Este ha sido el curso del 155. El debate educativo en Catalunya se ha centrado en las denuncias por adoctrinamiento –aunque no se ha abierto ningún expediente sancionador–, mientras en los despachos de Enseñanza y Universidades quedaban paralizadas varias iniciativas. Ahora sindicatos, familias y entidades piden que se retomen propuestas como el pacto contra la segregación. También exigen atender a urgencias como la falta de plazas públicas. Y los universitarios advierten que el curso que viene volverán a pedir rebaja del precio de las matrículas.
El inicio del curso 2017-2018 queda tan lejos que quizás pocos se acuerdan ya que estuvo marcado por el anuncio de formación en prevención de la radicalización –debido a los atentados del 17 de agosto– y por una entrada de 5.000 nuevos docentes que dejaba atrás los años más duros de la crisis. Esto último, pactado por los sindicatos con el anterior Ejecutivo, abría una etapa de relativa paz en materia laboral que todo apunta a que se alargará con el inicio del mandato del conseller Josep Bargalló.
Así las cosas, los sindicatos se centrarán de entrada en pedir que se aísle al profesorado de la pugna política de estos últimos meses. Así se lo pidió por carta el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, USTEC, y lo reitera el secretario de Educación de CCOO, Manel Pulido: “Necesitamos mucho diálogo para sacar a la escuela del foco partidista”. Para ello tendrán en Bargalló a un aliado. Solo hace falta comprobar que su primer acto al conocerse que ocuparía el cargo fue participar en un acto de defensa a los profesores de El Palau.
Juntos contra la segregación escolar
El conjunto de la comunidad educativa coincide en que un reto que hay que acometer urgentemente es el de la segregación escolar. Las desigualdades entre colegios –tanto entre públicos como con concertados– afectan al resultado académico de los alumnos y son especialmente visibles en ciudades medias y grandes. Antes de la aplicación del 155, el Síndic de Greuges consiguió impulsar pacto contra la segregación con todos los actores, incluido del departamento de Enseñanza, pero los trabajos quedaron a medias por la falta de liderazgo político.
Para Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, algunas primeras medidas podrían ser un plan de choque con recursos para los centros más desfavorecidos para “represtigiarlos”, evitar que sean estos colegios los que concentren la mayoría de alumnos que llegan a lo largo del curso (la llamada matrícula viva) o reservar un mismo porcentaje de plazas para alumnos con dificultades de aprendizaje en todos los centros, tanto públicos como concertados.
Esta última propuesta, sin embargo, no será sencilla de llevar a cabo. Lo más previsible es que las patronales de la concertada exijan fondos adicionales para hacer frente a este perfil de alumnado. “Estamos a favor de reducir la segregación, pero siempre que no consista en dar cheques con dinero a la concertada”, advierte el portavoz de USTEC, Ramon Font. De la misma opinión es Belén Tascón, presidenta de la federación de AMPA catalanas FaPaC, que recuerda que la “finalidad social” de las concertadas está estipulada por ley.
Falta de plazas públicas
Para las familias, su prioridad ahora es que el departamento de Enseñanza garantice suficientes plazas de escuela pública para los que empiezan su periplo escolar el próximo septiembre. El auge de la demanda de pública en ciudades como Barcelona o Badalona ha desbordado las previsiones de la Administración. La FaPaC cifra en más de 200 las familias de la capital catalana que se han quedado sin colegio público en su barrio, mientras que Bargalló lo reduce a 54 casos.
En cualquier caso, más allá de la angustia de las familias, esto refleja un cambio de tendencia a favor de la pública en una ciudad que históricamente tiene más de un 50% de plazas concertadas. “Hace falta una mejor planificación de plazas públicas para que todo el mundo tenga garantizado su acceso a una cerca de su casa”, sostiene Tascón. Las soluciones de urgencia pasan ahora por aumentar ratios o ir a la concertada –cosa que las familias rechazan–, o crear los llamados bolets, líneas extraordinarias, a menudo en barracones, en los colegios públicos.
Profesorado e innovación educativa
Coincidiendo con un período de reinversión educativa –el presupuesto actual es un 9% inferior al de 2010, cuando llegó a ser de un 22%–, la Fundació Jaume Bofill elaboró un informe en el que reclamaba que la recuperación económica no solo revirtiera en mejoras laborales del profesorado, sino también en cuestiones como la ampliación de la gratuidad en el acceso a guarderías, una mayor dotación de recursos en centros de barrios desfavorecidos o mejorar la formación docente.
“¿Hay que poner más docentes? Sí, pero en clave de equidad y de innovación, para los centros con más dificultades y para impulsar redes de formación”, sostiene Palacín. “Sobre todo en Secundaria tenemos un modelo regresivo en el que chocan muchos estudiantes y genera abandono, debemos invertir en reformar la ESO en parte con formación que vaya más allá de los cursillos”, sostiene.
Desde CCOO ven con buenos ojos la recuperación del presupuesto de formación –que CiU dejó casi a cero– y la mayor concentración de profesorado en los colegios públicos donde hay más pobreza e inmigración.
Reducir un 30% las tasas universitarias
El nuevo Govern de Quim Torra quiere apostar fuerte por la universidad, pero la pregunta es si sus propuestas irán en sintonía con lo que reclaman rectores, profesores y estudiantes. En su primera comisión en el Parlament, la nueva consellera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, quiso escenificarlo con un encuentro con todos los rectores de las universidades públicas. Todas las partes acordaron en esa reunión retomar los trabajos del Pacto Nacional por la Universidad, que apenas pudo celebrar una sesión antes del 155.
El Pacto tiene el difícil reto de acercar posiciones sobre políticas de innovación, de financiación de la universidad y, lo más complicado, de precios públicos. Tras el incremento durante la crisis de más de un 66% del precio de los estudios, los estudiantes exigen una rebaja del 30% de las tasas. Tienen de su parte la mayoría del Parlament y el conjunto de los rectores de las universidades públicas, con los que han pactado una demanda de mínimos de rebaja del 10% cada año durante los próximos tres cursos.
Pero el Govern no está por la labor. El secretario de Universidades, Arcadi Navarro, es un firme defensor del actual modelo, que considera una tarifación social, puesto que el aumento sin precedentes en España del precio de las matrículas fue acompañado de una política de becas para las familias sin demasiados recursos.