A última hora de la tarde del martes, en todos los teléfonos de cinco comarcas de Tarragona sonaron las alarmas. Ante la alerta roja decretada por el riesgo de lluvias torrenciales, la Generalitat decidió suspender cualquier actividad académica, aplazar la actividad sanitaria no urgente y prohibir la movilidad entre las 6.00 y las 00 horas. Sobre el papel, quedaba prohibido desplazarse a trabajar excepto en casos de servicios esenciales.
Es la primera vez desde la pandemia que se prohíbe ir a trabajar y la primera que se hace solo por la vía de una resolución de la Generalitat. Por eso, muchas empresas y trabajadores no han tenido claro el alcance de la norma y han dudado de si debían ir a sus empleos. “Las empresas no están bien informadas ni coordinadas”, explica Antonio, trabajador de una pequeña empresa de la zona. Al recibir la ES-Alert, se puso en contacto con su jefe para saber qué tenían que hacer y como respuesta obtuvo fue un simple: “Ya veremos”.
Finalmente, ante las quejas de los trabajadores, la empresa ha cumplido las restricciones y no ha obligado a nadie a asistir. “Pero vaya nochecita. Teniendo en la cabeza lo que ha pasado en València, se me helaba la sangre al pensar que tenía que coger el coche”, relata este empleado. La decisión les ha llegado a las seis de la mañana: “Hasta el último momento, no nos han dicho si teníamos que ir a trabajar”, lamenta.
Hay otros cuyas empresas no han cumplido la norma y sí han debido desplazarse. Es el caso de Andreu, que trabaja en un polígono. Su jefe les ha dicho que “sí o sí” tenían que ir a sus empleos y seguir la jornada laboral. “No tenemos buena experiencia con el patrón, así que hemos ido por miedo a represalias, pero ha sido un desastre”. Según cuenta, casi no han podido hacer su trabajo porque dependen de enviar y recibir productos de otras empresas de la zona que sí habían cerrado.
“Hay transportistas que han ido hasta otras fábricas y han tenido que volver. Nos hemos pasado buena parte del día de brazos cruzados”, explica Andreu. Y es que, finalmente el 80% de las empresas y fábricas han acatado las restricciones y han cerrado o reducido sus actividades, según cálculos de CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios.
De hecho, la Federación de Industria de la UGT en Tarragona solo ha detectado irregularidades en seis empresas de entre las más de 800 en las que tienen representación. “La mayoría ha cumplido y solo se ha mantenido la actividad básica en las actividades esenciales”, asegura Moisès Fortuny, secretario general de la Federación de Industria de UGT.
La trampa de las actividades esenciales
La resolución publicada este miércoles por la Generalitat, según la cual se restringía la movilidad, dejaba exenta de la prohibición a los desplazamientos por fuerza mayor y a los trabajadores de actividades esenciales como policías, empleados de servicios sociales, sector sanitario, medios de comunicación o de industrias farmacéuticas o de combustibles, entre otras. También a aquellas con riesgo químico y que, por tanto, no podían quedar desatendidas.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, resume Juanjo, trabajador y miembro del comité de empresa de una fábrica tarraconense que trabaja con químicos. Al recibir la alarma, se puso en contacto con su empleador para saber qué tenían que hacer él y sus casi cuarenta compañeros. La duda era razonable porque su jefe ya les había obligado a ir a trabajar en las otras ocasiones en las que la Generalitat ha restringido la movilidad por la DANA. “Nos decía que fuéramos y que ya iríamos viendo qué hacer si la cosa se complicaba”, recuerda.
Pero en esta ocasión la respuesta ha sido diferente. Su jefe les ha asegurado que son una actividad esencial. “A nosotros no nos ha parecido raro, porque trabajamos en la química”. La suspicacia ha empezado cuando desde el comité de empresa han pedido un documento que pudiera servir como salvoconducto por si les paraba la policía. Pero las horas iban pasando y la información no llegaba.
Las sospechas de los trabajadores se han confirmado cuando han escuchado a miembros de la dirección de la empresa bromear sobre cómo han tenido que meterse por carreteras secundarias para evitar los controles policiales. “Entonces les hemos confrontado y nos han confesado que no somos esenciales ni nada. Pero que nos han hecho venir a trabajar porque lo de la DANA no era para tanto”, asegura este trabajador.
