El aumento creciente de ingresos hospitalarios por COVID-19 ha obligado a la Generalitat a tomar una decisión que ya adoptó en marzo, durante la primera ola: integrar la red de hospitales privados al sistema público, para ganar camas convencionales y de UCI en caso de que sea necesario.
El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo catalán ha integrado las mutuas de accidentes de trabajo y los centros de sanidad privados en el global de la red hospitalaria, de forma temporal, para “anticiparse al aumento de presión asistencial”. A día de hoy, entre hospitales públicos y privados, hay 541 pacientes con COVID-19 en la UCI, el 57% del total. Los centros privados de Catalunya tienen unas 200 camas de UCI, una capacidad se suma a los más de 900 camas de críticos con que hasta ahora se contaba.
Aunque la velocidad de transmisión del virus parece que está remitiendo en Catalunya desde esta semana, la cifra de contagios diarios sigue siendo muy elevada (4.796 positivos en las últimas 24 horas), así como la de fallecidos: 109.
El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, firmó el jueves una instrucción “paralela” a la que se firmó durante la primera ola de la pandemia para reproducir una medida que, a juicio de Ramentol, fue un “éxito”.
Lo que desató la polémica política en esa orden fue el precio que la Administración se comprometió a pagar por estancia en la UCI: 43.400 euros independientemente del tiempo que el paciente estuviese ingresado. La tarifa iba acompañada del compromiso del Govern de hacer una auditoría posterior para evaluar si este había sido el precio real del ingreso. Los resultados de esa auditoría tendrán que esperar, según Ramentol.
Hasta junio de 2020, los hospitales de la red pública derivaron a los cuidados intensivos de la privada un total de 100 pacientes, lo que supuso para las arcas públicas una factura de 4,34 millones de euros.