En el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) que debía enviarse al Consejo de Ministros aparecen dos cifras marcadas en rojo: los 364,96 millones de euros en total presupuestados a lo largo de los próximos cinco años y la inversión global de 1.704 proyectada para los próximos 10 años. Esta es la cifra multimillonaria que el Ministerio de Transportes paralizó este miércoles y que ha generado un choque de consecuencias imprevisibles entre el Gobierno y la Generalitat. 364,96 millones que formaban parte del acuerdo inicial entre los dos gobiernos y que sí aparecían en el borrador elaborado por Aena dado a conocer el viernes pasado en el Comité de Coordinación Aeroportuaria catalán. Pero, tras eso, en los siguientes cinco días el acuerdo saltó por los aires y los millones se esfumaron.
El pacto entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, se cerró el día 2 de agosto. Estuvo precedido de un intenso trabajo entre ambas partes. El equipo de Puigneró no solo había hablado largo y tendido con el Ministerio, también había consensuado la posición dentro del Govern. Pero, por ese lado, las cosas no habían comenzado con buen pie. El día 27 de julio, tras la sesión semanal del Ejecutivo catalán, el president Aragonès convocó una reunión sobre El Prat con Puigneró y la consellera de Acción por el Clima, Teresa Jordà, a la que el vicepresident no asistió aduciendo otro compromiso. La sorpresa fue máxima cuando al día siguiente aparecieron publicadas las famosas fotos de la paella de la periodista Pilar Rahola en el sur de Francia, y a la que asistió Puigneró junto a otras 20 personas.
Más allá de esta primera anécdota, fuentes del Govern aseguran que Aragonès y Puigneró acabaron unificando la posición de la Generalitat, que es la que el vicepresident lleva el lunes 2 de agosto a la reunión con la ministra Sánchez. De aquel encuentro sale un acuerdo verbal que no se plasma en ningún documento físico más allá de las notas de prensa que envían ambas partes. Las líneas básicas compartidas en aquel compromiso de palabra eran tres: en primer lugar, una inversión de 1.700 millones en diez años, de los cuales 364,96 se introducirían en el DORA para los próximos cinco. Con esta inversión se alargaría la tercera pista y se construiría una terminal satélite, entre otras obras. El segundo acuerdo era sobre la conexión por alta velocidad entre los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus. En tercer lugar, que la afectación medioambiental a La Ricarda fuese “mínima” y que se definiesen en el nuevo plan director, que debía contar con el aval europeo en materia de biodiversidad.
Este “aval europeo” en realidad no era un acuerdo sino un requisito que ambas partes debían cumplir en todo caso. La Ricarda es una zona protegida por la UE dentro de su Red Natura 2000, lo cual obliga, entre otras cosas, a que la Comisión dé su opinión cada vez que hay afectaciones. Y la zona, al menos en la idea inicial, se tocaba. Aena tenía previsto alargar la tercera pista cerca de medio kilómetro por encima del parque natural, aunque tras las quejas del Govern, ayuntamientos y grupos ecologistas, había dejado de hacer explícita esta afectación. De hecho, el mayor riesgo del proyecto siempre fue no obtener el aval europeo, pues la Comisión ya había lanzado varios avisos a España por anteriores obras en la zona que no habían sido convenientemente compensadas y veía con malos ojos volver a tocar el espacio protegido.
El DORA confirma que se daña La Ricarda
Con este acuerdo verbal entre Gobierno y Generalitat transcurre el periodo estival. Pero el tiempo apremia. La ley da al Gobierno hasta el día 30 de septiembre para aprobar el DORA quinquenal y, antes de que este llegue al Consejo de Ministros, debe ser presentado ante los comités de coordinación aeroportuaria autonómicos. Así se hace el pasado viernes ante el comité catalán en el que participan no solo ambos gobiernos y Aena sino también los ayuntamientos implicados.
En el documento que se analiza ese día aparecen varias de las cuestiones apalabradas, como una mención a los 1.704 millones para Barcelona y también consta que todas las modificaciones están sujetas al plan director y, en última instancia, al aval europeo. Pero el texto, como avanzó elDiario.es, incluye también el reconocimiento de que la previsión de Aena es alargar la tercera pista y tocar la Ricarda. “La ampliación del campo de vuelo, y concretamente de la pista 07R/25L, y sus rodaduras asociadas hacia el Este, manteniendo el umbral para aterrizajes en la ubicación actual, afectaría a la zona de la Red Natura 2000”, reza el texto del DORA.
