Conflicto entre jueces por si las sedes de Convergència se venden para devolver el saqueo del Palau o para pagar a los acreedores

De Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) solo quedan deudas y cuentas pendientes con la Justicia. Los acreedores del partido son, además de los bancos, el Palau de la Música y Hacienda (que somos todos). A los primeros el partido dejó a deber 3,4 millones de euros en hipotecas y préstamos. A los segundos la formación que fundó Jordi Pujol les tiene que devolver los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales a través del Palau de la Música. La Justicia ha puesto en pausa la venta de 22 sedes de Convergència embargadas por el caso Palau hasta decidir quién debe cobrar antes, si los acreedores de Convergència o las instituciones perjudicadas por la corrupción del partido.

Se trata de un debate jurídico complejo y que ha suscitado discrepancias entre el tribunal de la Audiencia de Barcelona que se encarga de recuperar el saqueo del Palau y la jueza de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores de Convergència. Las 22 sedes de Convergència estaban embargadas desde 2015 para que el partido pudiera hacer frente a una eventual condena por el caso Palau. La condena firme llegó el pasado mes de abril.

Pese a que la sección 10 de la Audiencia de Barcelona había ordenado el pasado 5 de octubre subastar las sedes de Convergència para recuperar las comisiones ilegales del caso Palau, la magistrada del juzgado Mercantil 9 de la capital catalana, que tramita el concurso de acreedores del partido previo a su liquidación, decidió el 27 de octubre que las 22 fincas de Convergència dejaran de estar embargadas para devolver el dinero del Palau. Con la decisión de la magistrada, el dinero que se obtuviera de la venta de las sedes no serviría para resarcir al Palau y al Estado, sino que en primer lugar cobrarían los acreedores a los que Convergència debe dinero, es decir, los bancos y sus extrabajadores.

El tribunal del caso Palau, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, frena los planes de la magistrada de lo Mercantil, a la que recuerdan que el orden penal “es preferente a cualquier otro”. Entienden los magistrados además que como el embargo de las sedes por el caso Palau fue anterior a que el partido presentara la suspensión de pagos, las 22 fincas “nunca debieron formar parte del patrimonio” del concurso de acreedores. Reprochan además los magistrados a la jueza de lo Mercantil que decidiera desembargar las sedes de Convergència sin consultarles, en contra de lo que dispone la ley concursal.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona ordena al Registro de la Propiedad que no desembargue las 22 sedes de Convergència, tal y como había acordado la jueza de lo Mercantil. El tribunal remarca que los distintos registros de la propiedad de Catalunya donde están inscritas las sedes deben “abstenerse de alzar y cancelar los embargos” pues son los jueces del caso Palau “los únicos competentes para decidir” sobre la cuestión mientras no se resuelve el conflicto de competencia entre la jurisdicción Penal y la Mercantil.

En cambio, la jueza de lo Mercantil había considerado que tenía la competencia “exclusiva” para decidir respecto a las fincas de Convergència, por lo que había dejado sin efecto el embargo efectuado en el caso Palau para que las sedes “pudieran ser enajenadas”, es decir, venderse o ceder la propiedad a los acreedores en el proceso de liquidación concursal de la formación.

A la espera de que se resuelva qué juzgado es competente, en su resolución la Audiencia de Barcelona también indica a la magistrada de lo Mercantil el camino a seguir si quiere desembargar las sedes: primero debe pedir al tribunal del caso Palau que levante el embargo de las sedes, y si no se acuerda, entonces plantear un conflicto de competencia.

Si finalmente la sección 10 de la Audiencia de Barcelona retiene las sedes embargadas, el tribunal ya acordó que las fincas se destinaran en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles para el Palau de la Música, el Orfeó Català y Hacienda, y que el sobrante fuera a parar al Estado. En caso de no ser suficientes las sedes de Convergència para resarcir los 6,6 millones de euros que cobró el partido en comisiones ilegales, la Fiscalía ya ha mostrado su disposición a pedir que el PDeCAT, como formación heredera de CDC, afronte el resto de pagos, si bien el tribunal lo ha descartado por el momento.