Catalunya, 40 años sin ley electoral propia y sin consenso a la vista entre los partidos para aprobarla

Ni la peor pandemia en un siglo ha logrado que los partidos políticos consensúen una ley electoral propia para Catalunya, que 40 años después de recuperar el autogobierno sigue rigiéndose en base a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Han sido varios los intentos para terminar con esta anomalía, pero el interés de la antigua Convergència y sus herederos en mantener el actual sistema, que les beneficia electoralmente, ha embarrancado todos los proyectos.

Catalunya es la única comunidad que no cuenta con una ley electoral propia. “Se trata de un precedente pésimo para una comunidad donde algunos plantean grandes metas: uno de los objetivo más básicos, regular el sistema electoral, no se ha llevado a cabo”, resume el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joan Botella, redactor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Por una Ley Electoral de Catalunya', que superó el primer trámite en el Parlament en 2015, pero no logró materializarse.

El proyecto de ILP, inspirado en los trabajos realizados durante el último gobierno tripartito, proponía una revolución del sistema electoral. Con el objetivo de mejorar la proporcionalidad del sistema, cambiaba las cuatro provincias por las siete 'vegueries' como circunscripciones electorales, y permitía a los electores ordenar algunos candidatos de las listas según sus preferencias. Además creaba una Sindicatura Electoral propia para Catalunya en detrimento de la Junta Electoral Central (JEC), que a día de hoy sigue siendo el árbitro electoral en los comicios al Parlament.

Pero la reforma no cuajó. “El conservadurismo de los partidos fue muy fuerte”, recuerda Botella, que señala en especial la antigua Convergència y, en menor medida, ERC, las dos formaciones más beneficiadas por el actual sistema. “Convergència y ERC no querían mejorar la proporcionalidad con el argumento de que con la distribución desigual de la población en Catalunya, Girona, Lleida y Tarragona tenían que estar sobrerrepresentadas”, rememora el exparlamentario de ICV Jaume Bosch, que participó en los trabajos de la comisión parlamentaria sobre la nueva ley electoral.

La principal razón de la distorsión del sistema electoral catalán se encuentra en la distribución del número de escaños por provincia. Al regirse por la misma LOREG, ocurre lo mismo que en las elecciones al Congreso. De los 135 escaños del Parlament, Barcelona elige 85 diputados; Tarragona, 18; Girona, 17; y Lleida escoge 15 representantes. El reparto no ha cambiado desde 1980 a pesar de los cambios demográficos de los últimos 40 años, lo que ha incrementado la infrarrepresentación de la provincia de Barcelona y la sobrerrepresentación de las otras tres. Cada diputado elegido en Barcelona representa a unos 65.000 habitantes, mientras que en Lleida cada parlamentario representa a menos de la mitad, 29.000 habitantes.

Ello ha provocado que las distintas marcas con las que se ha presentado Convergència, más fuertes en Girona y Lleida, han sido las candidaturas más beneficiadas en las elecciones catalanas desde el inicio de la democracia. En todos los comicios han conseguido entre 3 y 6 puntos más en porcentaje de escaños frente al porcentaje de votos. Por el otro lado, ICV (y a partir de 2015 los 'comuns'), CUP y PP han sido los partidos más perjudicados e infrarrepresentados por el sistema electoral en Catalunya.

El proyecto de ILP no eliminaba del todo la desproporcionalidad, para impedir que las zonas menos pobladas quedaran marginadas del Parlament. “Se potenciaban las zonas del Alt Pirineu y las Terres de l'Ebre para evitar que quedaran olvidadas y que las listas provinciales estuvieran copadas por candidatos de Lleida y Tarragona ciudad, pero la desproporcionalidad actual en conjunto sí se reducía a la mitad”, asevera Botella.

Ante la cerrazón de Convergència y ERC para cambiar la proporcionalidad del sistema electoral, Bosch propuso aprobar una ley de procedimiento electoral para regular todos los aspectos de las elecciones –creando, por ejemplo una Sindicatura Electoral propia para Catalunya– dejando de lado el conflictivo reparto de escaños. Pero era el 2015, y el debate soberanista empezaba a cobrar efervescencia. “El temor del PSC a que una Junta Electoral catalana se pudiera usar en favor de un referéndum hizo que la ley de procedimiento electoral se fuera al garete”, recuerda Bosch.

Al margen del reparto de escaños, ambos proyectos legislativos que se quedaron en un cajón preveían cambios que hoy hubieran ahorrado problemas a la Generalitat para organizar el voto en pandemia. “La ILP preveía facilidades para el voto, mediante urnas móviles o en las oficinas de correos que ahora irían muy bien. Nadie dirá que es culpa suya, pero es culpa de alguien”, remarca Botella. “En 2015 no se nos pasó por la cabeza que pudiera haber una pandemia, pero sí se podía haber modernizado el sistema electoral y mejorarlo: se proponían urnas móviles, el envío obligatorio de un único sobre con todas las papeletas, se estudiaba incluso el voto telemático...”, reflexiona Bosch.

El exparlamentario de ICV también ve “un error compartido” del Parlament y el Congreso el hecho de no haber reformado la LOREG a lo largo de un año de pandemia. El mantenimiento de una ley de 1985 ha provocado que la Junta Electoral haya impedido la posibilidad de enviar a funcionarios de Correos a las residencias de ancianos para recoger su voto y llevarlo luego a las urnas el 14F al no estar contemplado en ninguna norma.

Bosch y Botella coinciden en que la ley electoral catalana debería ser uno de los primeros deberes de los partidos en la nueva legislatura, pero se muestran escépticos de su éxito debido a las posiciones enfrentadas de las formaciones. De los tres partidos que se disputan la victoria el 14F, el PSC es el que más detalla en su programa el modelo de ley electoral. Los socialistas proponen un sistema mixto similar al alemán y pasar de cuatro a siete circunscripciones. ERC se limita a indicar que quiere una nueva ley, sin más concreción, e introducir el voto electrónico, mientras que Junts per Catalunya todavía no había publicado su programa a fecha de este domingo.

A los intereses partidistas enfrentados se suma además otra dificultad dada la fragmentación inédita del Parlament, con hasta nueve partidos en disposición de obtener representación tras el 14F: para evitar que el cambio de mayorías parlamentarias hiciera y deshiciera a su antojo, la reforma estatutaria de 2006 exige dos tercios de la Cámara para aprobar la ley electoral. La fragmentación en dos del hemiciclo debido al procés también ha impedido alcanzar los dos tercios de la Cámara que se precisan para renovar varios organismos de autogobierno. “Es una anomalía increíble. Nos ponemos las manos a la cabeza con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial pero aquí ocurre lo mismo con las instituciones que dependen del Parlament. O los partidos aceptan que tienen que tejer acuerdos que superen los dos frentes o el Parlament se resentirá ”, apostilla Bosch.

En suma, si Junts y ERC no ceden y aceptan un cambio que les perjudica, el sistema electoral catalán seguirá basado en una disposición transitoria del primer Estatut de 1980, firmada por el president Tarradellas. Un vestigio del primer president tras la dictadura que sigue configurando la política catalana del siglo XXI.