Tras conocerse esta frase, los teléfonos comienzan a echar humo. El equipo de Puigneró se pone en contacto con Presidència para advertirles de que esto aparece escrito, pero les piden calma y quitan hierro al asunto. “No os pongáis nerviosos”, les dicen, “el DORA refleja exactamente el acuerdo que se cerró”.
La interpretación más extendida en la Generalitat es que el Ministerio de Transportes tiene su propia guerra interna en el seno del Consejo de Ministros con Unidas Podemos, que han sido beligerantes contra el proyecto de El Prat. Según esta idea, Aena busca que el Gobierno avale ya su plan, incluyendo la extensión de la pista. Fuentes del Govern aseguran, además, que, siendo una cuestión que el propio DORA reconoce que debe definirse en el plan director, Aena podría haberse ahorrado tanto la frase como el dibujo del plano. Pese a esto, la Vicepresidencia del Govern transmite calma a los medios y asegura que se recoge de forma correcta el acuerdo alcanzado con el Ministerio.
Pero en la Presidència del Govern no lo ven igual. Consideran que el Consejo de Ministros está a punto de aprobar un documento que prevé edificar sobre un espacio natural protegido. En ERC hay presión tanto de las bases del partido como de los cargos de la zona, además de voces de su órbita muy significadas contra la ampliación, como el exdiputado Joan Tardà. Hacia las 18 horas del viernes la cuenta de Pere Aragonès publica dos tuits. “El DORA de Aena que se ha hecho público hoy no refleja el consenso establecido en el seno del Govern: asegurar la inversión sin dar nada por cerrado y definir los próximos pasos con un amplio acuerdo de todas las administraciones”, dice. “Exigimos explicaciones y la rectificación de un DORA que daña la zona protegida de la Ricarda. Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable”, escribe en el segundo mensaje.
El Govern trata de unificar las posiciones
Al día siguiente de que se conozca el documento, el Govern tiene fijada una jornada de trabajo en la comarca de la Garrotxa a la que asisten todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Es allí donde analizan sus diferencias y donde tratan de salir con una posición cohesionada. Puigneró está molesto con el president, como él mismo explicará días después, por los tuits del viernes. Se lo traslada y le manifiesta su opinión de que el acuerdo alcanzado con Aena es un buen acuerdo, que el DORA tiene aspectos positivos para sus intereses y que no les cierra ninguna puerta.
Ambas partes, la de ERC y la de Junts, ponen de manifiesto que consideran que el Ministerio no tiene intención de buscar alternativas a construir sobre La Ricarda y que está haciendo una maniobra política para acabar imponiendo su modelo de alargamiento de pistas. Y, además, según entienden ambos socios, Aena exige que la Generalitat se ligue acríticamente al proyecto o, de lo contrario, la culpará de rechazar la inversión. Un “entre la espada y la pared”, a juicio de uno de los miembros del Govern, del que debían saber desenredarse.
Este es el diagnóstico que ambas partes comparten. Pero, a partir de aquí, las prioridades no son las mismas. Para la mitad del Govern de ERC es importante que quede claro que la Generalitat no avala ni avalará una afectación medioambiental que dañe la laguna y su entorno. Aducen las razones europeas y la oposición existente en el territorio, también y de forma destacada de algunas bases de sus socios. Junts en cambio prefiere dejar la cuestión medioambiental para más adelante porque asegura que quedará blindada en el plan director. Para Puigneró y los suyos lo más importante es evitar a toda costa dar argumentos al Ministerio para retirar la inversión que, aseguran, el Gobierno de Sánchez no quiere hacer y que sí va a impulsar en Barajas.
Finalmente logran una síntesis de ambas posturas, con un mensaje muy medido que la portavoz del Govern traslada en rueda de prensa desde la Garrotxa: “La reforma se hará en los términos y condiciones que se pacten en el plan director, pero no se avalará ninguna propuesta que destroce la laguna de La Ricarda”, dice Patricia Plaja. Finalmente el grito de guerra acaba siendo “la laguna no se toca”, un resumen que pone el acento en preservar estrictamente la zona del acuífero pero que deja abierto a interpretaciones si se puede construir o no en la zona protegida de las inmediaciones. En la práctica, con la promesa de mantener “la laguna”, la Generalitat marcaba un límite máximo de 250 metros de pista, de los 500 que planteaba Aena.
