La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha enfrentado este viernes con el conseller de Interior, Miquel Buch, por la actuación de los Mossos en un desahucio en Barcelona que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las subidas del alquiler en la ciudad.
Los antidisturbios de los Mossos han desahuciado esta mañana a Lívia y Juan, un matrimonio con tres hijos, uno de ellos todavía menor de edad. Ambos son originarios de Perú, de donde llegaron hace 18 años. Los agentes se han encontrado con la resistencia de decenas de activistas, que habían acudido para intentar paralizar el lanzamiento en lo que suponía el tercer intento de la comitiva judicial de llevar a cabo el desahucio.
Ha habido un detenido y varias atendidos por el Servicio de Emergencias Médicas tras varias cargas de los agentes durante la operación, que ha tenido momentos de mucha tensión y ha durado más de cuatro horas.
“Es incomprensible e intolerable este despliegue policial. Hemos llamado a Interior para que pare inmediatamente la intervención”, ha señalado la alcaldesa de Barcelona a través de su cuenta de Twitter. Colau ha recordado que el Ayuntamiento le ha asignado un piso a la familia, al que podrán acceder a partir del 15 de enero, y que tanto los juzgados como la Generalitat estaban al corriente de ello.
Desde la Conselleria de Interior han respondido a la alcaldesa que “no es justo” pedirle responsabilidades a los Mossos y han insistido en que los agentes cumplían una orden judicial. Desde el mismo departamento han asegurado que el Govern ha intentado durante los últimos días evitar el desahucio pero el juez lo ha ordenado de todas maneras.
La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, se ha sumado a la demanda de Colau y ha exigido a Buch que “retiren el dispositivo absolutamente desproporcionado de Mossos que está poniendo en riesgo la integridad de la familia y de las personas que están acompañando este desahucio”, en declaraciones recogidas por la agencia ACN.
La familia lleva más de 12 años en su piso actual, situado en el barrio de Gràcia y cuyo primer contrato de alquiler era de cinco años a razón de 1.100 euros mensuales. Durante la crisis consiguieron rebajarlo a 1.000 euros. El contrato, sin embargo, terminó el octubre del año pasado y para renovarlo la arrendadora del piso pedía un aumento del 30%.
Los afectados estuvieron realizando durante nueve meses una huelga parcial de alquiler, una práctica que según el Sindicat de Llogaters consiste en seguir abonando la cantidad acordada en el contrato anterior a pesar de que haya terminado, como una muestra de voluntad a pagar. Sin embargo, ante la negativa de la propietaria a negociar un nuevo acuerdo, la familia decidió aplicar la huelga total de alquiler y dejar de pagar.
Un símbolo contra la subida de los alquileres
Para muchos, el caso de este piso en Gràcia se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la subida de los alquileres en Barcelona. A raíz de las movilizaciones para pararlo, tanto el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, como otro activista del barrio de Gràcia y los dos arrendatarios han sido imputados por coacciones a la propietaria, que tiene ocho inmuebles en la ciudad.
“El caso se ha convertido en un referente que ha animado a muchos más inquilinos a llevar a cabo la desobediencia contra esta ley injusta de arrendamientos”, aseguraba Palomera la semana pasada, durante el segundo intento de desahucio. “La mayoría de conflictos los tenemos con propietarios que tienen cinco o más inmuebles”, añadía el portavoz.
La polémica de este desahucio no se limita a la imputación por coacción de cuatro personas. La noche anterior al primer lanzamiento, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, publicó un vídeo en el que, citándola con nombre y apellido, pedía a la propietaria -que trabaja en la Diputación de Barcelona y es propietaria de ocho inmuebles- que negociara una solución para esta familia. Otros dirigentes de Unidas Podemos se sumaron a la reclamación.