Cuatro horas en la Comisión de Secretos Oficiales: espionaje a Aragonès, avales del juez y diez nombres tachados

La comisión que se reunió en el Congreso este jueves, rodeada de fuertes medidas de seguridad, es la más secreta de las que se celebran en la Cámara. Bajo el nombre oficial de Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, y presidida por la propia Meritxell Batet, el encuentro sirvió para que la directora del CNI, Paz Esteban, aportara a un grupo elegido de diputados información confidencial sobre el escándalo de espionaje político que ha estallado en medio de la legislatura y ha abierto al Gobierno diversos frentes.

La sesión, que comenzó a las 9 de la mañana reunió a Batet, a la compareciente y a los diez diputados que la integran y que fueron elegidos por el Pleno la semana pasada, después de que estallara el escándalo y tras dos años bloqueada por el veto del PP a ERC y EH Bildu. La presidenta del Congreso tuvo antes que modificar la norma y reducir las mayorías necesarias que se exigían para formar parte de la comisión (de 210 diputados a mayoría absoluta). Fue la única vía que encontró el Parlamento para desbloquear su constitución.

En total, 12 personas (compareciente aparte) si se cuenta al secretario de la comisión, que tienen el estricto deber de guardar secreto de todo lo que allí ocurra, bajo amenaza de incurrir en delitos que pueden incluso llevar a la prisión a los diputados que se lo salten, según la ley que la regula de tiempos de la dictadura. 

Este jueves Esteban acudía con el encargo de dar detalles sobre los ataques con el software Pegasus que se ha practicado a una sesentena de independentistas, según las informaciones obtenidas por el organismo canadiense Citizen Lab. Pero el pasado lunes el Gobierno sorprendió con el anuncio de que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habían sido infectados con el mismo programa en medio de una crisis institucional y la bronca de los socios con el Gobierno. Las explicaciones de Esteban llegaban con aún más incentivos, aunque el resultado, como ha ocurrido en otras ocasiones, no estuvo a la altura de las expectativas.

Nada más comenzar la sesión de la comisión, los diez diputados pudieron acceder durante unos 15 minutos a un legajo de documentos que les fue repartido. En estos papeles figuraban las solicitudes del CNI al juez para intervenir los teléfonos de diversas personas vinculadas de alguna forma con el independentismo catalán. Había dos tipos de solicitudes: 18 en las que figuraban el nombre y los apellidos de cada afectado, además de una exposición de motivos sobre las razones aducidas por Inteligencia para espiarle. Pero en otras, una decena, los nombres estaban tachados para que los diputados no pudieran conocer a quién correspondían esas solicitudes. Todas las peticiones están avaladas por el juez del Supremo encargado por ley de los asuntos del CNI, Pablo Lucas.

Entre las autorizaciones en las que sí figuraba el nombre del afectado la más llamativa era la del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Su nombre ya había aparecido en la investigación de Citizen Lab, pero no se esperaba que fuera uno de los independentistas a los que se habría reclamado oficialmente espiar. El aval judicial de Aragonès estaba fechado en 2019, cuando ocupaba el cargo de vicepresident. Su nombre era, además, el único de los presidentes de la Generalitat que también figuraban en la lista de Citizen Lab, que también incluía a Artur Mas y a Quim Torra.

Las 18 solicitudes hacían un repaso muy variado por todas las familias del independentismo, entre políticos, organizaciones sociales y personas relacionadas con algunos líderes. Ahí estaba, por ejemplo, según ha podido saber elDiario.es, el nombre de Marcel Mauri, exvicepresidente de Òmnium y considerado mano derecha de Jordi Cuixart al frente de la entidad. También figuraban dos presidentes de la ANC: el anterior, Jordi Sànchez, y la actual, Elisenda Paluzie. O el diputado de la CUP Carles Riera. También había personas cercanas al expresident Puigdemont, como su abogado, Gonzalo Boye, y el director de su oficina, Josep Alay, aunque no el expresident. Según la Cadena SER, entre los avales aportados también aparecían los nombres de Elies Campo, informático y una de las personas que llevaron a cabo la investigación de Citizen Lab, y Josep Maria Matamala, considerado uno de los apoyos de Puigdemont en Bélgica.

