Los colegios catalanes no podrán tener un volumen de inmigración o de alumnado vulnerable muy superior al de su barrio. El decreto de admisiones y escolarización que prepara el Departamento de Educación de la Generalitat, y con el que quieren reducir la elevada segregación del sistema escolar, fijará una proporción máxima de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo en cada centro. En la práctica, el texto establece que el número de estos alumnos no podrá ser un 10% superior o inferior al de la media de su zona escolar.
“El sistema educativo no puede cambiar la segregación residencial, pero sí puede no agravar la segregación entre centros”, explican fuentes del Departamento de Educación sobre el decreto que tienen entre manos, que ha de pasar todavía por el Consejo Escolar de Catalunya y por la Comisión Asesora Jurídica antes de ser aprobado por el Govern. Con todo, su borrador ya recoge cuáles van a ser las líneas maestras del modelo, cuya aplicación quedará en buena medida en manos de mesas locales integradas también por los ayuntamientos.
Una de las medidas más reclamadas en el seno del 'Pacto contra la segregación escolar', impulsado por el Síndic de Greuges, era que se fijase una proporción máxima de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo acorde con la realidad de cada barrio o municipio, para evitar que todos ellos se concentrasen en colegios guetizados y que muchas concertadas apenas tuvieran alguno. Sobre ello, el decreto pone negro sobre blanco que este porcentaje deberá ser “equivalente” al que correspondería por centro si su distribución fuese “plenamente equilibrada”.
Esta máxima se concreta en que ningún centro, ni público ni concertado, podrá asumir un porcentaje de alumnado con necesidades educativas específicas superior al 10% de la media de su “área de escolarización”. Dentro de esta tipología de alumnado entran los que tienen alguna discapacidad, trastorno o enfermedad, por un lado, y los que tienen una situación desfavorecida de carácter económico o cultural, en el caso de los niños y niñas de origen extranjero.
Si esta distribución equilibrada se cumple, irá poniendo fin progresivamente a una situación de elevada segregación escolar que se observa en muchos barrios, donde hay colegios públicos que cuadruplican la media de alumnado pobre del barrio. Así como la bula que de facto ha tenido históricamente la red concertada, que asume menos de la mitad del alumnado vulnerable que le tocaría debido, entre otros factores, a las cuotas que cobran a las familias.
Con todo, el decreto, que desde las entidades se pedía para el curso que viene, podría no llegar a tiempo para las preinscripciones, que se inician en marzo. Fuentes del Departamento asumen que sus trámites se podrían demorar más.
El gran melón de la concertada
En el borrador del decreto queda claro que los centros concertados, en tanto que parte del Servicio de Educación de Catalunya (asumen el 44% del total de escolares), deberán cumplir con esta proporción, aunque no se especifica cómo se evitará que estos colegios cobren cuotas, puesto que algunos lo hacen de forma voluntaria, a través de fundaciones o los hay que incluyen los pagos en servicios como el comedor o las extraescolares. Además, las patronales aseguran que sin esta financiación adicional los centros dejan de ser viables económicamente.
En este sentido, fuentes de Educación aseguran que las plazas para el alumnado con necesidades educativas específicas se reservarán antes que las del resto, con lo que no se podrán negar. El decreto prevé asimismo que la Generalitat pase a hacer la planificación de plazas también para la concertada en P-3. Es decir, que igual que hace con la pública decidirá cuántas líneas ofertan estos centros, mientras que hasta la fecha el número de grupos que ofertaban las concertadas era siempre el mismo que el del curso anterior.
Pero el nudo de la cuestión no se resolverá hasta que se redacte otro decreto, el de centros concertados, en el que Educación tiene previsto introducir una “financiación asimétrica”, más allá de los conciertos propiamente, para que los colegios reciban dinero en función del alumnado vulnerable que acogen. Esta última es una cuestión controvertida porque algunos sindicatos y federaciones de AMPA ya han denunciado que supondría dar más dinero a la concertada, extremo al que se oponen.
Los municipios juegan un papel clave
Un papel clave para que el decreto surta efecto van a ser los municipios, que junto con el Departamento de Educación integrarán las mesas locales de planificación, que han de servir para reservar las plazas, delimitar las áreas de escolarización y supervisar que se cumpla. “Sin consensos locales es difícil aplicar estas medidas”, resumen desde la administración educativa.