“Avui es pot” (“hoy se puede”). Este ha sido el lema de la campaña que ha llevado al Parlament catalán la ILP sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de vivienda y pobreza energética, que previsiblemente se aprobará el próximo día 24 de julio, aunque el grupo parlamentario de CiU cuestiona algunas de sus medidas. Como explicaron ante el pleno sus impulsores –la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– una vez el PP bloqueó con su mayoría absoluta la ILP de la PAH a nivel estatal, sólo les quedaba buscar respuestas a nivel autonómico para hacer frente a estas problemáticas. La conclusión a la que llegaron fue que Catalunya tiene suficiente competencia como para hacerles frente, y confían en que abra camino a otras legislaciones autonómicas.
La verdad es que muchas voces defienden que Catalunya no sólo tiene las competencias, sino que también tiene la legislación que le permite actuar. “Hay mucho instrumental, pero hay poca voluntad política de utilizarlo”, apunta Carme Trilla, secretaria de Vivienda de la Generalitat durante el gobierno del Tripartit. El equipo de Trilla impulsó la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC), que después de tres años de negociaciones se aprobó a finales de 2007, “quince días antes de que estallara la burbuja”, recuerda. “Hicimos la Ley del Derecho a la Vivienda poniendo todo el instrumental que veíamos en los países de nuestro entorno para evitar la exclusión de una parte de la población al derecho a la vivienda”, explica la ex secretaria de vivienda, ahora en la Taula del Tercer Sector.
El Observatorio DESC, en el reciente informe Emergencia Habitacional en Catalunya, considera que esta ley, aún vigente en la mayoría de sus medidas, “fue una norma innovadora en muchos aspectos”. Apunta, sin embargo, que “hay preceptos que a pesar de ser vigentes no han sido desarrollados”. Muchos de ellos no se aplicaron ni por parte del Tripartit ni por el gobierno de CiU, que la recortó nada más llegar a la Generalitat con el apoyo del PP en la llamada ley Ómnibus.
La medida más polémica fue la del alquiler forzoso de viviendas en situación de desocupación permanente, a través de una expropiación temporal del usufructo. Ahora la ILP de Vivienda quiere recuperar la medida para las familias que pierdan sus casas, para garantizar así que se puedan quedar en ellas en un régimen de alquiler social y no sean desahuciadas. “Cuando entró Convergencia retiraron esta medida inmediatamente, cuando les hubiera ido de perlas para poder negociar con los bancos”, apunta Trilla. El jueves, ante las críticas del diputado de ICV-EUiA Salvador Milà, que reivindicaba la medida, desde la bancada convergente le respondieron que cuando llegaron a la Generalitat el gobierno anterior no había iniciado ningún expediente de expropiación de usufructo.
El fantasma de la impugnación
En el pleno del jueves, tanto el conseller de Territorio Santi Vila como la diputada convergente Meritxell Roigé, hicieron planear sobre la ILP el fantasma de una posible impugnación del Tribunal Constitucional, por lo defendieron reducir algunas de las medidas propuestas. El diputado socialista Jordi Terrades recordó al consejero que la LDHC “era constitucional y permitía la expropiación de usufructo”. De hecho, ante las fuertes críticas de la oposición, un informe del Consejo de Garantías Estatutarias consideró que la norma era constitucional y estatutaria, y que no suponía una afectación desproporcionada del derecho a la propiedad.
El argumento de los convergentes, sin embargo, hacía referencia a la legislación andaluza sobre la función social de la vivienda, aprobada por el anterior gobierno de PSOE e IU e impugnada por el gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional. Esta ley declaraba, de manera similar a lo que propone la ILP catalana, el alquiler forzoso de la vivienda durante tres años en régimen de alquiler social cuando se tratara de desahucios de familias vulnerables. En una entrevista el pasado abril en Catalunya Plural el secretario de vivienda catalán Carles Sala enfatizaba la distancia entre la legislación andaluza y la LDHC que había recortado su partido en Catalunya: “Aquí de lo que se hablaba era de una declaración de alquiler forzoso de carácter universal para todos los pisos que estuvieran vacíos, en cambio lo que declaraba Andalucía era un alquiler forzoso de pisos que estaban ocupados, para evitar el desahucio”.
A pesar de la postura del ejecutivo, Carlos Macías, portavoz de la PAH, declaró el jueves que no teme una impugnación de la propuesta de ley que han hecho llegar al Parlamento y explicó que están negociando con los convergentes otras posibilidades de redactado que conserven el espíritu de la propuesta: que ninguna familia se quede en la calle tras ser desahuciada.
Sanciones a los pisos vacíos
En todo caso, el alquiler forzoso es sólo una de muchas medidas enfocadas a garantizar el derecho a la vivienda en Catalunya. La LDHC de 2007 contemplaba otras medidas para incentivar la puesta en alquiler de los pisos vacíos. Una de ellas es la posibilidad de que las administraciones locales puedan sancionar los pisos largamente desocupados. El gobierno de la Generalitat, que reivindica las medidas tomadas en los últimos meses en materia de vivienda, propuso también un impuesto a los pisos vacíos, aprobado la semana pasada en el Parlament. La propuesta convergente ponía sobre la mesa un impuesto anual de entre 500 y 1.650, aunque la ley vigente establece multas de hasta 900.000 euros. Esta medida, sin embargo, también quedó en un cajón desde su aprobación en 2007, hasta que la PAH comenzó a reivindicarla.
Más de un centenar de ayuntamientos catalanes han aprobado mociones impulsadas por la PAH para aplicar estas sanciones. Según recoge el informe Emergencia Habitacional en Catalunya, municipios “como Girona y Santa Coloma, siguiendo la experiencia de Terrassa, han iniciado las comprobaciones sobre la existencia de pisos vacíos y ya han llegado a imponer multas coercitivas de entre 3.000 y 5.000 euros”. El informe recuerda, sin embargo, que el objetivo de las mociones de la PAH no son las multas sino reconvertir los pisos vacíos en alquiler social, y Terrassa, pionera en esta medida, ya ha movilizado más de 100 pisos. La ley apunta a que la Generalitat también puede aplicar estas sanciones, pero el secretario Carles Sala apunta, a pesar de los años que ha tardado en utilizarse la norma, que sólo podría hacerlo “por inacción municipal”.
Compra d'habitatges
La LDHC también faculta a los municipios a establecer zonas de tanteo y retracto, es decir, áreas en las que el ayuntamiento tiene preferencia ante cualquier otro comprador a adquirir una vivienda por el mismo precio. Esta medida, pensada sobre todo para evitar la especulación y la gentrificación en algunos barrios, puede servir también para aumentar el parque de vivienda pública de que disponen las administraciones.
A pesar de la vigencia de esta medida, la Generalitat decretó el pasado mes de marzo el derecho a tanteo y retracto específicamente para los pisos provenientes de desahucios. Esta fue su respuesta a la amenaza de los fondos buitres, que estaban adquiriendo pisos por entre 5.000 y 20.000 euros. La semana pasada la Generalitat formalizó la compra de 40 pisos por esta vía. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha expresado su voluntad de declarar toda la ciudad zona de tanteo y retracto con la LCDH para poder dedicar más pisos vacíos, ahora en manos de particulares, al alquiler social.