El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha comprometido a erradicar completamente los pisos turísticos de la ciudad. Su objetivo, ha proclamado, es no renovar en 2028 ninguna de las 10.101 licencias que hay a día de hoy en la ciudad. “Hemos decidido ir a fondo para que se conviertan en viviendas residenciales”, ha asegurado en rueda de prensa.
Collboni ha defendido que esta medida responde a la creciente dificultad de acceder a una vivienda hoy en Barcelona, donde la oferta escasea y los precios del alquiler han superan los 1.100 euros al mes de media. El alcalde socialista, que estos días cumple un año en el cargo, ha insistido en el mensaje de su compromiso es que en 2029 “la figura del piso turístico” haya dejado de existir en la capital catalana.
Para lograrlo, el consistorio se apoyará en el decreto ley aprobado por la Generalitat a finales de 2023, y que permite por primera vez a los ayuntamientos no renovar unas licencias, las de vivienda de uso turístico, que hasta ahora eran a perpetuidad. De esta forma, los permisos de estos apartamentos vencen en noviembre de 2028, cinco años después de la entrada en vigor de la norma catalana. Será entonces cuando se deberá confirmar que no se revalidan.
Para dejar negro sobre blanco esta decisión, la intención del Ejecutivo es eliminar del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) el concepto de la Vivienda de Uso Turístico (VUT), en una modificación de la norma que abordarán a partir de enero de 2025. “Cualquier voluntad de querer seguir prestando este servicio debe ir sujeta a una licencia que aquí, en Barcelona, no se podrá pedir, porque no existirá la figura”, ha remarcado la teniente de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet.
De todos modos, la vía definitiva para extinguir las licencias será otra, también prevista por el decreto catalán. Como la normativa autonómica establece que los ayuntamientos deben elaborar, en un plazo de cinco años, un planeamiento urbanístico específico para regular esta actividad, lo que hará el consistorio barcelonés es sencillamente no hacerlo. Con lo que aseguran que las licencias decaerán.
Actualmente, en Barcelona hay 10.101 pisos turísticos, una cifra que apenas se ha movido desde que Ada Colau ganó la alcaldía en 2015. Una de sus primeras medidas fue congelar las licencias y, posteriormente, en la regulación hotelera –el PEUAT– se impidió su crecimiento. Pero no ha sido hasta finales de 2023 que la Generalitat aprobó el decreto que pone límite temporal a las licencias, una novedad que los comuns también habían reclamado en su día.
Suavización de la reserva del 30% de vivienda social
Acompañado de dos de sus tenientes de alcaldía, Bonet y Jordi Valls, Collboni ha anunciado otra esperada medida en materia de vivienda: la modificación del conocido como ‘reserva del 30%’, que es la obligación aprobada en 2018 de que todas las nuevas promociones privadas incorporen ese porcentaje de pisos sociales en el inmueble. La norma no produjo los efectos deseados y se crearon muchas menos esas viviendas de las previstas, con lo que los socialistas aseguraron que lo cambiarían.
En este sentido, lo que plantea el gobierno municipal es flexibilizar la medida para que las promotoras no lo vean con tan malos ojos y no paralicen construcciones en la ciudad. Lo que propone ahora el consistorio es que ese 30% se pueda trasladar de una promoción a otra, incluso en un barrio contiguo; que entre en la operación una promotora de vivienda social, o que las grandes rehabilitaciones queden excluidas de esta obligación (salvo las que afectan a todo un edificio excepto su fachada).
ERC a favor y Junts, en contra
La declaración de Collboni ha sido recibida en el Ayuntamiento con una respuesta favorable de ERC y las críticas de Comuns y de Junts. Elisenda Alemany, líder del grupo municipal de los republicanos, ha defendido la necesidad de adoptar medidas urgentes y ambiciosas para atajar el problema de acceso a la vivienda, y ha celebrado que Barcelona lo haya podido anunciar gracias a un decreto del Govern.
“Governar el turismo, recuperar el equilibrio de la ciudad y que en Barcelona se pueda vivir”, ha proclamado la concejala de ERC, una formación que llegó a un preacuerdo con el PSC para entrar a gobernar en la ciudad –un pacto hoy pendiente de validación de las bases– y que precisamente se iba a hacer cargo de la cartera de turismo.
Por su parte, Junts se ha opuesto a la medida, que ha calificado de “improvisada y ideológica”. Damià Calvet, concejal de la formación de Xavier Trias, ha asegurado que no todos estos pisos tienen actividad. “Creer que todos estos pisos entrarán en usos residenciales no se corresponde con la realidad”, ha insistido.
En cuanto a la patronal de estos apartamentos, Apartur, el rechazo ha sido inmediato y furibundo, Han tachado la decisión de Collboni de “irresponsable” y “demagógica” y le acusan de condenar el turismo familiar “a muerte”. Y han añadido que esto solo contribuirá a aumentar los apartamentos ilegales. “El alcalde acaba de hacer una llamada a que toda la ciudad se llene de alojamientos turísticos ilegales”, han proclamado.