Catalunya se ha convertido este miércoles en la primera comunidad autónoma que limita por ley el precio de los alquileres. Tras una frenética negociación, el Parlament, con los votos de JxCat, ERC, 'comuns' y CUP, ha aprobado la nueva regulación pactada entre el Sindicato de Inquilinos y la conselleria de Justicia que, sin embargo, podría tener los días contados. PSC, PDeCAT, PP y Ciudadanos, que han rechazado la ley, han augurado que la ley será anulada por inconstitucional.
El próximo caballo de batalla de la norma será, además de lograr su aplicación efectiva, evitar su anulación por parte del Tribunal Constitucional. El PP ya ha anunciado que la recurrirá, pero lo que preocupa entre los impulsores de la ley es que la norma sea suspendida automáticamente en cuestión de semanas. Esta opción solo puede suceder si el Gobierno central la impugna y pide la suspensión de la norma la Constitucional mientras estudia el recurso.
El eventual recurso podría abrir una nueva grieta entre los socios del Gobierno de coalición. Los 'comuns' y sus aliados de Unidas Podemos apoyan la norma, pero el PSC ha votado en contra con duros reproches. Sin avanzar movimientos del Gobierno, la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra ha avisado de que la ley “no tendrá recorrido porque es inconstitucional y antiestatutaria”. Este mismo miércoles fuentes socialistas indicaron a la agencia EFE que “lo lógico” sería que el Ejecutivo central recurriera la norma habida cuenta de la contundencia del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
Ibarra ha afeado a independentistas y 'comuns' “jugar con algo tan importante como los alquileres por electoralismo”, mientras que la diputada de En Comú Podem Susanna Segovia ha recordado a los socialistas que el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contemplaba la regulación de precios. “Esta ley tiene que ser la punta de lanza para limitar los alquileres en todo el Estado, no se entendería que el PSOE no se pusiera de nuestro lado”, ha agregado Segovia. De hecho, El grupo del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona lo ha apoyado.
La nueva ley afecta a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.
Según la norma, una población estará dentro del grupo con un mercado de alquiler tensionado si el precio de los alquileres experimenta un crecimiento sostenido “claramente” superior a la media de Catalunya, si los arrendatarios destinan más de un 30% de sus ingresos al alquiler y si el precio del alquiler sube en cinco años tres puntos más que el IPC catalán.
La ley determina que el precio en todos los municipios con mercado tensionado no pueda aumentar respecto al contrato anterior y que si un piso tenía un alquiler por encima de la media de la misma zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de referencia de la Agencia Catalana de Vivienda. De la norma queda excluida la obra nueva para incentivar la vivienda protegida, mientras que los pisos que no sean nuevos pero que se pongan en el mercado por primera vez tendrán que ajustarse al índice fijado para cada zona.
La limitación de precios no afectará a los pequeños propietarios con ingresos inferiores a 1.900 euros. Asimismo, el incremento en caso de mejoras de rehabilitación en la vivienda al margen de las establecidas por ley será ponderada al capital invertido hasta un máximo del 20% del precio del alquiler vigente.
La regulación del Sindicato de Inquilinos ha generado un intenso debate social. Ha recibido el apoyo de más de 4.000 organizaciones, entre ellas los principales sindicatos, entidades sociales como Càritas o Cruz Roja e incluso la ANC y Òmnium. Entre los detractores de la norma se encuentran la patronal de la gran empresa, Foment del Treball, así como los agentes de la propiedad y los administradores de fincas, que advierten de un descenso drástico de la oferta que traerá un encarecimiento de precios.
Los expertos consultados por elDiario.es valoran de forma positiva la normativa pero advierten de aspectos que deben mejorarse y que queda trabajo por hacer en materia de vivienda y alquiler en Catalunya, en especial para ampliar el parque público de alquiler. “Regular un mercado puede generar efectos negativos, nadie lo discute, pero se pueden prever y desarrollar normativas para mitigarlos”, apunta la profesora de Economía de la Universitat de Barcelona (UB) y vicepresidenta de la European Network for Housing Research, Montserrat Pareja–Eastway, que valora la ley como “un primer paso positivo para regular y garantizar el derecho a la vivienda”
“El sector público debe ir más allá de los intereses legítimos de una parte del mercado y también debe tener en cuenta los intereses de los inquilinos”, agrega Pareja–Eastway. La docente indica que a partir de ahora será clave el trabajo coordinado entre administraciones, en especial a nivel local, para “reconocer la heterogeneidad del mercado de vivienda: no es lo mismo Rubí que Sant Cugat o Pedralbes que Sants”.
En este sentido, el catedrático de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) e investigar en vivienda Luís Díaz-Serrano advierte de que el índice de referencia de precios debe ser más completo e incluir más variables. De lo contrario, alerta, el índice sí será preciso para poblaciones y zonas con un mercado de vivienda similar, como por ejemplo el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet, pero puede comportar “problemas” en zonas y barrios donde se mezclan viviendas antiguas, nuevas y renovadas, como Sants o el Eixample en Barcelona. Con todo, Díaz–Serrano concluye que “cuando el precio se encarece tanto hay que regular y más en un bien de primera necesidad para proteger a inquilinos”.