El concejal que denunció el desvío de fondos en L'Hospitalet acusa a Núria Marín de “traición” y “pasividad”

Jaume Graells llega solo y puntual a los juzgados de L'Hospitalet de Llobregat. La soledad no es reciente: desde que hace un año denunció el desvío de fondos del Consell Esportiu de la ciudad, el concejal del PSC conserva el acta, pero asegura haber sido marginado por el partido. Graells lleva una carpeta llena de documentación, la misma que trasladó a la alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín y que este miércoles ha mostrado ante la jueza. No solo han sido papeles. Graells ha apuntado directamente a Marín, a la que ha acusado de “traición” y “pasividad” para investigar su denuncia.

La magistrada que investiga el caso ha centrado el interrogatorio de Graells en el papel de Marín cuando recibió la denuncia del concejal sobre la corrupción en el Consell. Y las respuestas que ha obtenido no son precisamente halagüeñas para la alcaldesa, que comparecerá el viernes como imputada. Según la magistrada, Marín “habría ayudado” a los investigados a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell. El concejal ha corroborado esta tesis.

Graells ha relatado a la jueza cómo desde el 3 de febrero de 2020 denunció a Marín la corrupción del Consell, trasladándole incluso documentación. Pero la respuesta que obtuvo fue “pasividad total” por parte de la primera edil, a la que Graells ha acusado de “traicionar su confianza”, según fuentes presentes en la declaración, hasta el punto de sentirse “marginado” por la propia Marín pese a formar parte del mismo partido. De hecho, las mismas fuentes han indicado que Graells ha testificado que nadie del Ayuntamiento quiso mirarse los documentos. Marín viene alegando que, aunque no inmediatamente, sí encargó una auditoría de la gestión del Consell un mes después de que Graells le pusiera en alerta.

La jueza investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet –entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar que presidía el exconcejal de Deportes Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre– destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestiona y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa. Además de Marín como presunta encubridora, están investigados una quincena de personas, la mayoría vinculados al PSC, como el propio Plaza o el teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar.

Alcázar y Plaza, principales sospechosos de la trama, habrían ocultado 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales.

Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet. Por ello también está imputado el secretario del deporte de la Generalitat, Gerard Figueras (Junts).

Entre la decena de testigos que han comparecido este miércoles también figura el auditor encargado de revisar las cuentas del Consell. Según las mismas fuentes, el auditor ha explicado que solo pudo revisar el 30% de la documentación (después la Policía Nacional se hizo cargo del caso). De los papeles que pudo ver, ha continuado, sí tiene la sospecha de que en el Consell había pagos sin justificar, pero no llegó a analizar las diferencias contables entre los números presentados a la asamblea de al entidad y los remitidos a la Generalitat para justificar las subvenciones ni tampoco la contratación irregular de personal.

La prueba del algodón no llegará hasta la prueba pericial contable que encargue la magistrada, a la que las defensas podrán replicar con su propio análisis. El resto de testigos, voluntarios para organizar las actividades deportivas de L'Hospitalet, ha servido para constatar el descontrol en el manejo del dinero en efectivo del Consell: algunos han declarado que cobraban para poner vallas y organizar circuitos, pero otros no pese a realizar la misma actividad, han explicado las citadas fuentes.

Tras declarar ante la Policía en diciembre, tanto el PSOE como el PSC –partidos de los que Marín es vocal y presidenta, respectivamente– cerraron filas con la alcaldesa de L'Hospitalet y negaron que estuviera implicada en las irregularidades cometidas presuntamente por miembros de su equipo de gobierno en el consistorio. Marín ha reiterado que quiere comparecer para dar explicaciones a la jueza. Su turno llega este viernes.