Catalunya gastó 4,3 millones de euros en derivar tests PCR a las clínicas privadas

La colaboración de la sanidad privada en Catalunya durante los meses más duros de la pandemia costó al Govern casi 17 millones de euros (16.887.974 euros), según los datos oficiales obtenidos por elDiario.es mediante una petición de transparencia. El Departament de Salut destinó el 25% de toda esta cantidad en derivar tests PCR a los centros privados, un concepto en el que se gastó más de 4,3 millones en cuatro meses.

Esta redacción ha obtenido el detalle de todos los gastos en derivaciones a las clínicas privadas durante el estado de alarma, un desembolso que el Govern todavía no había especificado. Hasta la fecha se habían publicado datos parciales que no incluían la totalidad de los meses de marzo, abril, mayo y junio -los más complejos de la pandemia- ni tampoco conceptos como el de las pruebas PCR. 

El listado muestra cómo los mayores pagos a la privada fueron para las mencionadas pruebas PCR, para ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y para hospitalizaciones de más de 72 horas y defunciones en estos recintos de titularidad privada.

El Departament de Salut llegó a derivar 46.344 pruebas PCR a estas clínicas, por las que pagó 93 euros por cada test realizado. La cifra pone en entredicho el éxito del programa ‘Orfeu’, que anunció el Govern a principios de abril y por el que se preveían realizar 170.000 tests en seis semanas gracias a la colaboración de centros de investigación, universidades y otros centros tecnológicos. La portavoz del Govern llegó a decir una semana después que se iban a doblar esas 170.000 pruebas hasta superar las 300.000.

A principios de mayo, un mes después del anuncio del Govern, solo se habían realizado 32 tests, según reveló el programa Planta Baixa de TV3. El 22 de mayo la Generalitat anunció que finalizaba el programa tras haber realizado 18.000 pruebas PCR -apenas el 10% de lo anunciado en primer lugar- mientras derivaba decenas de miles de estas pruebas al sector privado. Las entidades que participaron en el programa, sin embargo, siguieron haciendo tests durante el mes siguiente hasta llegar a la cifra de unas 50.000 pruebas realizadas en total.

La saturación de los hospitales durante las semanas más comprometidas también tuvo un coste relevante para el erario. Los fallecimientos y las estancias de más de 72 horas en clínicas privadas supusieron el mayor desembolso de estos meses: la administración catalana pagó más de 7,5 millones a estos hospitales por haber ingresado 1.506 pacientes, a un coste de 5.000 euros por hospitalizado. 

Salut gastó también más de 4,3 millones por ingresar a 100 pacientes en UCIs de centros privados, a un coste de 43.400 euros por persona. La cantidad es casi el triple de la que fijó la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) -unos 15.000 euros- y casi el doble de la que pagó el Gobierno de Navarra a sus centros privados -24.000 euros por persona-. También dobla los 21.000 euros por paciente que calculó la patronal catalana.

Completan la hoja de gastos otros servicios de los centros privados como los 182.500 euros en ingresos hospitalarios de menos de 72 horas (hubo 73 pacientes de este tipo, a un precio de 2.500 euros cada uno) o los ingresos en centros sociosanitarios de ancianos que salían del hospital. En este capítulo el Ejecutivo catalán desembolsó 525.482 euros.

También en este último apartado las tarifas que abona el Govern a la privada superan de largo los precios fijados por ASPE. Según la mencionada patronal, el ingreso hospitalario ordinario debería pagarse a 250 euros diarios, muy por debajo de los 2.500 euros por tres días que abona la Generalitat.

Tarifas polémicas

La cantidad que el Govern acordó abonar a la medicina privada para que ayudara durante la crisis epidemiológica fue objeto de polémica desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) a principios de abril. 

La partida más discutida fue sin duda los 43.000 euros por cada paciente ingresado en la UCI porque era muy superior a la que pagaban otros gobiernos autonómicos. A finales de mayo, cuando la SER reveló la cantidad, los grupos de izquierda de la oposición (comuns, PSC y CUP) reprocharon al Govern que hubiese cerrado un acuerdo tan costoso para las arcas públicas, que además permitía a la medicina privada “lucrarse” gracias a la pandemia.

El Govern se defendió asegurando que esta cantidad no era la definitiva y que se haría una auditoría a posteriori para evaluar si el precio era el correcto o no y si los hospitales privados deberían devolver una parte de estos ingresos, cuya cantidad se estableció asumiendo que los pacientes de UCI pasaban una media de tres semanas en estas dependencias.

La Generalitat y el sector privado pactaron que estos hospitales tuvieran un margen de beneficio ya que, según señalaron desde el Departament de Salut en abril, estos recintos eran un negocio y no un servicio público. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, afirmó entonces que el beneficio de estas clínicas oscilaría “entre un 3 y un 6%”.