Un CDR procesado por terrorismo se retracta y denuncia que fue coaccionado por la Guardia Civil

Jordi Ros, uno de los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por organización terrorista, se ha retractado de la declaración que prestó tras ser detenido en 2019, en la que confesó haber probado explosivos y añadió que no quería “hacer daño a personas”. Según ha explicado, esta declaración se produjo por coacciones de la Guardia Civil.

Ros ha comparecido por videoconferencia este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le ha comunicado su procesamiento. Ha sido el único de los 13 CDR procesados que ha declarado ante el magistrado. En una breve intervención, se ha limitado a retractarse de su primera comparecencia y a asegurar que su confesión se produjo “bajo presiones y coacciones” de agentes de la Guardia Civil, según ha explicado su abogado, Xavier Monge.

En una confusa declaración tras su detención, Ros aseguró que solo buscaba “experimentar” con las sustancias para fabricar explosivos, y explicó que pidió al “grupo” no contemplar ningún ataque contra ninguna torre eléctrica por sus consecuencias “nefastas”. “Estuve parándolo porque podía implicar vidas humanas”, alegó en septiembre de 2019.

Ros había ratificado previamente y ante los agentes que lo detuvieron las investigaciones del Servicio de Información de la Guardia Civil referentes a la adquisición y prueba de artefactos explosivos por parte del grupo de CDR detenidos. Entonces confesó haber elaborado y probado bombas, aunque añadió que no pretendía “hacer daño a personas”.

El procesado ya había denunciado coacciones ante un juez de Sabadell (Barcelona), el municipio en que fue detenido Ros y se registró su vivienda. El magistrado rechazó investigarlas al considerar que las coacciones, siempre según la denuncia de Ros, se habrían producido en los cuarteles de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid), y por lo tanto fuera de su ámbito de competencia. La defensa ha recurrido la negativa del juez ante la Audiencia de Barcelona.

En cambio el juez de Sabadell sí investiga si la Guardia Civil impidió que un abogado asistiera a Ros durante el registro de su domicilio. Por ello ha pedido ha pedido al Instituto Armado que identifique a los agentes y oficiales que participaron en la detención y el registro de su domicilio para citarles como imputados.