Criptomonedas, desinformación y 10.000 soldados rusos: la última tesis de un juez sobre el procés

Empujado a un segundo plano por la pandemia y la crisis económica, el proceso soberanista ha vuelto este miércoles a abrir telediarios por la operación lanzada por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que ha comportado la detención de tres empresarios bien conectados con el independentismo, Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell. El magistrado, en base a los informes de la Guardia Civil, apunta a una teoría que hasta ahora todos los jueces que habían investigado el procés no habían contemplado: el supuesto apoyo del Kremlin a la independencia de Catalunya como parte del objetivo ruso para desestabilizar Europa.

El juez y la Guardia Civil sospechan que tres días antes de la declaración de independencia de 2017 Rusia ofreció trasladar a Catalunya a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que Carles Puigdemont rechazó, y que en paralelo “el gobierno del Kremlin”, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el extrabajador de la CIA Edward Snowden, y “medios de comunicación controlados por el Kremlin como Russia Today y Sputnik” llevaron a cabo “una estrategia de desinformación y desestabilización” sobre el procés “como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”.

Para llegar a plantear tales hipótesis el juez se apoya en Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Este expolítico es uno de los investigados iniciales de un caso que se abrió en 2016 por subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència, entre ellas las vinculadas a Terradellas. Los pinchazos telefónicos a este político y la documentación que se le incautó en los registros de hace un año son la cobertura que han encontrado el juez y la Guardia Civil para derivar una investigación sobre desvío de subvenciones a una macrocausa sobre el procés.

En el auto por el que acuerda uno de los registros de este miércoles, el juez expone como “indicio principal” dos conversaciones de Tarradellas con Madí y Vendrell de mayo de 2018, grabadas por el propio Terradellas en su teléfono móvil sin que sus interlocutores lo supieran. En las grabaciones Tarradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un “grupo ruso creado en la época de Gorbachov” con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”. Pero el expresident, siempre según lo expuesto por Terradellas, “es va cagar a les calces” (traducido al castellano, se cagó en los pantalones). “El grupo ruso quería hacer de Catalunya un país como Suiza”, apostilla el juez.

Según el auto, el “grupo ruso” mencionado por Terradellas tenía interés en “participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures” –director general de Mediapro– y, para ello, querían “colocar a una persona en primer nivel”. Además estaban dispuestos a invertir “entre 100 y 300 millones”. Terradellas y la mayoría de la treintena de investigados iniciales desde 2016 por las subvenciones de la Diputación todavía no han sido llamados por el juez a declarar.

Terradellas, un 'free-rider' con teléfonos de todo el mundo y una alta capacidad de insistencia a los dirigentes catalanes, vuelve a ser la palanca que da un impulso a la causa, como ya ocurrió el año pasado, cuando a partir de los insistentes mensajes que el exidirigente de Convergència envió a Puigdemont el juez abrió una línea de investigación sobre si las subvenciones fraudulentas de la Diputación costearon la estancia del expresident en Bélgica. Entre los mensajes que Terradellas mandó a Puigdemont, que el expresident ignoró, destacan las iniciativa del exdirigente de CDC en favor de la independencia con un emisario de Putin u otro de San Marino. Terradellas reconoció los mensajes, pero aseguró que él “iba por libre”, sin recibir indicaciones de la Generalitat.

La otra pata de la supuesta trama rusa dibujada por el juez y la Guardia Civil descansa en la reunión que Soler mantuvo con el líder de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017, cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el Gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin aportar otro dato más que la reunión en sí, la Guardia Civil la enmarca en una “estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”.

“La estrategia de comunicación en la que participaron Soler y Assange”, continúa el Instituto Armado, se basó en “el uso de redes sociales, tuits de Assange y Edward Snowden, las fábricas en la web respecto a los medios de comunicación Sputnik y Russia Today y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en los que participa Oriol Soler”. Menciona además la Guardia Civil, sin más concreción, la “guerra de información a la que el general ruso Valery Gerasimov hace numerosas referencias”.

“Parece evidenciarse que la injerencia rusa como medida de estrategia política de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017, y para ello se difundieron desinformación y noticias falsas, como que se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. […] La estrategia de comunicación es una herramienta clave para lograr los objetivos que se persiguen, especialmente ganar adeptos a la causa independentista, que siendo legítima permite a los investigados desviar fondos públicos para lucrarse de forma flagrantemente irregular a costa de ella”, remacha el informe de la Guardia Civil citado por el juez.

Con todo, la propia Guardia Civil reconoce que no tiene pruebas sobre si las subvenciones que recibieron los grupos empresariales de Soler de la Generalitat suponen un fraude. “No se puede determinar que por sí mismo los contratos menores constituyan una irregularidad”, indica el Instituto Armado, que agrega que el presunto desvío de subvenciones se trata de “una información que habría que verificar correctamente con los expedientes administrativos correspondientes”.

Cabe recordar que la Guardia Civil ya había introducido la reunión de Soler y Assange en un informe remitido en 2017 en la investigación que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona realizó sobre los preparativos del referéndum. El encuentro con Assange, así como su papel en el sanedrín del procés, sirvió al Instituto Armado para otorgar una participación “destacada” en el 1-O a Soler, pero el juez obvió el informe de la Guardia Civil y nunca llamó a Soler a declarar ni como testigo ni mucho menos como investigado.

El penalista Benet Salellas, que defiende a Soler, ha tildado de “kafkiana” la investigación de la Guardia Civil y del juez. Otras fuentes jurídicas consultadas han declinado comentar los informes de la Guardia Civil, pero han querido recordar que la Audiencia Nacional la semana pasada, en la sentencia que absolvió a Trapero, valoró la forma de investigar del teniente coronel Daniel Baena como “alejada de los parámetros del razonamiento probatorio indiciario, en la medida que lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”.

Corrupción urbanística y Tsunami

Además de la supuesta trama rusa, la financiación de la estancia de Puigdemont en Bélgica y el presunto fraude en las subvenciones de la Diputación a entidades afines a CDC, la investigación del juez Aguirre tiene otras dos ramificaciones. La causa también está abierta por el delito de desórdenes públicos en relación con las protestas contra la sentencia del procés que organizó Tsunami Democràtic.

Según un informe de la Guardia Civil citado por el juez, “se acredita la dirección y participación directa de Vendrell” en el Tsunami en base a pinchazos telefónicos en los que afirma “ya enviaré a gente para proteger Plaza Urquinaona o hemos montado un escenario en la autopista o que no se debían focalizar exclusivamente en Barcelona”.

Asimismo, se investiga una trama de corrupción urbanística que implica a Vendrell, dos altos altos cargos de la conselleria de Educación, la directora general de centros privados y concertados, Pilar Contreras, y el director de centros públicos, Josep González Cambray; el alcalde alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y al arquitecto municipal, Ramon Vilà. Todos ellos han sido detenidos este miércoles.

El jueza investiga una recalificación de Villa Bugatti, una masía de lujo ubicada en Cabrera de Mar y gestionada por Vendrell. La recalificación investigada consistió en una reordenación del plan urbanístico para adaptar la masía en una escuela para niños con dislexia y trastornos de atención como TDAH. El centro pidió dos líneas de concierto educativo que el departamento denegó, según fuentes de Educación. El presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro es también Vendrell.