El plan de Colau para destinar un 30% de vivienda a uso social supera el plenario y queda pendiente del 'sí' del Govern
El plan del Gobierno de Ada Colau para destinar el 30% de las nuevas viviendas a uso social ha pasado este viernes su último trámite en el Ayuntamiento de Barcelona. El plenario municipal, con los votos de BComú, PSC, ERC, PDeCAT y CUP, ha dado el visto bueno a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que ha de permitir forzar a las nuevas promociones inmobiliarias a reservar uno de cada tres pisos a protección oficial o alquiler social. Ahora sólo falta su validación por parte de la Generalitat, necesaria para planes de urbanismo de este tipo.
El resultado de la votación ha sido aplaudido por las entidades sociales, como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, que introdujeron esta medida en el debate municipal con una moción en febrero. Más de medio año después, la propuesta ha conseguido el aval del plenario en una jornada que la teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, ha querido calificar de “histórica”. Según sus cálculos, ahora la ciudad ganará entre 300 y 400 pisos a precio asequible cada año.
Pero como cualquier otra modificación del PGM, esta debe superar un último escollo, la Subcomisión de Urbanismo que integran el Ayuntamiento y la conselleria de Territorio y Sostenibilidad. Esta última dispone de mayoría en el órgano, y aunque algunas de sus actuaciones suelen considerarse un trámite, el conseller Damià Calvet mostró algunas reticencias al plan. Afirmó que su estudio merecería “seguramente” más de una reunión, lo que podría alargar algunos meses su entrada en vigor.
Si finalmente se valida, las inmobiliarias deberán reservar el 30% de la vivienda para uso protegido en todas aquellas promociones de más de 600 metros cuadrados, las rehabilitaciones integrales o los cambios de uso de los edificios. En la última década se han creado en Barcelona alrededor de 1.000 viviendas nuevas al año teniendo en cuenta estas tres opciones. Quedarán exentas de esta 'cuota social' las promociones que hayan tramitado la licencia antes de la aprobación de la medida.
Este proyecto, que irrita a las inmobiliarias tanto como gusta a las plataformas por el derecho a la vivienda, supone además un impulso a la política de favorecimiento de pisos asequibles en Barcelona, uno de los objetivos de Ada Colau para su mandato. que se ha visto marcado por la subida de los precios del alquiler. Su gobierno tiene previsto acabar el mandato con 1.500 nuevas unidades en el parque público. El porcentaje de vivienda pública en la ciudad no llega a día de hoy al 2%.