Con este consenso el Govern inicia una semana en la que no se esperan turbulencias y centrada en la reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno central de la semana que viene. El sábado 11 de septiembre es la manifestación de la Diada, que centra buena parte de la atención del Ejecutivo catalán. Con todo, el lunes durante la rueda de prensa semanal que ofrece ERC, la portavoz de la formación, Marta Vilalta, anuncia que el partido se sumará a la movilización convocada por movimientos ecologistas contra la ampliación de El Prat el próximo 19 de septiembre. “No descartamos que miembros del Govern participen en la manifestación”, añadió Vilalta, dando pie a especulaciones sobre si acudiría la consellera Jordà, una de las voces más críticas con el proyecto, o incluso el president Aragonès.
El Govern volvió a reunirse este martes en sesión ordinaria y su posición sobre El Prat, expresada de nuevo en la rueda de prensa de la portavoz del Ejecutivo no fue muy diferente de la ya expuesta durante el fin de semana. Ante la pregunta de si algunos de los miembros del Govern podrían acudir a la manifestación de día 19, Plaja no lo descartó pero tampoco aclaró nada en concreto.
El mismo martes ocurrió otro hecho de relevancia para el proyecto cuando la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, anunció que acudiría a La Ricarda el jueves, junto a Ada Colau y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. La presencia de Díaz en la zona debía situar finalmente a su partido en la oposición a los planes aeroportuarios, al tiempo que representaba de forma abierta que en el Gobierno convivían dos posturas enfrentadas al respecto. Entre el viernes y el martes Aena había constatado la existencia de sectores que rechazaban su proyecto en los tres niveles a la vez, municipal, autonómico y estatal.
Transportes anuncia que suspende la inversión
“Es imposible llevar a buen término un proyecto de esta envergadura sin un apoyo nítido y decidido de la Generalitat”, pronunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el miércoles por la tarde en una comparecencia de urgencia desde Barcelona. La máxima responsable del proyecto daba así por finiquitada la inversión millonaria para los próximos cinco años. “Confieso que las declaraciones públicas tanto del president el pasado viernes como las de su portavoz estos días nos ha sorprendido muchísimo. Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público el acuerdo consideramos que pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta”, subrayaba la ministra, quien hace solo un mes era alcaldesa de Gavà, una de las localidades más cercanas al aeropuerto.
En el Ministerio aludieron de forma clara a dos hechos: los mensajes en Twitter de Aragonès y las declaraciones que abrían la posibilidad de que consellers de ERC participasen en la manifestación. “Es suficiente para comprobar que la Generalitat no está involucrada en este proyecto y va a utilizarlo para desgastar al Gobierno. Y si no es así, que lo demuestren”, aseguraba una voz socialista poco después de la rueda de prensa de Sánchez. “Es ridículo, si de verdad te crees la inversión no la retiras por dos tuits y unas declaraciones. Y si lo que te molesta es la manifestación, como mínimo te esperas a que se celebre”, apuntaba en sentido contrario una fuente del Govern.
Unos minutos antes de la rueda de prensa, la ministra se había puesto en contacto con Jordi Puigneró, que se encontraba en Bélgica para participar en una reunión de su partido. El vicepresident, cuando conoce las intenciones de Sánchez, anuncia que responderá a su comparecencia pero previamente se telefonea con Aragonès. En Presidència ya se habían enterado de qué diría la ministra Sánchez porque lo habían leído en La Vanguardia, que lo había avanzado. Ambos están perplejos.
La comparecencia sorprendió al Govern por su contenido pero también por su urgencia. Aunque no sobra el tiempo porque la fecha del 30 de septiembre es el límite, el Ministerio no tenía obligación de tomar decisiones firmes este jueves, ni siquiera esta semana. Esta falta de comprensión por parte de la Generalitat de las razones profundas en el Ministerio ha hecho circular todo tipo de teorías. Entre las esgrimidas tanto por Aragonès como por Puigneró, la idea de que es una última maniobra de presión antes de la aprobación definitiva del DORA el próximo 30 de septiembre. En la Generalitat se muestran dispuestos a reconducir la situación, pero afirman, sobre todo desde la parte de ERC, que la exigencia de no afectar a la laguna de La Ricarda es una condición irrenunciable. A la vez separan esta cuestión de la mesa de diálogo, a la que aseguran que irán “con más fuerza” y también de la estabilidad del Gobierno en el Congreso, incluyendo la negociación de los próximos presupuestos.