Catalunya ha recuperado la gestión pública de la autovía C-25, más conocida como Eix Transversal, una de las vías en régimen de “peaje a la sombra”, es decir, que la administración pública paga a la concesionaria por cada conductor que la utiliza. La Generalitat ha decidido resolver el contrato con Cedinsa, la empresa que la gestionaba, haciendo uso de una de las cláusulas del contrato y pagándole 479 millones de euros. Se trata de la autovía bajo concesión por la que la administración catalana más dinero pagaba al año.
El Departamento de Economía calcula que obtendrán un ahorro neto de 781 millones de euros hasta 2040, es decir, 46 millones anuales durante los próximos 17 años. Estos cálculos tienen en cuenta todos los pagos a realizar y el coste de la gestión y mantenimiento de la vía, que cifran en 15,5 millones anuales, que a partir del 1 de enero de 2023 recaerán en el Departamento de Territorio. No obstante se producirá un ahorro ya que los precios pactados con la concesionaria permitían que esta vía diera importantes beneficios.
El contrato con Cedinsa, participada mayoritariamente por un fondo francés, se firmó en 2007 y preveía una posible resolución anticipada en los años 2017, 2022 y 2027, gracias a lo cual el Ejecutivo catalán ha podido anticipar ahora la vuelta a manos públicas. Pese a que en un primer momento se había considerado la posibilidad de utilizar fondos estatales, provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), finalmente la conselleria ha optado por utilizar remanentes de la Generalitat, una fórmula mejor vista por las agencias de calificación de crédito.
Desde el Govern aseguran que se trata de “la operación financiera con un mayor impacto en las finanzas” realizada por la Generalitat en la última década y consideran que, a nivel contable, es una operación redonda, ya que del importe pagado tres cuartas partes se imputan como reducción de deuda y, el resto, como inversión.
Lo que se espera ahora es que se abra un litigio que podría alargarse en el tiempo, ya que la concesionaria ha interpuesto hasta tres demandas de medidas cautelares, que hasta el momento se han resuelto a favor de la Generalitat. Con todo, parece claro que Cedinsa desea dar la batalla judicial, que podría reemprender en los próximos días. La empresa además entiende que la operación se trata en realidad de un rescate y que la gestión de la infraestructura por parte del Govern implicaría “un ahorro prácticamente nulo”.