El Consejo de Ministros se ha reunido en Barcelona rodeado de un gran despliegue policial y entre protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se han saldado con varios detenidos. El Gobierno aprovechó su presencia en Catalunya para aprobar medidas sociales y también simbólicas para la comunidad, pero la reunión del día anterior entre Pedro Sánchez y Quim Torra, que Moncloa valora positivamente, se llevó buena parte del protagonismo de la rueda de prensa posterior. “La reunión de ayer lo que expresa es que la apertura de este diálogo ha dado sus frutos; en estos seis meses hemos conseguido medidas concretas”, ha afirmado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.
Sánchez y Torra se encontraron ambiente de cordialidad y sin incidentes en las calles. En paralelo, se vieron los vicepresidentes, Carmen Calvo y Pere Aragonès; y la ministra Meritxell Batet y la consellera Elsa Artadi. Después se hicieron una foto conjunta. La Generalitat reclamaba un formato de cumbre entre gobiernos y el resultado final fue un término medio. Suficiente para que ambos vendiesen la imagen que más les interesa, que para el Govern es la bilateralidad y para el Gobierno la contraria.
Los ejecutivos firmaron un comunicado conjunto en el que se emplazan a buscar una solución política al “conflicto sobre el futuro” de Catalunya que goce del “amplio apoyo” y “seguridad jurídica”. Para el Ejecutivo, esa propuesta debe ser una reforma del Estatut para reforzar el autogobierno dentro de los límites de la Constitución mientras que el presidente catalán insistió en la celebración de un referéndum de autodeterminación. Celaá ha asegurado que el balance de la reunión es “positivo” porque está en la hoja de ruta del Ejecutivo “encauzar” la situación en Catalunya.
La Constitución, dentro del comunicado con Torra
Sobre las críticas a la ausencia de menciones concretas a la Constitución, Batet ha explicado que está implícito en la declaración al hablar de “seguridad jurídica”: “No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico y en el ordenamiento jurídico están todas las normas que nos hemos dado empezando por la Constitución”. A lo que no ha respondido Batet es a por qué el Gobierno accedió a eliminar en el comunicado la alusión concreta a la Constitución, pero no ha negado que así fuera.
Respecto a la reclamación de Torra, Batet la ha dado por zanjada: “No existe tal derecho a la autodeterminación. No existe este derecho y, por tanto, no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de no resolver el problema de fondo”. “Vamos a encontrar en una solución transitando por una senda de diálogo y de capacidad de encontrar acuerdos transversales”, ha agregado la ministra.
La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha comenzado su rueda de prensa mostrando su solidaridad con un periodista que ha sido herido y también con los agentes de los mossos, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana por su “magnífico trabajo”. “Nos permitimos hacer un llamamiento a los ciudadanos que se quieran manifestar con normalizar sin violencia porque lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de aprecio a Barcelona”, ha dicho Celaá.
Batet, originaria de Barcelona, ha defendido la reunión del gabinete de Pedro Sánchez en la ciudad condal y lo ha considerado “compatible con las manifestaciones y la libertad de expresión de los ciudadanos”. “Lo importante es que estas manifestaciones sean de manera pacífica y respetando y garantizando los derechos del resto de ciudadanos”, ha agregado la ministra de Política Territorial.
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Para la reunión de este viernes, el Ejecutivo se reservó algunas medidas con un fuerte impacto social, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la del sueldo de los funcionarios. Este incremento del 2,25% llegará a más de 300.000 personas en Catalunya y a un total de 2,5 millones en el conjunto del país. La ministra Justicia, Dolores Delgado, ha informado del estado del informe de la Comisión de Codificación que trabaja para modificar la ley respecto a los delitos sexuales para que todos sean considerados agresiones y desaparezca el término abuso. Otra de las medidas aprobadas ha sido un plan para la “transición” del sector de la minería hacia otras profesiones.
El Gobierno ha aprovechado su reunión en Barcelona para modificar el nombre del aeropuerto de El Prat de Barcelona, que pasará a llamarse Josep Tarradellas. La idea, que Pedro Sánchez manejaba desde hace meses, según las fuentes consultadas, pretende emular en el puente aéreo Madrid-Barcelona el acuerdo político de Adolfo Suárez y Tarradellas. En 1977, Suárez aprobó un decreto por el que restablecía la Generalitat de Catalunya nombró a Tarradellas, que estaba en el exilio, presidente de la institución catalana.
Para el Gobierno, esta decisión “transmite un mensaje de concordia, entendimiento y diálogo” y reconoce la “la figura del president Tarradellas”, según ha dicho Celaá. En el Govern no ha sentado bien la decisión “unilateral” de Moncloa, que le fue comunicada previamente y tenía autorización de la familia de Tarradellas. Celaá considera que las “consultas con la familia y los municipios implicados” es suficiente: “El Gobierno estima que tiene un nivel de acuerdo más que razonable para poder ofrecer como ha ofrecido el cambio de nombre del aeropuerto”.
Otra de las medidas concretas para Catalunya ha sido la aprobación de 112 millones de inversión en infraestructuras de carreteras para esa esa comunidad. “Lo que en otra ocasiones fueron compromisos y promesas, este Consejo de Ministras ha materializado”, ha afirmado Celaá.
Reparación a Companys, pero sin anulación del juicio
El otro gesto simbólico que anunció Pedro Sánchez se ha traducido en un “reconocimiento” de Lluís Companys a través de una declaración de reparación en la que condena el consejo de guerra que en 1940 sentenció a muerte al presidente de la Generalitat. La intención del Ejecutivo es restituir la “dignidad” de Companys.
La medida no llega al nivel de anular la sentencia franquista que condenó a la pena de muerte al president de la Generalitat, que es una reclamación histórica de ERC a la que se sumaron PDeCAT y el PSOE. Sobre la anulación de la sentencia de ese juicio, Meritxell Batet ha explicado “requiere previsión normativa y hay una proposición de ley que lo contempla que está en tramitación en el Congreso”.