Podemos, Colau, Oltra o Trias: el uso político de los tribunales antes del caso de la mujer de Pedro Sánchez

28 de octubre de 2014. A menos de dos semanas de la consulta soberanista del 9-N, la portada del diario El Mundo atribuye, informe policial mediante, una cuenta suiza al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. La noticia y la cuenta eran falsas, tal y como constataron primero el banco helvético UBS –en un inédito comunicado– y luego la Fiscalía Anticorrupción, que en menos de un mes archivó la denuncia de la Policía. Pero los titulares y la sombra de sospecha ya estaban sembrados.

Casi una década después, las causas judiciales con eco mediático para desprestigiar a rivales políticos ya no se emplean únicamente contra elementos periféricos del Estado como los independentistas catalanes o políticos a la izquierda del PSOE. Ahora ya alcanzan el Palacio de La Moncloa con la apertura de una investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia realizada a partir de titulares de prensa y bulos presentada por el sindicato de extrema derecha Manos Limpias.

Cada uno con sus particularidades –por ejemplo, no en todos los casos el desprestigio se urdió desde el Ministerio del Interior–, tanto las víctimas antiguas como las más recientes sí comparten rasgos comunes: ven aparecer información –a veces tergiversada– sobre ellos en la prensa, que luego se emplea para armar una querella o una denuncia en los tribunales, generalmente por parte de entidades rivales. Las causas terminan archivándose meses –o años– después, pero queda en los afectados un sentimiento de soledad e impotencia.

En el caso de Trias, tanto el entonces alcalde de Barcelona como su equipo desmintieron con contundencia y desde el minuto uno las piezas que El Mundo fue publicando sobre cuentas en el extranjero. Es más, el político se querelló contra el rotativo y los periodistas que firmaban las informaciones, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, quienes resultaron absueltos al concluir el juez que su fuente policial era “fiable” y que no tenían como objetivo injuriar al entonces alcalde.

Los movimientos para atacar a rivales no siempre se han limitado a políticos. Distintas unidades policiales hicieron llegar al despacho del ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy listas de objetivos que fueron más allá de los líderes soberanistas y alcanzaron a todo aquel que no siguiera la línea marcada por el PP, como un exfiscal superior catalán o el entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Podemos: ocho años de acusaciones sin pruebas 

Manos Limpias sí tuvo un papel relevante en la guerra sucia contra Podemos casi desde su irrupción en 2014. A finales de ese año, el pseudosindicato denunció en el Tribunal Supremo que Pablo Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros del partido blanqueaban dinero del chavismo. La denuncia, que no pasó el filtro de la Justicia, era una recopilación de recortes de prensa basados en documentos policiales. 

Esos informes apócrifos procedían de la factoría José Manuel Villarejo. El comisario lideraba un grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente al independentismo y que vieron en Podemos un nuevo enemigo a batir. Otra de sus maniobras fue el llamado informe PISA, que pretendía demostrar la financiación irregular a través de Venezuela e Irán y que fue publicado por Okdiario y El Confidencial. También fue rechazado por la Justicia. Esa misma brigada política filtró a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria. 

Pero el caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: una investigación sobre las cuentas de Podemos que se alargó durante tres años en un juzgado de Madrid, que llegó a tener una decena de piezas separadas, incluida una que pretendió indagar en si cargos públicos ejercieron como cuidadoras de los hijos de Iglesias e Irene Montero. Todo terminó en archivo. El caso, que llegó a ser comparado con la trama Gürtel, se inició tras una denuncia de un extrabajador que acabó admitiendo que se basaba en “rumores” y se nutrió de informes policiales dudosos. 

