El terremoto fue de los que se recuerdan aunque se produjera a media tarde de un 25 de julio con medio país buscando la playa. Era viernes y una carta sacudió las redacciones catalanas: Jordi Pujol, mucho más que un expresident de la Generalitat, reconoció haber mantenido una fortuna oculta durante décadas. Diez años después de la confesión no hay juicio a la vista para la familia porque la Audiencia Nacional no lo ha señalado, pese a que el caso se terminó de instruir en 2020.
Al carecer el caso de sentencia, Pujol y toda su familia mantienen intacta, al menos a nivel judicial, su presunción de inocencia. Igual que hace diez años. A nivel político, el expresident no solo ha salido del ostracismo al que le condujo la carta, sino que no parece haberse resentido del hecho de haber reconocido que fue evasor fiscal durante décadas.
Desde la salida de la pandemia Pujol ha vuelto a la vida pública (toda la que un nonagenario que ha sufrido un ictus puede asumir), y en la última campaña catalana incluso recibió el reconocimiento de Salvador Illa por su papel en la recuperación del autogobierno catalán. Pujol también pidió el voto por Junts y después anunció su filiación al partido. Aunque la Generalitat, entonces liderada por Artur Mas, le retiró la pensión y las prerrogativas de expresident tras la carta, para muchos y pese a todo, Pujol sigue siendo molt honorable.
Al buen camino que sigue la operación de rehabilitación de Jordi Pujol ha contribuido una mezcla de factores. El paso del tiempo, el primero, pero también la separación que, desde el primer minuto y como si un muro fuera, realizaron los líderes de Convergència y sus nuevas marcas (y aceptaron algunos partidos de la oposición) respecto a la obra de gobierno de Pujol y su evasión fiscal. Loable la primera, circunscrita al ámbito privado la segunda pese a producirse durante todos sus 23 años al frente de la Generalitat.
También han contribuido a la mejora de imagen de la familia los indicios más que evidentes de que hubo presiones de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la banca andorrana para obtener sus datos bancarios. La Justicia nunca ha querido investigar esas maniobras ni tampoco colaborar con la magistrada andorrana que sí quería indagar en ellas.
Los movimientos de la policía política del PP, sin embargo, no borran dos hechos que los líderes de las sucesivas marcas en las que se reencarnó Convergència parece que prefieren orillar: la evasión fiscal confesada por el propio Pujol, de 885.000 euros en el año 2000 y que no puede ser condenada al haber prescrito, y el hecho de que dispusiera de una cuenta en Andorra sin regularizar.
Este es el dato más claro de la macrocausa pendiente de juicio, obtenido gracias a la colaboración que, sin policía política del PP de por medio, proporcionaron las autoridades andorranas a la Audiencia Nacional. La cuenta número 63810-2 de la Banca Reig (más tarde Andbank) tenía como titular a Jordi Pujol Soley, si bien fue abierta por su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien ingresó en la misma 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) en septiembre del año 2000 y aportó al banco un documento en el que detalló que no era el dueño de los fondos que aportó, sino que el “real propietario” era su padre.
La defensa de la familia, en cambio, alegó que el primogénito atribuyó la propiedad de los fondos a su padre para esconderlos de su entonces esposa, Mercè Gironès, durante una crisis de pareja. Una tesis “inconsistente”, a criterio del juez del caso, José de la Mata, toda vez que al mismo tiempo Jordi Pujol Ferrusola siguió ingresando dinero en la cuenta que supuestamente quería ocultar a su mujer.
La Fiscalía mantiene que el dinero oculto durante décadas proviene de la corrupción sistémica y del favorecimiento de los negocios del primogénito gracias al uso de influencia del padre desde la Generalitat. Una tesis que fue un secreto a voces en Catalunya durante décadas pero que para pasar a ser una verdad jurídica precisa de pruebas y una corroboración judicial que, a día de hoy, está lejos de ser una realidad.
Por contra, la familia mantiene la misma tesis que la carta enviada por el expresident hace una década, esta es, que la fortuna millonaria oculta proviene de la célebre deixa (legado) del padre del expresident, Florenci Pujol, y que solo salió a la luz después de que varios miembros de la familia regularizaran los fondos.
A diferencia de otros casos como el caso Palau, en el que además de una abundante prueba documental los acusados que ayudaron a cobrar comisiones a Convergència a cambio de obra pública del último gobierno de Pujol confesaron la trama, ninguno de los empresarios acusados en la macrocausa de la Audiencia Nacional ha tirado de la manta. La corrupción de Convergència es un hecho incontrovertido, pero que no se ha demostrado judicialmente en el caso Pujol.
Al retraso del juicio también ha contribuido el tiempo que se tardó –más de un año– en expurgar la causa para apartar de los más de 100.000 folios distribuidos en un centenar de tomos cualquier referencia personal ajena al procedimiento. De llegar a sentarse en el banquillo, Jordi Pujol sería el acusado de más edad en un juicio en la historia reciente de España. Tiene 94 años.