“Esta legislatura queremos ir de la restauración de las instituciones a la recuperación de la democracia en su máxima expresión: la elaboración de un proyecto de Constitución”. Este es el recorrido que prometió Quim Torra para el Govern de la Generalitat que va a encabezar al ser investido president este lunes, superado el último escollo del aval de la CUP. Asumiendo que será un mandato provisional y en buena medida subordinado a las órdenes de Carles Puigdemont, Torra plantea un programa de gobierno que pasa por reparar los efectos del artículo 155, explorar un proceso constituyente o mantener la tensión internacional.
Todo ello en un mandato que podría durar apenas cinco meses, según planteó Puigdemont al diario La Stampa, con elecciones en diciembre de 2018 coincidiendo con el juicio a los líderes del procés y con la precampaña de los comicios municipales. Esto encajaría con la voluntad de Torra de formar un Ejecutivo “de transición”. Pero el programa plantea todavía algunos interrogantes –que podrían quedar despejados en las próximas semanas–, y se le añade una dificultad más: la CUP ha dejado claro que estará en la oposición, con lo que la gobernabilidad queda mermada ya antes de empezar.
“Restituir todo lo que han destituido con el 155”
Lo primero que hará Quim Torra tras formar Govern será crear un comisionado, adjunto a la conselleria de Presidencia, para que elabore un plan de choque y revisión de los efectos de la aplicación del artículo 155. “Restituiremos todo lo que han destituido sin el permiso de los catalanes”, expresó en su discurso.
Pese a la rotundidad de la afirmación, queda la incógnita de si se volverán a incorporar a la Generalitat los más de 200 cargos cesados. La mayoría formaban parte del equipo de confianza de los consellers, pero el 155 alcanzó también la cúpula de los Mossos d'Esquadra –con la relegación inmediata del major Josep Lluís Trapero o el cese reciente de la jefa de comunicación– o a organismos enteros de la Generalitat como el de acción exterior, el Diplocat.
En este punto Torra sí adelantó que, para mantener la actividad independentista en el exterior como uno de los ejes de su Ejecutivo, no sólo se reabrirán las delegaciones cerradas, sino que se ampliarán las existentes. La liquidación del Consejo de Diplomacia de Catalunya ha supuesto el despido de sus trabajadores y el cierre de todas las llamadas embajadas, a excepción de la de Bruselas.
El proceso constituyente, una incógnita
Si una cosa dejó clara Torra en su discurso de investidura es que mantienen “inalterada” su voluntad de “continuar el mandato de república del 1-O”. Hacer república será uno de los eslóganes que marcarán su legislatura, aunque el princial interrogante es cómo se avanzará hasta ese nuevo estatus tras la declaración fallida del 27 de octubre. Una de las vías que planteó Torra es tratar de aplicar las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional en los últimos años, desde la de vivienda –en parte– hasta la de impuestos a los bienes de lujo, pero la más destacada es su promesa de elaborar una Constitución catalana.
Esta legislatura debería servir para alumbrar un proceso constituyente en el que, según dijo Torra en la Cámara catalana, en el que se trace el modelo social, económico e institucional de Catalunya. “Un proceso participativo, de abajo arriba”, proclamó el presidenciable, que no despejó sin embargo la duda de si se va a realizar o no en sede parlamentaria. En 2016 se creó una comisión con ese objetivo que acabó con la primera querella presentada contra Carme Forcadell por desobedecer al TC, que había prohibido la votación de sus conclusiones.
En JxCat desconocen por ahora cómo se puede materializar este “gran debate nacional” que anunció Torra, aunque una vía a explorar podría ser la Asamblea de Electos. A esta figura le quiere dar Torra relevancia política “en el interior”, en contraposición al Consejo de la República en el exterior.
El papel en el exterior del Consell de la República
¿Qué papel jugará Carles Puigdemont en el nuevo Govern? Quim Torra le reconoció toda la legitimidad como president, pero asumiendo él el cargo, queda por resolver qué poderes tendrá el expresident desde Berlín. De entrada, es conocido que Puigdemont presidirá el Consejo de la República, un organismo que debía estar ubicado inicialmente en Bruselas pero que podría acabar en la capital alemana dadas sus circunstancias procesales. Según se filtró durante las negociaciones, el Consejo debe tener funciones de representación en el extranjero y de diseño de la estrategia soberanista a medio y largo plazo.
Torra confirmó la constitución de este Consejo, pero no proporcionó detalles de cómo y cuándo se reunirá, así como quien lo integrará. Durante el debate de investidura, Inés Arrimadas (Ciudadanos) lo tachó de “Parlament paralelo” y le preguntó si en él tendrían los independentistas el 100% de los integrantes.
La oposición de la CUP... y los demás partidos
El Govern lo tendrá complicado para sacar adelante estas y otras medidas que decida llevar al Parlament, puesto que no dispone de entrada de mayoría en el pleno, confirmada la consagración de la CUP a la “oposición activa”. Aunque no está previsto de entrada que Torra apruebe unos presupuestos, dado que los de este curso ya están prorrogados y los del que viene podrían cogerle ya fuera de la presidencia, sí lo puede tener difícil a la hora de aprobar proyectos de corte social y económico.
Aunque no les dedicó demasiado espacio en su discurso en el Parlament, Torra reivindicó que su mandato tendrá como ejes las políticas de progreso social y las de promoción económica. El impulso de la renta garantizada de ciudadanía, las políticas de género, los incentivos a la industria o la transición a las energías renovables fueron algunas de las medidas que enumeró frente a una Cámara que le será hostil.
Quizás por ello trató de acercarse en su intervención a la CUP, a los comuns o incluso al PSC. Los de Xavier Domènech, sin embargo, le apremiaron antes que nada a que de más detalles de un plan de gobierno que valoran lleno de interrogantes.