El chantaje de la policía política de Rajoy por las cuentas de los Pujol en Andorra: “Nos vamos a cargar el banco”

A Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), le pareció extraño que un agregado de Interior de la Embajada española en el Principado tuviera tanta prisa por reunirse con él. Y puso en marcha la grabadora de su teléfono móvil. Su interlocutor, el inspector jefe de la Policía Celestino Barroso, no se anda con rodeos y le traslada “un mensaje de Madrid”: “El Banco de España se va a cargar el banco, y todo se puede paralizar, está en su mano pararlo. Desde mi punto de vista, hablar no cuesta nada”. Tras doce minutos de charla, Miquel y Barroso se emplazan a hablar por teléfono.

La grabación forma parte del sumario andorrano de la Operación Catalunya, que en España no se investiga, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Casi seis años de investigación han permitido a la jueza instructora trazar una cronología de las coacciones a responsables de la BPA por parte de miembros de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo de los agentes, según detalla la jueza en el auto por el que imputó al expresidente del Ejecutivo español, sería conseguir datos bancarios de la familia Pujol y de independentistas como Artur Mas y Oriol Junqueras.

Todo empezó en mayo de 2014. El primero en recibir la llamada de un agente español fue Higini Cierco, por entonces máximo accionista de la BPA. Al otro lado del teléfono, según su versión, está Celestino Barroso. El policía le pide una reunión de urgencia. Todo va tan rápido que ni sube al despacho. En un callejón de carga y descarga, Cierco asegura que Barroso le expone la necesidad de “ver a unas personas en Madrid o de lo contrario el banco morirá”, en referencia tanto a la BPA como a Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana.

La reacción de Cierco es instar a Barroso a que hable con el primer ejecutivo del banco, Joan Pau Miquel. Para ello lo envía en un coche del banco a la sede central de la entidad. Allí lo recibe Miquel, que graba la conversación –la única vez que lo ha hecho en su vida, recalca en su declaración judicial–. Barroso se presenta como inspector jefe de Policía “encargado de Interior” en Andorra, aunque matiza: “Esto no es una misión muy mía, pero bueno”.

Sus “interlocutores en Madrid”, lanza Barroso sin identificarlos, le han indicado que informe a los responsables de la BPA que el Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y que “se lo van a cargar”. Que se consume “el hachazo”, en palabras de Barroso, solo depende de los banqueros andorranos: “Todo se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, está en su mano pararlo. Qué se les va a pedir, no lo sé. Yo le he dicho a Higinio [Cierco], digo, hombre yo, particularmente desde mi punto de vista, hablar no cuesta nada”.

La respuesta de Miquel es aceptar una futura reunión, aunque Barroso no es capaz de detallar quién será su interlocutor. “Yo ahora transmitiré al que me ha mandado a mí y se lo diré, que estamos dispuestos a hablar [...] Transmito el mensaje y a partir de ahí se dialoga”.

El mismo día de los encuentros de Barroso con Miquel y Cierco, el marido de la secretaria del consejo de administración de la BPA, Roser Castellón, está tomando un café en una terraza de Andorra la Vella con un funcionario de la embajada española. Al funcionario lo llama Bonifacio Díez, el antecesor de Barroso en el puesto de Interior en la embajada, que pide hablar con Castellón.

La secretaria del consejo de la BPA baja a la cafetería, y vuelve a sonar el teléfono del trabajador de la embajada. Entonces “Boni”, como conocen al policía, le aconseja que Miquel “colabore” con unas “personas de Madrid” o, de lo contrario, “las cosas no irían bien”. Y terminó la conversación, de la que Castellón dio cuenta inmediatamente a Miquel en la sede del banco, justo antes de que el entonces consejero delegado de la BPA recibiera a Barroso en su despacho.

Pese a ser los primeros imputados del caso, la Justicia andorrana no ha podido tomar declaración ni a Barroso ni a Díez al haberse encontrado con el blindaje de la inmunidad diplomática de los agentes. México respondió a la comisión rogatoria andorrana en 2018 que Díaz era el agregado de Interior en la embajada española en el país, y por lo tanto no se le podía tomar declaración. La jueza ha reiterado la petición de imputación a Díez en las comisiones rogatorias del pasado mes de mayo contra Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.

