La burbuja de los alquileres no es solo un fenómeno del centro de Barcelona. Pese a que ha sido en la capital catalana donde se ha detectado un mayor número de expulsiones de inquilinos cuando vencen sus contratos, o de subidas desorbitadas de mensualidades, los conflictos se extienden a las afueras de la ciudad. Entre ellos, casos de fincas enteras en el área metropolitana que se enfrentan a importantes incrementos del alquiler. Es el caso de un inmueble en el que viven 140 familias en Sant Joan Despí, a quienes la propiedad les anunció que deberían pagar entre un 40 y un 100% más por su piso si querían renovar el contrato este año.
“Nos enteramos cuando les llegó un burofax a algunos vecinos con el que les decían que debían entregar las llaves cuando les finalizara el contrato”, comenta Julio Jiménez, que se ha convertido en el portavoz de la comunidad. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el gestor de la finca ya no era el que les había alquilado el piso, sino otro, Medasil Desarrollos SL. “Nos reunimos con ellos y nos dijeron que tenían que ajustar los precios al mercado”, explica Jiménez. Esto suponía, según sus cálculos, elevar las cuotas a entre 1.100 y 1.300 euros.
“Nadie puede hacer frente a una subida como esta, nos disparan el precio a todos”, exclama el portavoz del bloque de Sant Joan Despí, que pese a la alarma inicial, y tras unas semanas de protestas (este sábado convocan manifestación), han conseguido abrir una mesa de negociación. Está en juego el hogar de más de 100 familias a quienes vence el contrato este 2018. “No pueden pagar esos precios, tendrían que irse de la casa en la que han decidido construir sus vidas, y también de la ciudad”, lamenta. Y es que, según aparece en los portales inmobiliarios, apenas hay una veintena de pisos de alquiler ahora mismo en este municipio de 33.000 habitantes pegado a Barcelona.
Esta localidad es de las más pudientes del área metropolitana, pero el boom de los alquileres en la zona afecta también a ciudades con rentas bajas. Si en Barcelona la subida de los precios ha sido de hasta un 9,6% solo en 2017, en municipios como l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Castelldefels, Viladecans, Gavà o Sant Boi de Llobregat los incrementos se han situado también entre el 8 y el 10%. Si compara con los precios de 2014, el aumento en el área metropolitana ha sido del 25%: de 600 euros de media a 750, aproximadamente.
El área metropolitana y la mancha de aceite
“Allí donde hay inquilinos existe un ahogamiento generalizado”, opina Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. “No se trata de una mancha de aceite, por el que suban los precios en la ciudad y luego en la periferia, sucede a la vez; muchos fondos de inversión tienen su stock en estos municipios”, constata. En el caso de Sant Joan Despí, la empresa gestora de los pisos, Medasil Desarrollos SL, tiene como apoderada una filial del Goldman Sachs.
Otros expertos sí creen que exista un efecto Barcelona sobre el área metropolitana, en la que viven 3,2 millones de personas. Carme Trilla, directora de la Fundación Hàbitat3 y exsecretaria de Vivienda de la Generalitat, considera que la “atracción” que suscita la capital catalana a los grandes inversores, que ven en los inmuebles posibilidades de alto rendimiento por usos turísticos o de lujo, “tiene su impacto en las afueras, porque la oferta de alquiler en general no es muy grande”.
La presencia de los grandes inversores en el parque de alquiler barcelonés es una incógnita a día de hoy, pero esta semana el Sindicato de Inquilinos de Barcelona ha presentado una investigación que contabiliza al menos 3.000 viviendas en manos de solo 10 propietarios. Entre ellos constan nombres de firmas como MK Premium, Norvet o Vauras Investments, viejas conocidas por el sindicato por su modus operandi: suelen comprar fincas enteras, echar a los inquilinos cuando vence sus contratos, reformarlas y venderlas a un precio muy superior.
El poder de la negociación colectiva
Tras varias asambleas, en la finca de Sant Joan Despí decidieron conjuntamente que continuarían pagando el mismo alquiler, aunque fuera a través de consignación judicial, mientras la propiedad les planteara aquellas subidas que consideran “abusivas”. Eso fue tras primera reunión que mantuvieron con Medasil Desarrollos SL. Varios encuentros después, y con una campaña de movilizaciones en marcha, los vecinos han conseguido que la otra parte empiece a ceder.
Lo que les propone ahora la propiedad es una rebaja sustancial de sus intenciones iniciales. De la primera horquilla (la subida de entre un 40 y un 100%) han pasado a un incremento del 35% aplicado de forma progresiva en tres años. Frente a ello, la propuesta de los inquilinos, de un aumento del 20% en el mismo período. El próximo lunes votarán en asamblea si aceptan o continúan movilizados.
De lo que sí están convencidos es de que su unidad de acción ha servido para que la propiedad se sentara a negociar, algo a lo que no está obligada por ley. “Si todos los vecinos entramos en guerra, y consignamos el pago en los juzgados, puede que se queden sin cobrar durante meses el alquiler de decenas de familias, y esto es importante”, sostiene Jiménez, consciente de que el hecho de ser tantos inquilinos les da mayor fuerza en la mesa negociadora.
La noticia, recibida este martes por los vecinos, coincidió precisamente con el lanzamiento de la campaña “Nos quedamos” del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que llama a permanecer en sus pisos a quienes se enfrenten a aumentos del alquiler y no puedan pagarlos. “La estrategia pasa por la negociación colectiva”, aseguraba una de sus portavoces, al constatar que en muchos casos de conflicto suele haber grandes propietarios que poseen fincas enteras.
De momento, la legislación está de su parte -un propietario puede subir precios, no renovar contratos o desahuciar a un inquilino si no paga-, pero Jiménez avisa: “Puede que sea legal lo que hacen, pero desde luego no es justo”.