No será un juicio más de las decenas que se celebran cada día en la Audiencia de Barcelona. Un futbolista poderoso y conocido a nivel mundial se sentará en el banquillo acusado de agresión sexual. La vista oral del caso Dani Alves, uno de los primeros juicios mediáticos tras la nueva ley del 'solo sí es sí', se celebrará después de que el tribunal haya decidido una batería de medidas que buscan proteger a la denunciante ante el riesgo de revictimización.
La revictimización es el término utilizado para referirse al daño que produce en muchas víctimas de violencia la respuesta judicial, social, mediática e institucional a su caso. Puede ser indirecta, como ocurre en ocasiones fruto de los trámites que exige el proceso penal, o directa, cuando hay intención de poner en la diana a las denunciantes para cuestionar su credibilidad.
Inhabituales hace unos años, las órdenes que ha impartido la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona para la “adecuada protección” de la denunciante no impedirán a los medios (se han acreditado 270 profesionales, de los que 40 vendrán del extranjero) seguir e informar del juicio. Se busca así compatibilizar la publicidad necesaria de la vista con frenar el impacto sobre la denunciante, más después de que su identidad y su imagen fuera divulgada por la madre de Alves en un intento de desacreditarla que ya está en los juzgados de Barcelona.
Toda denunciante de violencia sexual que llega al impersonal Palacio de Justicia de Barcelona tiene la opción de ser acompañada por agentes especializadas de los Mossos d'Esquadra antes y después de su declaración. El objetivo es tranquilizar en la medida de lo posible a las víctimas antes de que tengan que rememorar en la sala de vistas unos hechos casi siempre traumáticos.
Un paso doloroso, pero indispensable para poder ejercer justicia y que muestra la complejidad del equilibrio que deben guardar los tribunales entre no revictimizar más a una denunciante y respetar el derecho a la presunción de inocencia y a un derecho justo del acusado.
Al igual que ocurre en otros juicios por violencia sexual, el tribunal del caso Alves ha acordado que la declaración de la denunciante en el juicio se realice a puerta cerrada, sin que los medios de comunicación puedan presenciarla. También ha decidido que la joven esté separada por un biombo de Alves para garantizar que no haya confrontación visual entre ellos.
Sí son menos usuales, aunque el tribunal las impone ante el interés mediático del caso Alves, otras medidas de los magistrados para proteger a la joven y evitar cualquier filtración de aspectos personales y de su intimidad: abogados, fiscal, testigos, acusado y peritos deberán referirse a la mujer como “la denunciante”, no por su nombre de pila o apellidos.
Tampoco se podrán divulgar datos que conduzcan a desvelar su identidad o la de sus familiares, y la grabación de su declaración en el juicio se realizará con la voz distorsionada y la imagen pixelada para evitar su filtración. Y los medios podrán seguir todas las sesiones del juicio, salvo la declaración de la joven, pero no podrán emitir audios ni vídeos de lo que diga Alves o los testigos.
Hasta 12 años de cárcel
El tribunal ha concedido mucho margen a acusaciones y defensas para argumentar sus respectivas tesis. Lo muestra el amplio número de testigos propuestos y acordados, por encima de la media de los juicios por agresión sexual.
Hasta 28 testigos están citados entre el lunes y el martes por la Audiencia de Barcelona para ilustrar al tribunal. Ninguno de ellos pudo presenciar el núcleo de los hechos –la violación denunciada habría ocurrido en un pequeño baño del reservado de la discoteca Sutton sin cámaras–, pero sí vieron todo lo que pasó antes y después.
Las dos jóvenes que acompañaban a la denunciante en la discoteca tendrán que ratificar si, como declararon en fase de instrucción, Alves también las abordó. El personal de seguridad y de dirección de Sutton, por su lado, dará cuenta al tribunal de cómo la joven salió del reservado y, entre lágrimas, denunció minutos después de los hechos que había sufrido una violación, lo que permitió activar con rapidez el protocolo contra las violencias sexuales.
Son precisamente las pruebas biológicas las que más acorralan a Alves y las que motivaron uno de sus cambios de versión durante la instrucción del caso: después de que se encontraran restos de su ADN en la denunciante, el jugador pasó de mantener que no hubo contacto sexual a defender que se trataron de relaciones consentidas.
Aunque, como en todos los juicios, es posible un pacto hasta el último minuto, las fuentes del caso consultadas lo descartan. Hubo un intento durante el verano a instancias de la defensa, entonces ejercida por el letrado Cristóbal Martell, pero las negociaciones fracasaron.
La nueva defensa de Alves, que ejerce la abogada Inés Guardiola, solicita la absolución al alegar que las relaciones fueron consentidas y que se han vulnerado los derechos fundamentales del jugador durante la instrucción. También ha pedido, que en caso de condena, se aplique una atenuante por ir borracho.
Por contra, la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la abogada Esther García, solicitan nueve y doce años de cárcel respectivamente. El jugador afronta el juicio con un reguero de “indicios fundados” en su contra, según dejó escrito la Audiencia de Barcelona, que en hasta dos ocasiones ha rechazado revocar la prisión preventiva en la que el futbolista permanece desde el 20 de enero del año pasado.