Por su lado, la inmunidad diplomática de Barroso se extiende tras abandonar su cargo en Andorra en 2017. Tal y como adelantó elDiario.es, el Gobierno respondió al diputado del PDeCAT Sergi Miquel que, en base a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la inmunidad de Barroso “no cesa respecto a actos realizados en ejercicio de sus funciones como miembro de la misión” diplomática española en el Principado, aunque el inspector ya no ejerza como tal.

Mayo en Andorra, junio en Madrid

Un mes después de los encuentros en Andorra, Miquel acude a Madrid y se reúne en tres ocasiones con el por entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, otro de los integrantes de la brigada política del PP. Que existieron las reuniones es lo único en lo que ambos interlocutores están de acuerdo. En su contenido, las versiones son opuestas.

Por SMS, Barroso le comunica a Miquel que un tal Félix Rodríguez le esperará en un hotel “en representación del Estado Español”. Félix resultó ser Martín Blas. En la primera reunión, según Miquel, Martín Blas “fue muy cordial y a la vez intrusivo”, dándole a entender que conocía al detalle la situación de BPA y Banco Madrid. “Me decía que hablaba con los americanos, con la embajada y con sus amigos policías de la embajada de Estados Unidos. Él fue calentando el diálogo, poniéndonos en situación de debilidad porque parecía que él controlaba el Sepblac [Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España] y los americanos”, relató Miquel a la jueza.

A renglón seguido, según la versión de Miquel, Martín Blas se levantó y dijo: “Mira, dejémonos de rodeos, yo lo que quiero es esto”, y le dio un diario abierto con una hoja escrita a mano que se podía leer: “El Estado español está en guerra , luchamos contra el nacionalismo y queremos todo tipo de información que usted tenga en relación a Mas, Junqueras y Puigdemont”.

“¿Lo has entendido? Sí, pues ahora continuemos hablando”, apostilló el policía, según Miquel, quien aseguró no tener esa información. “Él me insistía y me decía que yo le mentía, que se lo habían confirmado”, relató a la jueza cuando denunció las coacciones. Miquel no pudo guardar la hoja porque Martín Blas se quedó el periódico. Intentó dar largas al comisario para volverse a reunir, pero Martín Blas, aseguró el banquero, le insistía mucho por teléfono.

Como la inmunidad diplomática no afecta a Martín Blas, el excomisario de Asuntos Internos sí ha prestado declaración como imputado en la causa andorrana. Su versión sobre los encuentros es mucho más benevolente. Afirmó que acudió a las reuniones con Miquel por indicación del entonces director adjunto operativo de la Policía y jefe de la brigada política, Eugenio Pino –condenado en el caso del pendrive de los Pujol– ya que, según le trasladó, el banquero tenía información. “Pero el señor me dijo que no tenía nada, así que me fui”, alegó.

En el relato del excomisario de Asuntos Internos, la actitud de Miquel cambió tras compartir mesa y mantel Martín Blas, Pino y Cierco en una boda, invitados por una amigo común, el abogado José María Fuster Fabra. Dos días después del evento, relató el policía a la Justicia andorrana, Miquel lo llamó, volvieron a quedar en el hotel Villamagna y le dio medio folio de papel escrito “como a máquina antigua”.

La cuartilla contenía los nombres de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijas, además de unos saldos bancarios. Según su versión, era “un papel sin membrete, sin sello, sin nada”. “Me lo dio y se lo tenía que dar a Eugenio [Pino]”, agregó. Una vez entregado el papel, Miquel le pidió ayuda, según Martín Blas, por el expediente que el Banco de España había abierto a Banco Madrid, pero el policía afirmó que desoyó la solicitud.

La versión de Martín Blas coincide con la de Cierco. El exmáximo accionista de la BPA indicó a la jueza que fue Miquel quien entregó el 'pantallazo' con los saldos de las cuentas de los Pujol en Andorra que terminó en la portada del diario 'El Mundo' el 7 de julio de 2014, esto es, diez días después del último encuentro en el hotel Villamagna. Miquel evitó corroborar explícitamente ante la jueza que fue él quien entregó los datos bancarios de los Pujol. La familia del expresident tenía en el Principado 4,5 millones de euros, según su versión provenientes de la herencia del abuelo Florenci Pujol; según la Fiscalía, derivados de la corrupción.

