones y de la política haría bien en estudiar lo que está pasando en Cataluña, porque no hay muchos movimientos de raíz popular” como el vivido en estos años.
Cuando a Mas se le pregunta qué fórmulas jurídicas presentará el Gobierno catalán para acompañar sus argumentos políticos, responde que “directamente no las hemos propuesto”. El debate sobre si una Cataluña independiente saldría o no de la Unión Europea se vive en Bruselas entre argumentos jurídicos y políticos que, a día de hoy, se contraponen.