También sorprendieron a los diputados algunas ausencias. Por ejemplo, ninguno de los parlamentarios que aparecen en la lista de Citizen Lab está entre los 18 mostrados por la directora del CNI. Y tampoco había personas residentes fuera de España, como el propio Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Dirigentes independentistas apuntan la posibilidad de que Esteban no haya mostrado todas las autorizaciones reclamadas por el CNI y haya evitado las que tienen un encaje judicial más complicado, como por ejemplo aquellas que afectan a aforados o a ciudadanos extranjeros.

Las explicaciones de la máxima responsable de los servicios secretos duraron casi cuatro horas. Buena parte de su exposición se ocupó, según fuentes conocedoras de su contenido, en explicar el marco legal y legislativo con el que actúa el CNI. En otra parte, más ceñida al caso, Esteban explicó que su organización recibe anualmente unas orientaciones políticas sobre los temas que debe cubrir, entre los que figura la cuestión independentista, pues es considerado un movimiento potencialmente desestabilizador y que puede generar violencia. De esta forma justificó las investigaciones seguidas por Inteligencia en diversos momentos sobre el secesionismo.

Esteban, con rango de secretaria de Estado, llegó al Congreso acompañada de su directora de comunicación. Al entrar sí se dejó ver por los periodistas. A la salida, lo hizo por una puerta diferente y evitó a la prensa. La directora del CNI fue extremadamente cuidadosa en su exposición, hasta el punto que no pronunció en ningún momento la palabra Pegasus, y eso que la sesión era prácticamente un monográfico sobre este programa de espionaje. La razón hay que buscarla en la ley reguladora del CNI, que en su artículo 11 dispone que el Congreso puede acceder a materias clasificadas “con excepción de las relativas a las fuentes y medios” que el centro utiliza.

Silencio sobre Pegasus

La compareciente evitó entrar en algunas cuestiones sustanciales, como por ejemplo si los servicios secretos españoles compraron Pegasus. No dijo ni que sí, ni que no. Simplemente, que no podía hablar de ello. La ley, efectivamente, le obliga a mantener el secreto sobre los medios que utiliza el CNI para su labor.

En cambio, la directora del CNI sí se refirió a una cuestión con la que se había especulado a raíz del escándalo del espionaje: la posible relación de Rusia con el independentismo catalán. Esteban no trazó vínculos directos, pero sí consideró que el Gobierno de Putin puede estar utilizando las informaciones relacionadas con el espionaje en sus campañas de desinformación, en la medida que estas pueden contribuir a desestabilizar ciertos estados europeos.

Poco dijo la jefa de la inteligencia sobre los casos de espionaje que han sido detectados por Citizen Lab o por el Centro Criptográfico Español pero sobre los que el CNI asegura que no tiene relación. Entre otros, los que afectan a Sánchez y Robles. De estos dos, nada de nada. Respecto a los casos en los que no hay autorización judicial, Esteban consideró que podrían provenir de terceros países o bien de elementos españoles que actúen fuera de la ley o fuera de sus competencias. 

Tras la comparecencia se ha producido la habitual ronda de declaraciones de los portavoces que han asistido, al menos de la mayoría. “Queda mucha tela por cortar”, dijo el representante del PNV, Aitor Esteban, antes de irse sin decir nada más. El más hablador fue Gabriel Rufián. El portavoz de ERC afirmó salir “tan intranquilo como demócrata” como entró. Míriam Nogueras (Junts) sostuvo que la comparecencia confirmaba un “espionaje masivo” al mundo independentista. Y Pablo Echenique, de Unidas Podemos, reiteró su petición de que se asuman “responsabilidades políticas” al más alto nivel, en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En el otro lado de la balanza, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos defendieron no solo a la directora del CNI, sino que se dieron por satisfechos con las explicaciones. Todo, dentro del guion previsto en una comisión cuyas pocas reuniones siempre tienen un final muy similar. La crisis política sigue abierta.