El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso del expresident catalán, Quim Torra, contra su condena de año y medio de inhabilitación por desobediencia. Los magistrados desestiman las alegaciones de Torra contra su condena por negarse a quitar lazos amarillos de la fachada del edificio de la Generalitat de Cataluña en plena campaña electoral en marzo de 2019, una vez se lo había ordenado la Junta Electoral Central. La sentencia no ha sido unánime: los magistrados Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez han anunciado votos particulares.
La sentencia, que se conocerá en los próximos días, asegura que Torra “no fue condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos, que deben estar al servicio de los intereses generales, no de un grupo más o menos concreto o numeroso de personas, con exclusión del resto”. La exhibición de los lazos amarillos, símbolo del independentismo catalán, “infringía el deber de neutralidad y objetividad que, en todo momento, debe ser respetado por los poderes públicos, pero especialmente durante el periodo electoral, como garantía de la limpieza del proceso democrático, y de la igualdad en las elecciones”.
El pleno del Tribunal Constitucional asegura en un comunicado difundido este miércoles que la conducta de Torra, que se negó en un principio a retirar los lazos amarillos, “no podía estar amparada en el ejercicio de derechos subjetivos, porque en su condición de Presidente de la Generalitat de Cataluña, y máximo responsable de la gestión de los edificios públicos, su conducta venía determinada por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.
El Tribunal Supremo ratificó en septiembre de 2020 la condena de desobediencia que le había impuesto previamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los jueces acusaron a Torra de desobedecer a la Junta Electoral de forma “contumaz y obstinada” y mantener la simbología independentista en edificios públicos en plena campaña electoral. Una sentencia que desencadenó un terremoto político en Cataluña: los jueces ejecutaron de manera casi inmediata la sentencia y Pere Aragonès fue proclamado su sustituto.