El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso de la Generalitat de Catalunya contra el Ingreso Mínimo Vital al entender que es una competencia estatal puesta en marcha respetando las competencias autonómicas. El ejecutivo catalán cuestionaba que la medida aprobada por el Gobierno en mayo de 2020 invadía sus competencias en materia de Seguridad Social y había recurrido ocho artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias.
La respuesta del Constitucional es que no existe invasión de competencias porque el Gobierno puso en marcha la medida “dentro de la competencia estatal sobre legislación básica en materia de Seguridad Social entra la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social”. Avalan también los jueces del tribunal de garantías que el ejecutivo central legislara con el Ingreso Mínimo Vital “la determinación de su modelo de gestión, lo que garantiza que el acceso a tales prestaciones y su disfrute por parte de los ciudadanos se produzca de forma igualitaria y homogénea en todo el territorio nacional”.
El traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat de Catalunya es uno de los asuntos que están encima de la mesa del ejecutivo nacional y el catalán después del apoyo de ERC a los últimos Presupuestos Generales del Estado.
La decisión del Constitucional no ha sido unánime. Los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer han emitido un voto particular contrario en el que explican que esta decisión “consolida la privación a la comunidad autónoma de Cataluña de competencias que le son propias”. Para estos dos magistrados, la sentencia de sus compañeros “difumina los contornos, hasta la fecha claros, entre la competencia normativa en materia de seguridad social, y la competencia, más amplia, en materia de régimen económico de la Seguridad Social”.
Escrivá en Barcelona
Justamente este miércoles el ministro José Luis Escrivá, del que depende la gestión del IMV, se encuentra en Catalunya, donde ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y el jueves lo hará con los representantes de la Generalitat en temas sociales. Desde el Govern han reaccionado a la sentencia calificándola de “recentralización”. En un comunicado, han insistido en que una gestión de “proximidad” mejora el acceso a la prestación.
Según la Generalitat, la sentencia “supone una involución de las competencias de la Generalitat, ejercida desde hace más de 30 años, y va claramente en detrimento de una buena atención a las personas que más lo necesitan”.
Tras el encuentro de hoy con el gobierno de Ada Colau, Escrivá y la alcaldesa han anunciado un convenio para la ciudad que consistirá en un plan piloto dotado de 10 millones de euros para desarrollar una política de inclusión sociolaboral. El dinero procederá de los fondos europeos y alcanzará a unas 1.000 familias durante la fase experimental. Consistirá sobre todo en la creación de una “oficina única” para orientar los itinerarios de quienes perciban la prestación del IMV.