Ante esta respuesta, la plantilla se ha encarado y ha conseguido que la empresa les dejara volver a sus casas al mediodía. “Pero habrá represalias seguro. Es un hombre muy rencoroso que no va a dejar las cosas así como así”, se lamenta Juanjo que, como todos los trabajadores consultados para este reportaje, han dado nombres falsos para evitar consecuencias.
El “limbo” de los hoteles
Los sindicatos consultados aseguran que casos como el de Juanjo son los mínimos. Reiteran que la mayoría de empresas han acatado y se muestran satisfechos con la respuesta mostrada este miércoles y con la decisión de la Generalitat de proteger a los trabajadores, pero también aseguran que hay algunas decisiones con las que no están de acuerdo. Entre ellas, está la elección de las actividades exentas de las restricciones.
“Hay empresas que no están incluidas en los servicios esenciales y cuya producción no puede parar. Hay que entender que ‘apagar’ una fábrica puede tardar un día entero y tiene un coste enorme”, apunta Mercè Puig, de CCOO, que apuesta porque en estos casos se establezcan servicios mínimos, como en casos de huelga.
De hecho, según constata el sindicato, hay empresas que han operado así durante la jornada. Se trata, sobre todo, de fábricas, pero hay otros casos como los hoteles. “No son considerados una actividad esencial, pero al tener ya huéspedes alojados, no pueden simplemente dejar de ir a trabajar”, explica Xavier Guardià, portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT).
“No hay jurisprudencia, así que se han decretado servicios mínimos a demanda, intentando movilizar al mínimo posible de personas”
“No hay jurisprudencia, así que se han decretado servicios mínimos a demanda, intentando movilizar al mínimo posible de personas”, asegura. Se ha llamado a personal de cocina, de recepción y un mínimo de limpieza. En hoteles de capacidad para 300 personas han pasado el día con una decena de trabajadores.
El problema es que esta DANA ha ocurrido en plena temporada baja, con sólo un tercio de los hoteles de la zona abiertos y, por tanto, con las plantillas bajo mínimos. “Hemos priorizado llamar a las personas que viven cerca y no se tienen que desplazar por carretera, pero no siempre ha sido posible”, aseguran desde la FEHT.
Así que la solución de algunos hoteles ha sido ofrecer a los empleados que vienen de fuera del municipio pernoctar la noche antes de la declaración de la alerta, para ya estar en sus puestos de trabajo cuando empezaran las restricciones. Fernando es uno de los que ha aceptado la propuesta. “Me tocaba turno de mañana y he decidido quedarme aquí a dormir. Mucho más tranquilo y seguro”, dice.
Algunos de sus compañeros no han aceptado, para no tener que dejar a hijos o personas a cargo solas, pero no ha sido un problema. “Sobran voluntarios”, asegura Fernando. Desde el comité están además negociando el pago de horas extras para quienes hayan pernoctado. “No es un mal negocio”, añade este trabajador.
Desde CCOO constatan que, al menos en los hoteles en los que tienen presencia, no ha habido coacciones y se reconocen contentos con que las empresas hayan ofrecido esta opción. Pero se muestran reticentes con el diseño de algunos servicios mínimos. “¿Que los huéspedes puedan comer es esencial? Por supuesto. ¿Que el hotel esté impoluto? Eso ya no”, ejemplifican.
Por eso, desde el sindicato insisten en la necesidad de elaborar protocolos y normativas cuando pase la emergencia, para saber cómo actuar en próximas ocasiones. “Estos días todo ha ido muy rápido y no hemos podido sentarnos con el Govern. Tenemos muchas cosas apuntadas”, asegura Puig.
Una de las esenciales es establecer el derecho a los permisos retribuidos por causa de fuerza mayor. Ni la ley de prevención de riesgos laborales ni el Real Decreto que se aprobó en 2023 que estipula que las empresas deben “adaptar” las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores ante condiciones meteorológicas extremas recogen el derecho a los permisos retribuidos.
Los sindicatos se abren ahora a negocaciones con el Ministerio y responsables de las comunidades autónomas para tener claro cómo actuar y qué derechos tienen los trabajadores. “No podemos dejar nada a la improvisación. Si algo nos ha enseñado València es que la improvisación y la codicia de algunos puede llegar a matarnos”, asegura Antonio, que finalmente ha podido quedarse en casa y no exponerse sin que fuera necesario.