Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Y se podrían dar una o varias vueltas al mundo antes de que el caso llegue a juicio. Las investigaciones sobre las cargas con las que la Policía y la Guardia Civil intentaron impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017 están, en el mejor de los casos, todavía en fase de instrucción. Otras ya se han archivado. Resultado: cinco años después del 1-O, no hay ningún policía condenado por lesionar a votantes. Sí han sido condenados dos votantes por agresiones a uniformados.
Para los heridos en las puertas de decenas de centros de votación la tardanza en sentar a los policías en el banquillo aumenta la sensación de injusticia. “Hay un poco de decepción con el funcionamiento de la Justicia porque las víctimas ven que ha pasado mucho tiempo y el juicio no llega”, reflexiona el letrado Albert Carreras, portavoz de Abogados Voluntarios por el Derecho de Defensa en la causa de Girona, que cuenta con 27 agentes al borde del banquillo.
La causa en Catalunya que acumula más agentes investigados hasta ahora –una cuarentena, según fuentes judiciales, aunque el número de procesados se reducirá– es la del juzgado de instrucción 7 de Barcelona. La instrucción del caso lleva prácticamente terminada desde hace más de un año, pero el juez Franciso Miralles todavía no ha enviado a juicio al grueso de agentes que lesionaron a votantes.
La razón estriba en los sucesivos recursos que tanto acusaciones de heridos como defensas de antidisturbios han interpuesto contra decisiones del instructor y que debe resolver la Audiencia de Barcelona. En el caso de los heridos y de las acusaciones populares que ejercen Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), quieren que se impute a 26 agentes más. Los once últimos agentes que el juez sí aceptó imputar no se reconocieron en los vídeos el pasado mes de mayo.
“En los próximos meses la causa ya estará preparada para ir a juicio”, anticipa Anaïs Franquesa, letrada de una decena de heridos y que, junto a Òmnium y la ANC, también ejerce la acusación popular del caso en representación del centro Irídia para la defensa de los Derechos Humanos.
A la espera de la decisión del juez que ponga final a la instrucción, el instructor ya procesó a un policía por reventar el ojo con una bala de goma a Roger Español, al que también sentó en el banquillo por haber lanzado una valla a los agentes antes de la lesión. Esta causa se juzgará por separado del resto de cargas en las escuelas al ser un procedimiento sumario en el que el agente se expone a penas más altas.
Tanto los letrados de las acusaciones populares como de los votantes heridos coinciden en lamentar el papel de la Fiscalía en esta causa. “Hemos remado solos, la Fiscalía ha ejercido de defensa de los agentes”, señalan fuentes jurídicas barcelonesas. “No ha habido interés por parte de la Fiscalía ni del juzgado, ha sido la Audiencia de Girona a instancias de los heridos quien les ha obligado a investigar”, apostilla Carreras desde Girona.
En Barcelona, la Fiscalía llegó a pedir el archivo del caso salvo para seis agentes, pero tanto el juez como la Audiencia lo rechazaron. En base a la sentencia del procés del Tribunal Supremo, los fiscales concluyeron que el uso de la fuerza policial fue “consecuencia de la actitud subversiva” de algunos votantes. Esa es la línea de defensa de todos los agentes investigados: alegar que actuaron en cumplimiento de la orden judicial para impedir el 1-O (lo que, a su juicio, es una eximente) y en respuesta a agresiones de votantes.
En Girona, el Ministerio Público no ha llegado tan lejos y se ha limitado a reclamar que se confirme el auto de la jueza que acordó enviar a juicio a 27 agentes pero de forma separada por cada colegio, esto es, sin un juicio conjunto que sí quieren las acusaciones de los heridos. “Hubo unidad de acción y dirección, y la causa debe resolverse en un único juicio”, argumenta Carreras. La Audiencia de Girona decidirá en las próximas semanas.
Sin orden directa, según los policías
En ambas causas, las que acumulan más agentes investigados, los cinco años de investigación no han podido determinar que hubiera una orden directa del Ministerio del Interior, entonces en manos del PP, para actuar con violencia en los colegios. Por este motivo las imputaciones se han quedado en los mandos que actuaron sobre el terreno, pero no se han hallado indicios contra los máximos responsables policiales ni los cargos políticos.
Pese a los intentos de las acusaciones de los heridos, ni los agentes investigados ni los mandos policiales y políticos que han testificado han permitido saber cuándo se decidió actuar en los colegios o por qué las cargas cesaron al mediodía. “Nunca se dijo 'intervención ya'”, dijo gráficamente el entonces secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, en su declaración como testigo.
Los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del dispositivo en 2017, Diego Pérez de los Cobos, han descargado la responsabilidad última de las cargas a los ocho inspectores jefe de los antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados “jefes de unidad de intervención”. Todos ellos están investigados.
A lo largo de toda la investigación, el Ministerio del Interior, tanto con el Gobierno del PP como con el del PSOE, ha insistido en que desde el centro de control de la Delegación del Gobierno, donde estaban Pérez de los Cobos, y el resto de mandos policiales, no se dieron órdenes a la Policía para que cargara el 1-O. Tampoco le consta a Interior que exista registro de comunicaciones orales o escritas desde el centro de mando que pilotaba Pérez de los Cobos hacia los agentes. Todo lo decidieron, según el Ministerio, los ocho inspectores jefe investigados en base a la instrucción genérica que dictó Nieto dos días antes de la votación.