El Ayuntamiento de Barcelona se enteró el pasado 7 de noviembre que la Generalitat iba a retirar 2,9 millones de euros de los 9,1 que aporta al Consorcio de Vivienda de la ciudad, integrada por ambas administraciones. El ajuste, que corresponde a una orden dirigida a todas las empresas públicas para cumplir con el objetivo del déficit, ha chocado sin embargo con la negativa del consistorio, cuya alcaldesa, Ada Colau, la ha considerado “indignante” y ha pedido rectificación.
El recorte, adelantado por El Periódico y confirmado por este diario, supondría el 30% de lo que aporta la Generalitat al Consorcio, una cuantía que ya antes del ajuste viene siendo motivo de polémica entre ambas instituciones. El Ayuntamiento, con un 40% de representación en el ente público por un 60% de la Generalitat, ha financiado 27 de los 35 millones de euros de su presupuesto en lo que va de 2018. Se trata de partidas que sirven sobre todo para ayudas al alquiler y la rehabilitación de pisos.
Fue el secretario general del Departamento de Territorio, Ferran Falcó, el que comunicó al gerente del Consorcio, Javier Burón, la propuesta de retirar los 2,9 millones de lo comprometido para este curso. Lo hizo de acuerdo con la orden del vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, de ajustes en todas las entidades del sector público, un cierre de cajas dos meses antes de acabar el ejercicio para cumplir con el objetivo del déficit del 0,4%.
Esta orden, sin embargo, cuenta con excepciones para el gasto social, como las partidas de salud, educación o ayudas a familias, así como las nóminas. Esto no se tuvo en cuenta en el caso de estas aportaciones a vivienda, pero tras las quejas desde el Ayuntamiento, fuentes de Territorio aseguran que están negociando con Economía para aplicar la misma excepcionalidad a los 2,9 millones.
De todos modos, el gerente del Consorcio, que ocupa el mismo cargo en Vivienda del Ayuntamiento, contestó a la carta de la Generalitat alegando que no se puede llevar a cabo el recorte sobre las aportaciones ya comprometidas. Añade por consiguiente que de los 36,5 millones de presupuesto, solo se puede aplicar el ajuste sobre 600.000 euros de ayudas al alquiler de la Agencia de la Vivienda de Catalunya.
La disputa política entre administraciones se produce un mes y medio después de que Quim Torra y Ada Colau se reunieran en la Junta del Consorcio para pactar una inversión de 30 millones cada uno en vivienda para la capital catalana (aunque vehiculados al margen del ente público). Del aquel encuentro, Colau salió satisfecha por el incremento propuesto por la Generalitat, aunque recordó que todavía quedaba lejos de la aportación que le correspondía.