Catalunya, en plena sequía, perdió casi un 24% del agua potable en 2022, mayoritariamente debido escapes en la red de distribución. El año pasado se perdieron unos 134.300 millones de litros, 134 hectómetros cúbicos, según datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a los que ha tenido acceso RAC1.
Con este agua Catalunya dispondría en estos momentos del doble de reservas. De hecho, con ese volumen se podría llenar casi todo el pantano de Sau, ahora casi vacío. El porcentaje del 24%, con todo, es ligeramente inferior al del Estado pero está en la media europea.
La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha afirmado ​​que conoce las dificultades de los municipios, especialmente de los pequeños, para cumplir con las restricciones –en estos momentos, Catalunya está en situación de excepcionalidad–, pero ha defendido el régimen sancionador, que “sólo sirve para disuadir”. Se ha mostrado convencida de que no será necesario multar a ningún municipio pequeño.
El régimen sancionador fue el escollo que hizo descarrilar la cumbre entre partidos políticos del pasado viernes. Entre acusaciones de electoralismo, la reunión acabó sin acuerdo porque el Govern y el PSC no lograron consensuar una moratoria para la entrada en funcionamiento de las multas.
“El régimen sancionador es disuasorio: si ese municipio empieza a hacer aquellas obras y aquella obra debe estar finalizada al cabo de un año, lo que haremos es el seguimiento de cómo empieza y cómo avanza. Si han pasado dos años y no, pues deben aplicarse las sanciones”, ha argumentado.
La consellera ha recordado que hay una serie de sectores que ya están haciendo los deberes y que tienen restricciones en los usos de agua, y ha criticado la actitud del PSC por “jugar con la calculadora y con el calendario electoral”. “Deberíamos estar muy por encima de la calculadora. Las urgencias son las que son. No sé cómo saldremos adelante pero saldremos adelante”, ha remachado.
De hecho, Jordà ha asegurado que el acuerdo con los partidos estaba ahí, pero faltó firmarlo, incluso con una moratoria en el régimen sancionador con la fecha del 1 de julio.