Las imágenes de la agresión a dos activistas animalistas por parte de cuatro asistentes a un correbous y la prohibición de que el Toro de la Vega muera –aunque no del conjunto de este torneo taurino– han vuelto a poner sobre la mesa si los derechos de los animales en general y de los toros en particular están suficientemente protegidos. En Catalunya, donde las corridas de toros están prohibidas desde 2012, el foco se ha situado en una modalidad alternativa de espectáculo taurino, los correbous, que cuentan con gran arraigo en especial en las Terres de l'Ebre, pero también en otros municipios.
La ley 34/2010 que regula (y blinda) los correbous delimita que sólo se pueden autorizar en aquellas poblaciones y fechas que sean tradición, prohíbe la participación de menores y establece una serie de requisitos técnicos, de seguridad del recinto y repecto al animal (por ejemplo, la revisión del toro antes y después del correbous por parte de un veterinario). No obstante, los animalistas denuncian que no siempre se cumple lo que marca la normativa.
Los defensores de los derechos de los animales tienen en el punto de mira dos modalidades concretas de correbous: el 'bou embolat', donde se colocan dos bolas de fuego en las astas del toro; y el 'bou capllaçat', que consiste en ligar una cuerda de la asta del animal y hacerlo correr por las calles del pueblo. “Yo estoy por la abolición, en especial del bou embolat y el capllaçat, que son las prácticas más duras y crueles con el animal”, explica la abogada Magda Oranich, una de las voces más veteranas en la defensa de los derechos de los animales en Catalunya.
Por su lado, la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau, valora que “quizás sea el momento de replantear” estas dos modalidades de correbou, ya que “son las que más sufrimiento animal provocan y donde menos se salvaguardan los derechos de los animales”.
Los colectivos animalistas coinciden en señalar el embolat y el capllaçat como las prácticas más dolosas para el animal, pero además piden un debate sobre los correbous en su totalidad, también en las modalidades donde se deja suelto al animal en un recinto cerrado (como una plaza de toros) o en las calles de un pueblo. “Ha llegado el momento, cada vez vemos que se están sumando más detractores de los correbous”, asegura Anna Mulà, abogada y responsable jurídica de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que desembocó en la abolición de las corridas de toros en Catalunya.
Mulà valora que cuando en 2010 se votó la ILP para prohibir las corridas de toros, los correbous “no eran ni mucho menos tan conocidos y no generaban el rechazo que generan a día de hoy”. En paralelo a los aspectos vinculados a los toros, la legislación catalana en protección animal ha avanzado en estos años con la prohibición de animales salvajes en los circos aprobada por el Parlament el año pasado.
Además, el trabajo de los animalistas también ha llegado a los plenos municipales. Así, Olot (Girona) se ha adherido a la campaña que pide la supresión del correbous y celebrará una consulta popular a principios de junio sobre su prohibición en las próximas fiestas patronales. Otra localidad gerundense, Torroella de Montgrí, también prohibió los correbous a principios de este mes; y Roses hizo lo mismo en marzo.
Un tema sensible en el Ebre
Con todo, en las Terres de l'Ebre, donde los correbous cuentan con más arraigo social, encarar el debate sobre su prohibición todavía genera mucha controversia hoy en día. Los animalistas buscan la fórmula para enmarcar el debate sobre los correbous en el terreno del derecho del animal. Quieren evitar a toda costa que la cuestión acabe centrada en la tradición del espectáculo, el elemento cultural del mismo y, en especial, que se convierta en un debate identitario, tal y como ocurrió con la abolición de las corridas de toros.
Identitario no sólo en lo referente a Catalunya y España, sino en concreto sobre la relación entre las Terres de l'Ebre y el resto de Catalunya y Barcelona en particular. Y es que las comarcas del sur de Catalunya son las que históricamente acumulan menos inversiones del Govern y están consideradas como las 'grandes olvidadas' a nivel de políticas públicas.
“El derecho del animal a no sufrir tendría que estar por encima de cualquier voluntad, política o de cualquier otro tipo”, razona Oranich, que recuerda que la legislación europea da la razón a los animalistas y que países como Austria protegen constitucionalmente los derechos de los animales.