Un total de 9.500 familias han recibido o recibirán una carta de la Generalitat antes de que acabe el año en la que se les comunica que deben retornar dinero recibido de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La cantidad que reclama el Govern es, de media, de 7.500 euros, lo cual suma un total de más de 71 millones, tal como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado elDiario.es.
El secretario general del Departament de Derechos Sociales, Raúl Moreno, explica que la situación se debe, principalmente, a dos errores. Hay casos de personas que han comunicado un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “ha tardado unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.
La consellera, Mònica Martínez Bravo, ya ha solicitado comparecer la próxima semana ante el Parlament para tratar esta situación. El Departament asegura que es una “problemática sobrevenida” que el nuevo Govern se ha encontrado y asegura que tiene origen en “el diseño de algunas prestaciones y en las limitaciones de recursos para gestionarlas”.
“Nuestra responsabilidad es solucionarlo”, ha asegurado Moreno, que añade que la Generalitat no desea “generar más problemas a familias en situación de vulnerabilidad”. Con todo, el Govern está trabajando en cambios técnicos y legislativos que permitirán a la administración tener “sistemas para detectar automáticamente estos cambios” y evitar estas situaciones.
Esta situación no es nueva de 2024, tal como asegura la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), pero durante este año “la cuestión se ha acelerado”. Por ello, esta institución ha abierto una actuación de oficio. De momento, aseguran, no tienen respuesta del Departament.
“Sin minusvalorar casos de mala fe por parte de algunos receptores, la sensación es que la mayoría de pagos indebidos que se reclaman se generan por una actuación deficiente de la administración”, tal como apuntan desde la Sindicatura, que afea a la Generalitat que no “procesa adecuadamente” la información y que tiene un “retraso considerable” en los procesos de revisión de los expendientes.
Según la Sindicatura, el retorno de estas cantidades puede ser “muy difícil” para las personas afectadas. La administración, que cuenta tener una resolución a finales de año, está ponderando los posicionamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre situaciones equivalentes y estudiando soluciones para “no vulnerar derechos a personas especialmente vulnerables que se encuentran atrapadas en un problema que no han provocado ellos”.