Victoria Rosell: acoso y derribo a la jueza de Podemos

El Supremo dictó en 2021 una de las pocas sentencias que describen un caso de 'lawfare' o guerra judicial con condena para el autor: el exjuez corrupto Salvador Alba y su conspiración para hundir a Victoria Rosell en 2015. La magistrada, entonces arrancando su carrera política con Podemos, fue víctima de una cacería judicial orquestada por Alba y tuvo que dejar todos los cargos y responsabilidades que ostentaba. Cuando todo fue archivado y la lupa de la Justicia se posó sobre Salvador Alba, hoy encarcelado, Rosell volvió a la política y ejerció como Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Colau: más de 10 querellas archivadas

Si bien no ha recibido ninguna querella de Manos Limpias, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también sabe lo que es soportar acciones legales de rivales políticos, empresas o incluso asociaciones fantasma por desacuerdos con su gestión. Dos veces tuvo que declarar como investigada durante su mandato. De las más de diez querellas que recibió Colau y su equipo, ninguna ha llegado a juicio.

En una de las últimas resoluciones de archivo de una de las querellas que recibió Colau, el pasado mes de diciembre, una jueza admitió por primera vez el uso político de la Justicia contra la exalcaldesa al señalar que el fondo buitre Vauras denunció a la líder de los comuns por “fines ajenos a los del procedimiento penal”. En concreto, porque “no le eran favorables las políticas de vivienda” impulsadas desde el Ayuntamiento. Para entonces, Colau ya había salido de la alcaldía.

Oltra: de dimitir a ser exculpada

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022. Tras la condena a su exmarido, educador en un centro dependiente de la Generalitat, a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada, el abogado de la víctima, el dirigente neofascista José Luis Roberto, consiguió abrir una segunda causa para investigar la gestión de la conselleria de Igualdad, que dirigía Oltra, de los abusos sexuales.

En esta causa se sumaron Vox y la asociación Gobierna-te, en manos de la ultra Cristina Seguí, como acusaciones populares. El juez instructor pidió en abril de 2022 la imputación de Oltra, entonces aforada. En un contexto de las presiones de sus socios del PSPV-PSOE en el Pacte del Botànic y de algunos pesos pesados de Compromís, Oltra anunció su dimisión en una tensa rueda de prensa en la que denunció ser víctima de una estrategia de ‘lawfare’ por parte de la extrema derecha. 

La dimisión de Oltra supuso un auténtico terremoto para la izquierda valenciana y, singularmente, para Compromís, la coalición que lideraba. Después de la derrota de las fuerzas progresistas en las autonómicas de 2023, el popular Carlos Mazón consiguió formar un Ejecutivo con Vox, la formación que ejerce una de las acusaciones populares en la causa contra Oltra. Tras dos años de instrucción, el juez dictó el pasado 2 de abril un auto de sobreseimiento provisional, que aún no es firme, por la falta de indicios contra Oltra.

El 8-M feminista y el coronavirus

En 2020 la derecha centró parte de sus esfuerzos en intentar culpar al feminismo de la expansión del coronavirus en las primeras semanas de pandemia y el objetivo, tanto político como judicial, fue la manifestación del 8 de marzo. Desde acusaciones en el parlamento de que la manifestación “convirtió en víctimas a las mujeres” hasta una causa judicial abierta durante meses a instancias de un abogado, Víctor Valladares, condenado y encarcelado por estafar y engañar a clientes.

La causa judicial llegó a implicar la imputación del entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y fue esgrimida por PP y Vox para cargar contra la gestión del ejecutivo central durante los primeros meses de pandemia. Fue archivada en firme por la Audiencia de Madrid y, a lo largo del proceso, víctimas de fallecidos se quejaron de que mientras la causa permitía acusaciones populares de partidos políticos, ellos no habían podido personarse.

La directora de la Guardia Civil

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la imputación del marido de la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, debía conducir a la marcha de ella pese a que, en razón del cargo que tenía entonces –subdelegada del Gobierno en Almería—, no podía haber participado en ellos ni de forma remota. La causa contra Martínez acabó archivada porque había sido imputado siete meses más tarde del plazo legal.

El entorno de Juan Carlos Martínez siempre defendió que el atestado policial en el que se basó el juez para imputarle retorcía datos y realizaba inferencias. Un año después, María Gámez no ha regresado a la primera línea de la política pese a la proyección que presentaba y a haber sido descrita por Fernando Grande-Marlaska en su marcha como “el mejor director” que había tenido la Guardia Civil en su historia.