Pretender que los ciudadanos acierten con las grandes cifras de una sociedad es un empeño demasiado optimista. Algunos errores sí son reveladores de un determinado estado de opinión. Según la última encuesta del CEO, los catalanes creen que la población de origen extranjero alcanza el 34% de su comunidad. El porcentaje real es la mitad, el 17%.
Es imposible desligar esta confusión de la pretensión de relacionar inmigración y delincuencia que han fomentado varios partidos políticos. Quien se ha distinguido en esta campaña ha sido alguien que no es candidato, pero que de repente ha visto que se juega su reputación con el resultado del domingo.
Con otro gran salto desde su presunta moderación, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en la última semana en colocar esos conceptos en la misma frase, a veces con una sintaxis atropellada producto de querer decir algo, pero sin que se note mucho. “Le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero (también a) los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no pudiendo entrar en nuestras propiedades”.
La oratoria resulta un tanto confusa, pero la intención es evidente. Podemos ser tan duros e implacables como los de Vox, esos a los que pensábamos que íbamos a superar con facilidad en las urnas.
La polémica sobre seguridad ciudadana cobró protagonismo hace unos meses cuando Junts reclamó al PSOE competencias sobre inmigración mezclando algunos asuntos, como la expulsión de delincuentes extranjeros, en los que los gobiernos no tienen la última palabra, y mucho menos los autonómicos. En realidad, en Catalunya se llevaba un tiempo hablando de ello a instancias de los alcaldes de Junts. No eran los únicos. Los alcaldes socialistas también estaban muy preocupados por el aumento de la inseguridad en algunas poblaciones, aunque se cuidaban de no vincularla a la inmigración.
El mensaje xenófobo al que estaba acercándose Junts –entre otras cosas, con la intención de debilitar al Govern de Esquerra– se puso de manifiesto con las declaraciones de su secretario general, Jordi Turull, aunque él afirmaba que le daba igual el origen de los delincuentes: “No actuar contra los delincuentes multirreincidentes que vivan aquí haga quince días u ocho generaciones es poner en peligro la convivencia y la cohesión”.
El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, le respondió que mezclar delincuencia con inmigración, al suscitar el tema de las expulsiones, “no solo es un error y malo para la convivencia, sino que es mentira”. Elena dijo que el único problema es la multirreincidencia, por lo que pedía una reforma del Código Penal, una reclamación que lleva haciéndose y ejecutándose desde los años ochenta, pero que aparentemente nunca pierde actualidad.
Carles Puigdemont se debió de dar cuenta de que alentar ese debate en los términos que reclaman sus alcaldes podría llevar a que sus votantes prestaran más atención a Aliança Catalana, un grupo tan ultraderechista como independentista que se presenta por primera vez a las elecciones autonómicas con claras opciones de entrar en el Parlament con varios escaños. Por eso, esta semana montó un acto en el sur de Francia dedicado al “reto demográfico”, una forma sutil de hablar del tema sin deslizarse por la pendiente racista.
“No mezclemos dos debates (sobre inmigración y delincuencia) que no tienen nada que ver”, dijo el expresident. “Hay quien los quiere relacionar. Pero es mentira, no tienen nada que ver. La delincuencia tiene que ver con la pobreza, con la exclusión social y con el fracaso de la reinserción en algunos casos”.
La declaración es tan rotunda que provoca pocas dudas. Tampoco hay que olvidar que Aliança, a diferencia de Vox, sí compite por el electorado independentista. Su líder, Sílvia Orriols, ha querido erigirse en voz de los indepes que se sintieron traicionados después de que las promesas hechas en 2017 quedaran en nada: “Aliança Catalana es la voz de todos los que participaron y ganaron el referéndum del 1 de octubre, un referéndum que nuestros dirigentes invalidaron deprisa y corriendo para salvar la piel”.
La xenofobia no es el único recurso con el que Orriols quiere entrar en el Parlament después de convertirse en 2023 en alcaldesa de Ripoll, localidad gerundense de 10.000 habitantes.
Los socialistas han exigido en esta legislatura la dimisión del conseller de Interior, que fue militante del PSC durante 31 años, por el aumento de delitos en Catalunya y la falta de medios en los Mossos. Salvador Illa apoya a sus alcaldes con el mensaje de que “la seguridad es un valor de izquierdas y progresista”, no sea que la gente crea que sólo la derecha se preocupa por el orden.
En un debate televisado, anunció que Núria Parlon será su consellera de Interior. Es la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (119.000 habitantes), una de las que se interesa por destacar lo mucho que le preocupa la seguridad. En su instagram, son frecuentes las noticias sobre los controles de la policía local, no importa lo escasos que sean los resultados.
Como siempre con la inseguridad ciudadana, percepción no es sinónimo de realidad. Algunos datos hablan por sí mismos. Hubo cuatro ciudades catalanas entre las diez que sufrieron más delitos por habitante en España en 2022. Las que encabezaron la lista eran El Prat de Llobregat y Salou. Barcelona fue la séptima. Otros datos admiten más interpretaciones. Los delitos crecieron en la ciudad de Barcelona en 2023, pero estaban por debajo de los de 2019. Los robos, que son los delitos que más inciden en la percepción de la opinión pública, cayeron con un claro descenso con respecto a cinco años atrás. En el conjunto de la comunidad, la sensación de inseguridad ha alcanzado niveles nunca antes alcanzados.
Acuciado por el peligro de que Vox vuelva a tener más votos que el PP, Feijóo ha ordenado que su partido afirme que defiende lo que llama “el modelo Albiol” con una campaña de última hora en redes. En el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es habitual la retórica reaccionaria (“limpiando Badalona”) que en 2023 le terminó resultando muy rentable. Obtuvo 18 de los 27 concejales de la corporación.
La campaña de Alejandro Fernández ha insistido en el lenguaje de ley y orden con la acostumbrada obsesión por las ocupaciones, que las cifras oficiales no confirman. En 2022, el 98% de las ocupaciones denunciadas lo fueron en pisos vacíos. No tiene mucho interés en presentar a Albiol como el mejor referente, quizá por las difíciles relaciones personales entre ambos políticos.
A Feijóo eso no le preocupa. Lo que sí sabe seguro es que no superar con claridad a Vox sería un fracaso y el peor escenario de partida de cara a las elecciones europeas. Relacionar inmigración y delincuencia es una idea aborrecible para la mayoría de los partidos. Para Feijóo, es sólo un día más en la oficina.