El Consell de la República, de refugio de Puigdemont a una piedra en su zapato

Quienes han pasado horas en la residencia de Carles Puigdemont en Waterloo relatan que no es extraño ver a catalanes que se acercan por las inmediaciones y miran, indiscretos, si pueden hacerse los encontradizos con el expresident para conocerlo y mostrarle su apoyo. También son frecuentes los regalos, bien en mano o por correo, así como las cartas, que llegadas de todos los puntos de Catalunya en algunos momentos formaron montones. Esta es la gente de Puigdemont, sus incondicionales, los que en los días más complicados de estos seis años de ostracismo siempre estuvieron allí y los que le siguieron en sus aventuras políticas, en parte en Junts, pero sobre todo en el Consell de la República.

Esta entidad inició su andadura en marzo de 2018, mientras en Catalunya regía el artículo 155, por lo que inicialmente jugó a la mimetización con una especie de gobierno paralelo en el exilio. La ficción duró poco, porque Quim Torra se convirtió en president en mayo de 2018, lo que hizo volver a Junts al reconocimiento de hecho de la legitimidad de la Generalitat autonómica. Pero el Consell siguió adelante como un espacio, decían sus promotores, que permitiría impulsar iniciativas a favor del independentismo fuera del alcance del Estado, al estar radicado en Bélgica.

En realidad el Consell de la República ha sido, más que ninguna otra cosa, el refugio de Puigdemont. Una entidad al margen de los vaivenes de Junts, que inicialmente fue el nombre de una candidatura del PDeCAT, después una coalición y finalmente ha acabado siendo un solo partido, en el que Puigdemont tiene la última palabra pero ya no cargo orgánico.

Sin embargo, la entidad que siempre ha presidido él mismo le ha permitido mantener una estructura que, como el propio Puigdemont, en cierta manera cuestionaba la legitimidad o la utilidad de las instituciones autonómicas. Y, además, estaba mucho más pegada al movimiento popular independentista, no sujeta a las contradicciones de la política institucional y preparada para dar cobertura a la actuación internacional del expresident, siempre encaminada a remarcar que en Catalunya la disyuntiva solo podía ser independencia o nada.

Todo esto se ha venido abajo en los últimos meses. El resultado de las elecciones del 23 de julio dio a Junts la llave de la investidura y convenció a Puigdemont que era el momento de negociar con el PSOE. Un giro de guion que muchos en las filas de Junts han seguido, pero que ha descolocado a otros. Los independentistas más irreductibles están sobre todo en el Consell per la República y son los que hasta ahora más piedras han puesto en el camino de Puigdemont hacia el acuerdo para la investidura.

De esta forma, el Consell de la República ha pasado de ser una herramienta para el líder de Junts a establecerse casi como un contrapoder para sus planes. Pese a la baja participación, los resultados en la votación sobre el bloqueo de la investidura, que forzó un grupo de militantes, acabó arrojando este martes el resultado de que hay unos 3.000 registrados en el Consell movilizados en contra de cualquier posible acuerdo entre Puigdemont y Pedro Sánchez, y otros 1.000 a favor. Pueden parecer números pequeños, pero en el último Congreso de Junts votaron en total 2.261 militantes.

Crisis y reforma del Consell

Pese a tener cerca de 50 años, al inicio del procés Mercè Zamora nunca había militado en ningún partido. “Mi implicación política empieza como ciudadana, reivindicando la independencia de Catalunya desde el fracaso de la la reforma del Estatut”, explica. Aunque se define como una independentista de izquierdas, tras los años álgidos del procés se interesó por el Consell de la República. La entidad se organiza a través de consejos locales, formados por militantes de base, y además inicialmente contaba con un consejo de gobierno, que dirige el organismo, y una asamblea de entre 100 y 140 miembros elegida por sufragio directo entre los registrados.

Zamora fue escogida por sus compañeros en noviembre de 2021 para formar parte de esa cámara. Desde ahí se impulsaron lo que ella considera iniciativas de gran interés, como las resoluciones que daban forma a lo que deberían ser en el futuro las instituciones de la República catalana. Pero a lo largo de los últimos dos años, las relaciones entre el Gobierno de la entidad, dirigido en la práctica por el número dos de Puigdemont en el Parlamento Europeo, Toni Comín, y la asamblea se habían ido enrareciendo. Los representantes tumbaban propuestas del Gobierno sobre la organización interna de la entidad, mientras aprobaban otras que la dirección no veía con buenos ojos.

