“Muy bien, salgo muy tranquila y contenta”. Así se ha expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras negar ante el juez que influyera e incluso que siquiera interviniera en la tramitación de subvenciones a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La declaración judicial de la alcaldesa ha durado casi una hora.
Colau ha tenido que declarar este viernes como investigada a raíz de la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), una entidad, que al contrario de lo que proclama, se caracteriza por su opacidad y cuya actividad conocida es en denunciar los intentos de municipalizar el agua en Barcelona y Valladolid. Cuando se conoció la querella contra la alcaldesa, un dirigente de la plataforma aseguró a elDiario.es que la ACDT convocaría a los medios este viernes en el juzgado, pero no ha sido así.
La alcaldesa ha entrado a la Ciudad de la Justicia por la entrada que está en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat en vez de por la puerta ubicada en Barcelona. Según fuentes presentes en la declaración, el fiscal ha llevado el peso del interrogatorio, basado en las pesquisas sobre las mismas subvenciones que el Ministerio Público ya archivó. Colau también ha respondido a su defensa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, pero no a la acusación de la ATCD.
Buena parte de la declaración ha sido muy técnica. Colau ha explicado el circuito por el que las entidades sociales reciben las subvenciones, consistente en una fiscalización de los proyectos previa a la aprobación de las ayudas y en una posterior informe de la intervención municipal una vez concedidas. En el primer tramo, ha alegado Colau, no interviene la alcaldía, porque la competencia para recibir los proyectos está otorgada a las distintas concejalías y áreas municipales.
Su única intervención, ha mantenido Colau ante el instructor, se limita a la aprobación de las subvenciones en la reunión de la Comisión de Gobierno municipal. El visto bueno a los expedientes es casi automático ya que contaban con todos los informes positivos de fiscalización previos. Además la alcaldesa ha recordado que después de que la intervención lo recomendara, el gobierno municipal pasó de conceder las subvenciones de forma directa a incluirlas de forma nominativa en el presupuesto.
En suma, Colau ha defendido que no hubo irregularidades en la concesión de las ayudas y que tampoco tenía “interés personal” en concederlas a las entidades sociales, aunque fueran cercanas ideológicamente a los comuns. En primer lugar, según han explicado fuentes presentes en la declaración, porque la PAH empezó a recibir ayudas directas bajo el mandato del convergente Xavier Trias. Y también porque las subvenciones respondían a un interés público al llevar a cabo las entidades acciones en defensa de colectivos vulnerables.
En el partido de Colau se muestran convencidos de que el caso terminará archivado habida cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción ya descartó en julio que las subvenciones fueran delictivas. De hecho fuentes fiscales han manifestado este viernes que han constatado que la investigación judicial y las pesquisas abiertas y archivadas por el Ministerio Público son casi idénticas, en línea con lo alegado con la defensa de la alcaldesa.
Como último pilar de su defensa, en su declaración Colau ha agregado que una vez conoció el archivo del fiscal (en el que consideró una posible infracción administrativa que no se hubiera abstenido en la votación de la Comisión de Gobierno) le consultó este extremo al secretario general del Ayuntamiento. La respuesta del máximo garante de la legalidad en el consistorio, ha dicho al juez la alcaldesa, fue que no había reparos legales en que participara en la votación.
Fuera de la Ciudad de la Justicia decenas de simpatizantes la han arropado con carteles contra Agbar y en favor del agua pública. Los comuns ven persecución política contra la alcaldesa y enmarcan la causa en los frentes judiciales que multinacionales y hoteleros han abierto contra el gobierno municipal y que de momento se han saldado con un pleno de victorias por parte de los concejales de Colau.
La alcaldesa también se ha manifestado en el mismo sentido tras su declaración en una rueda de prensa desde el Ayuntamiento. “Las querellas no son un hecho aislado sino que, oh que casualidad, vienen del sector inmobiliario especulativo o del agua. Pues bien seguiremos combatiendo la especulación y reivindicaremos el bien común. No nos dan miedo y nos reafirman en nuestros objetivos”, ha aseverado.
La alcaldesa no ha renunciado a expresar un alegato político y lo ha hecho fuera de la sala de interrogatorios. “Las querellas quieren erosionarme no solo a mí o al gobierno municipal sino a las entidades sociales”, ha denunciado Colau, que también ha criticado la “mala fe” de la ATCD por calcar ante el juzgado la denuncia archivada por el fiscal. “Es un orgullo ser una alcaldesa que antes había sido fundadora de la PAH”, ha remachado Colau.
Con todo, a nadie se le escapa que la alcaldesa tiene interés en cerrar el caso cuanto antes, más cuando falta poco más de un año para las elecciones municipales. De ahí que Colau pidiera archivar el caso hace unas semanas, pese a que en un primer momento aseguró que la solicitud de archivo se haría posteriormente a su comparecencia como investigada, y que su defensa ya haya aportado al juzgado abundante documentación para fundamentar su exculpación.
El juez descartó el archivo sin antes oír como imputada a la alcaldesa, por lo que ahora, una vez celebrada la declaración de Colau, su defensa podría mover ficha y volver a pedir el archivo del caso. Previsiblemente la ACDT se oponga, ya que en su querella la entidad pedía que declararan como testigos varios concejales y exediles de los 'comuns', lo que le serviría para mantener durante meses abierta la causa y el foco judicial, político y mediático sobre la alcaldesa. La defensa volverá a pedir el archivo del caso en unas semanas para dejar tiempo al jueza a analizar toda la documentación.