Catalunya aprueba su decreto contra la segregación y compensará a los centros por el alumnado vulnerable

El Govern ha aprobado este martes el esperado decreto que ha de servir para combatir la segregación escolar y repartir de forma más equilibrada al alumnado. El texto, validado en uno de los últimos Consejos Ejecutivos de la legislatura, establece máximos de alumnado vulnerable en cada centro y 162 millones de euros en cinco años para compensar a los colegios públicos y concertados por el volumen de este perfil de niños y niñas que escolarizan. 

El contenido del decreto es esencialmente el del borrador que ya dio a conocer el Departamento de Educación en 2019, y que recoge buena parte de las demandas que le hizo llegar el Síndic de Greuges –el defensor del Pueblo catalán– a partir del Pacto contra la Segregación. Ese acuerdo se firmó ahora hace ya dos años con el apoyo de ayuntamientos, sindicatos, entidades sociales y movimientos de renovación pedagógica. No contó, sin embargo, con la rúbrica de la principal federación de asociaciones de familias (AFFAC) ni del sindicato mayoritario de la pública (USTEC). 

Una de las novedades dadas a conocer con el decreto este martes es la cantidad económica con la que se compensará a escuelas públicas y concertadas para que asuman a este alumnado de forma equilibrada, en estos momentos unos 66.000 escolares que se espera que aumenten a 215.000 con una mejor detección. De entrada, se establece que los colegios públicos recibirán 641 euros por alumno al año y los concertados, 980. El próximo curso esto se traducirá en 21 millones para la concertada y 17 para la pública

El objetivo de esta compensación económica es que se deje de cobrar cuotas a las familias y la escolarización sea 100% gratuita. Tanto en la pública, en las que se quieren eliminar algunos pagos para material y similares al inicio de curso, como sobre todo en la concertada, donde tradicionalmente se ha cobrado cuotas a las familias, en la práctica obligatorias, cuando la ley lo impide. Estos cobros son uno de los mayores factores de segregación, ya que impiden que las familias de clase baja, en las que se incluyen los inmigrantes, puedan ir a la concertada. 

Si la concertada recibe más dinero por alumno vulnerable que la pública es porque la primera está infrafinanciada. Según calculó el Síndic en un informe reciente, la concertada recibe de la Administración menos financiación por cada alumno que la pública. Esta sería el argumento por el que estos centros han defendido siempre la contribución de las familias, aunque luego, una vez se cuenta esa aportación, entonces la concertada sí acaba teniendo más recursos que la pública. 

El decreto aprobado este martes interviene en muchos otros aspectos, como la programación de las plazas escolares, los criterios de admisión, la detección del alumnado vulnerable o el papel de la Administración municipal. Uno de los puntos clave tiene que ver con el reparto equitativo de los escolares con necesidades educativas específicas. El texto concreta que los colegios no podrán tener un 10% más de alumnado vulnerable que el que hay de media en su zona escolar. Ahora mismo, las diferencias entre colegios son mucho más pronunciadas.