Catalunya permitirá por primera vez a los ayuntamientos retirar licencias de pisos turísticos

Catalunya ha decidido poner coto a los pisos turísticos después de años de crecimiento sin control de esta actividad, que ya alcanza más de 102.795 viviendas en toda la comunidad. La Generalitat ha dado luz verde este martes a un decreto ley que da herramientas a los ayuntamientos para denegar nuevas licencias o incluso retirar las ya existentes. También obligará a los propietarios a renovar cada cinco años sus permisos, a través de concurrencia pública, para que no sean a perpetuidad. 

El nuevo decreto ley, presentado por la consellera de Territorio y Sostenibilidad, Ester Capella, busca frenar el ‘boom’ de pisos turísticos de la última década, en especial en aquellos municipios de la costa o del Pirineo, así como en ciudades como en Barcelona, donde su concentración acaba reduciendo la oferta de vivienda para uso residencial. “Actuamos para garantizar un acceso a la vivienda accesible económicamente”, ha resaltado Capella.El decreto se deberá convalidar en el Parlament.

Para empezar, la nueva normativa –que es una modificación de la Ley de Urbanismo– establece que, a partir de su entrada en vigor, los permisos para abrir un piso turístico estarán sujetos a la concesión de una licencia urbanística. Se trata de un trámite que deberán resolver los ayuntamientos y que no existía hasta ahora, puesto que actualmente bastaba con realizar una comunicación al consistorio, cumplir algunos requisitos (como tener cédula de habitabilidad) y ya se incluían en el registro de Turismo del departamento de Empresa. 

El decreto afectará por ahora a 262 municipios catalanes, entre los cuales se cuentan las cuatro capitales de provincia (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), y que se considera que cumplen uno de dos requisitos: el primero, que tienen un mercado tensionado de acceso a la vivienda, y el segundo, que tienen una “concentración excesiva” de este tipo de actividad económica, esto es si disponen de más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes. 

Todos estos municipios, que concentran 95.094 de los poco más de 100.000 pisos turísticos que hay en Catalunya, estarán obligados a desarrollar una regulación urbanística para justificar la presencia de este tipo de actividad y su alcance. O, al contrario, para reducirla.

Previsión de eliminar 28.000 pisos en cinco años

Además, para todos ellos existirá un umbral máximo de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, una barrera que a día de hoy se supera en hasta 47 municipios. El excedente para estas localidades es en conjunto de 28.000 apartamentos turísticos, con lo que si la normativa sale adelante, dentro de cinco años –cuando venzan las actuales licencias–, este volumen debería reducirse a cero. Sería un recorte significativo, del 26% de lo total que hay en Catalunya, es decir, uno de cada cuatro (aunque en otros municipios, los no tensionados, las licencias pueden aumentar en paralelo).

Aunque no han detallado las cifras, entre los municipios que deberán recortar sí o sí su número de apartamentos turísticos están varios del litoral, como l'Escala, Salou, Torroella de Montgrí, Roses o Pals, y otros del Pirineo, como Setcases, Queralbs, Naut Aran, Espot o Esterri d'Àneu.

Por poner un ejemplo, la localidad de Roses, en la Costa Brava, tiene actualmente 19.000 habitantes y 4.923 pisos turísticos, según datos publicados por Crític. Si el tope es de 10 apartamentos por cada 100 habitantes, no podría haber más de 1.900, con lo que en los próximos cinco años deberían cerrar unos 3.000 en todo el municipio.

Con todo, otras de las principales novedades del decreto es que las licencias ya no serán a perpetuidad, como hasta ahora, sino que durarán cinco años. Cada vez que venza este periodo, todos los propietarios deberán superar un proceso de concurrencia para volver a acceder a esta actividad económica. Por lo tanto, el decreto ley permite a los municipios no solo frenar el otorgamiento de licencias actualmente (si justifican que están por encima del umbral o que tienen problemas de acceso a la vivienda), sino eliminar las ya existentes dentro de cinco años, cuando finalice la vigencia de las actuales. No obstante, los actuales propietarios podrán pedir a sus consistorios una prórroga de cinco años más si acreditan no poder compensar pérdidas patrimoniales.

Para evitar una alud de solicitudes previa a las regulaciones municipales, como ocurrió en Barcelona, la Generalitat precisa además en la normativa que a partir de ahora no se podrá otorgar ninguna licencia nueva precisamente hasta que los Ayuntamientos no hayan actualizado sus planeamientos. 

La regulación de la Generalitat llega después de que decenas de ayuntamientos ya hubiesen tirado adelante normativas propias al constatar la masificación de estos pisos turísticos. Según el Govern, a día de hoy hay 85 pueblos y ciudades catalanas que han elaborado por su cuenta algún tipo de restricción al crecimiento de estos apartamentos. En el caso de Barcelona fue una moratoria para no superar los 9.000 actuales, seguida de una reforma del planeamiento urbanístico de alojamientos turísticos que blindó la congelación. En Girona, por ejemplo, fijaron un umbral máximo del 4% de pisos turísticos sobre el total de vivienda.