El pasado mes de agosto, coincidiendo con el fin del mandato de los representantes, el gobierno de la entidad anunció que sometería a sus inscritos una consulta sobre una posible remodelación de la entidad. La idea era suprimir la asamblea tal como se conocía hasta el momento y sustituirla por dos espacios, uno de expertos y otro enfocado en los consejos locales. Esto generó fuertes críticas, tanto internamente como por parte de algunos líderes de opinión en el independentismo.

“Es evidente que se ha disuelto la asamblea de representantes porque obstaculizaba al Gobierno”, asegura Zamora, que se ha alzado como una de las voces más críticas. “Yo no puedo afirmar si esto [la disolución de la asamblea] está vinculado con la negociación de la investidura, pero hay mucha gente que puede pensarlo porque coincide”, añade la activista.

También Josep Guia, un veterano independentista valenciano que cuenta con trienios de militancia en diversas organizaciones, era miembro de esa asamblea de representantes. “Esa asamblea era la joya democrática del Consell, un órgano de elección directa formado por un 70% de mujeres, preparadas y combativas, y un órgano de ámbito nacional de los Países Catalanes. Y se lo han cargado porque en tres ocasiones el Gobierno no ha podido aprobar sus enmiendas”, se queja.

Ambos, Zamora y Guia, firmaron hace un mes un durísimo comunicado junto a una treintena de representantes de la asamblea, en el que cargaban principalmente contra Comín por su “deriva autoritaria”.

Toni Comín, vicepresidente de la entidad, rechaza las acusaciones y asegura que el gobierno del Consell optó por reformar, no por suprimir la asamblea. “Cuando se crea el Consell se entiende que debe ser el laboratorio de su propia arquitectura. No nos quedaremos en una estructura petrificada, sino que vayamos al ensayo-error. Y de hecho está en la segunda reestructuración, porque en el 21 también se evolucionó de la asamblea fundacional a lo que fue luego”, asegura Comín.

Según explica el también eurodiputado, la idea actual es que la asamblea se centre más en lo que tiene más valor, que no es hacer reglamentos internos sino crear legislación republicana. “Hemos aprendido estos dos años que si a la asamblea le ponemos demasiadas funciones se acaba centrando en la que tienen menos valor. Por eso hemos creado dos cámaras, y cada una con una sola función”, explica.

Puigdemont aguanta contra los duros

Desde que Puigdemont, prácticamente la misma noche electoral, emitiera la señal de que estaba dispuesto a abrir una negociación con el PSOE, en el seno de su partido nadie le ha llevado la contraria y ni siquiera entre los sectores más radicales la crítica ha subido de decibelios. Además, en un celo extremado por evitar filtraciones, ruido y fracturas internas, el eurodiputado ha tomado el mando de las conversaciones con el equipo de Pedro Sánchez y solo un reducido grupo de personas están al tanto de los detalles, de los que ni siquiera se da cuenta a la Ejecutiva del partido.

“Esta votación no vincula de ninguna manera a Junts”, afirman fuentes de la formación, que aseguran que Puigdemont ha sido claro tanto sobre sus objetivos como sobre la forma en la que desea negociar con el PSOE, en referencia a la conferencia del líder de Junts del pasado 5 de septiembre. “No cambia nada”, insisten.

Sin embargo, exmiembros de la asamblea del Consell como Zamora y Guia entienden que el expresident debería escuchar el sentir de la organización que preside. “Puigdemont siempre ha estado a favor de la negociación, pero de una negociación de Estado a Estado y con pies y cabeza”, explica Zamora. No es la única que piensa así.

Una persona que ocupó un cargo electo de Junts, pero sin vinculación con el Consell de la República y que prefiere no ser identificada, explica su postura así: “No me sorprende que las bases sigan diciendo lo mismo, sorprenderá en todo caso quién ha cambiado de opinión”. Según aduce, la opinión manifestada por los 3.000 socios de la entidad es la misma que la que defendía el partido en campaña y, sobre todo, la vía más unilateralista que ha abonado siempre el Consell de la República.

En cambio, Comín rechaza esa imagen de intransigencia que algunos achacan al Consell. “La idea siempre fue que había dos caminos, la confrontación y la negociación. Nos hemos centrado mucho en la primera porque la segunda no era posible. No es que ahora se cambie de estrategia, sino que se ha abierto la opción de negociar”, argumenta.

Puigdemont ha recibido el aval de su partido para negociar con absoluta libertad, y no ha cambiado sus planes ni ante las críticas de la ANC, ni ante el silencio absoluto de figuras con tirón en su partido como Laura Borràs. Nada hace pensar que lo haga un Consell de la República que, si la negociación llega a buen puerto y tanto él como Toni Comín se benefician de una amnistía, perderá su razón de ser como principal órgano del “exilio”.