En su declaración judicial, Miquel tuvo que enfrentarse a las preguntas de por qué tanto él como Cierco no denunciaron las coacciones inmediatamente después de producirse y tardaron varios meses. “Estábamos convencidos de que habíamos dado una solución satisfactoria a la presión, aunque después los hechos nos demostraron que no. Llegó el verano, el 'pantallazo' de El Mundo y las cosas se descontrolaron. Pues seguramente pensamos que no tenía más sentido darle publicidad a algo de difícil....”, aseveró el exejecutivo de la BPA.

La intervención de Banco Madrid y BPA

El “descontrol” referido por Miquel no tardó en llegar: el 10 de marzo de 2015, la autoridad financiera norteamericana alertó de que la BPA era sospechosa de blanquear dinero proveniente del crimen internacional. Menos de un año después la acusación se retiró por falta de pruebas, pero por entonces la entidad ya había sido intervenida por el Gobierno andorrano, Cierco estaba imputado y Miquel permanecía en prisión preventiva.

El Banco de España hizo lo propio con Banco de Madrid, propiedad al 100% de la BPA, después de recibir un informe del servicio contra el blanqueo de capitales que apreciaba “deficiencias significativas en el conocimiento de la titularidad real y del origen de los fondos de diversos clientes” de la entidad, si bien reconocía que Banco Madrid había cancelado “un número elevado de cuentas” para prevenir el lavado de dinero.

Miquel y Cierco, así como la acusación popular que ejercen el Institut de Drets Humans d'Andorra y los juristas de Dret, sospechan que la intervención nació del envío de información falsa por parte de autoridades españolas a las norteamericanas, y que la visita de Rajoy a Andorra en enero de 2015 –dos meses antes de la intervención– sirvió también para presionar a las autoridades del Principado. Por ello han pedido que declaren como testigos los exministros y el jefe de Gobierno andorranos que participaron en la reunión.

Rajoy no ha sido preguntado todavía en sede judicial, pero ante la comisión de investigación del Congreso sobre la policía política fue preguntado por la querella andorrana por el diputado de Junts Josep Pagès. El expresidente respondió tirando de ironía: “El argumento es que fuimos allí, a Andorra, a pedir información de determinados dirigentes políticos y parece que asustamos al Gobierno de Andorra. El Gobierno de Andorra lo ha desmentido y lo ha desmentido porque eso es falso de toda falsedad. ¿Usted se cree que si yo quiero amenazar a alguien –que no he amenazado a nadie nunca– primero paso públicamente por la Seo de Urgel [sic], me encuentro allí con el obispo y estoy con él, y luego me voy con tres ministros, mi jefe de gabinete, mi jefe de la Oficina Económica y tres o cuatro personas más a tener una reunión con el Gobierno de Andorra? Pero, en qué cabeza cabe esto”.

El sumario del caso no reporta ningún otro contacto entre banqueros y policías tras el último encuentro de junio de 2014. Un año después, la mujer del exdueño de la BPA envía mensajes a Martín Blas y a Barroso en los que suplica “que frenen y olviden”. No recibe respuesta.

La guerra de comisarios en el sumario andorrano

Para tener la fotografía completa de la investigación andorrana falta un personaje omnipresente en la crónica judicial de los últimos años: el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal imputado en las causas en España por el intento del PP de borrar las pruebas de su corrupción usando a la Policía, y enfrentado a exmiembros de la brigada política. En cambio, en Andorra Villarejo es testigo de cargo de los denunciantes de las coacciones, Cierco y Miquel.

En junio de 2016, un empleado del grupo Cierco recibió en su casa un sobre con seis documentos aportados al sumario. Dos de ellos son notas de contravigilancia que agentes de la Policía realizaron de dos de las reuniones entre Miquel y Bartín Blas. Los otros cuatro son “notas informativas” que el comisario ha dicho haber confeccionado. En ellas Villarejo atribuye toda la responsabilidad de los contactos con los Cierco a su enemigo Martín Blas, al que acusa de actuar “con total desprecio a la legalidad de Andorra”, además de no descartar que sea colaborador de otra de las antítesis del comisario, el CNI.

En su declaración como testigo del año 2019, Villarejo dijo “creer recordar” que la inspección de la filial española de la BPA, Banco Madrid, fue “una operación política para fastidiar un determinado partido político y su banco en beneficio de otro”. Martín Blas contraatacó con una petición de archivo del caso a la jueza andorrana en la que acusa a Villarejo de haber confeccionado las notas informativas a posteriori para señalarle dada su “enfermiza obsesión” contra él. La solicitud de archivo de Martín Blas no ha obtenido respuesta desde hace tres años.