El Gobierno municipal de l'Hospitalet de Llobregat, en manos del PSC, está inmerso en una crisis de envergadura. Después de que dos concejales fueran detenidos la semana pasada por una presunta trama de desvío de subvenciones públicas a través del Consejo Deportivo de la ciudad, este martes se conocía presentaba la dimisión otro edil. Era Jaume Graells, el responsable de denunciar las irregularidades.
“Me he sentido aislado, en un cierto ostracismo, como si yo fuese el culpable de la imagen deteriorada del partido”, ha lamentado Graells, concejal de Educación en el consistorio, que deja el cargo pero conservará el acta. En declaraciones a Catalunya Ràdio ha explicado que su renuncia se debe sobre todo a la “lentitud” y la “falta de convicción y contundencia” del Ayuntamiento para tomar medidas contra los concejales que cometieron las irregularidades.
El caso salió a la luz el 10 de junio, cuando la Policía Nacional detuvo al director del Consejo Deportivo, Eduard Galí, y a dos concejales: Cristian Alcázar, de Urbanismo, Vivienda y Espacio Público, y Cris Plaza, de Deportes. Ambos habían ocupado cargos directivos en el Consejo durante la etapa investigada entre 2016 y 2019. Tras la detención, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, los dos quedaron en libertad con cargos.
Desde el PSC han asegurado de momento que no apartarán ni suspenderán de militancia a los dos concejales porque el código ético del partido solo lo contempla cuando se abre juicio oral. Aún así, tras la dimisión de Graells, uno de los denunciados, Cris Plaza, anunció que dejaba el acta de concejal y el puesto en el Consejo Deportivo para facilitar la investigación, aunque se declaró inocente.
Tanto en su comunicado de renuncia como en las posteriores declaraciones en Catalunya Ràdio, Graells ha explicado que puso sus sospechas en conocimiento de la alcaldesa, Núria Marín, el pasado 4 de febrero. Fue entonces cuando la máxima responsable del consistorio decidió iniciar una auditoría, aunque ya entonces empezaron las discrepancias con Graells, puesto que éste exigía que se antes se retirase “cautelarmente” de sus funciones en el Consejo Deportivo a los investigados.
Con los resultados preliminares de la auditoría –que todavía no ha concluido–, Graells concluyó que había indicios de delito y que tenía que ponerlos en conocimiento de la justicia. “Hay partidas que no tienen la correspondiente retención fiscal, contabilidades que se esconden a la entidad en la asamblea, y se detecta una llamada caja interna donde se producen pagos que no están justificados”, detallaba el ya exconcejal en Catalunya Ràdio.
Graells ha lamentado que desde la intervención policial del pasado 10 de junio nadie del partido ni del consistorio se ha puesto en contacto con él. Y se ha quejado de que el PSC se remita a las actuaciones judiciales: “No tenemos que esperar a que un juez nos diga si algo se ha hecho bien o mal, hemos de ser proactivos”.