Las multas no hacen retroceder a Cabify en Barcelona. Ha pasado casi un año desde que la Generalitat aprobó el decreto para las VTC en Catalunya. La compañía de transporte de pasajeros anunció por entonces junto a Uber que se marchaba de la ciudad, pero volvió con una triquiñuela legal y a día de hoy, pese a las sanciones, sigue creciendo. Acumula un 30% de las licencias de la comunidad autónoma.
En plena negociación con los taxistas, que vuelven a amenazar con una huelga durante el Mobile World Congress en febrero, la Generalitat detalló este martes que ha impuesto 54 multas a Prestige & Limousine –la filial de Cabify titular de los vehículos– por incumplir su decreto. Las sanciones son principalmente a por tener vehículos que no estaban dados de alta en el registro electrónico de VTC, por no cumplir los 15 minutos de precontratación de sus servicios o por captar clientes mientras circulan por la ciudad, cuando deberían volver a la base.
La cifra de sanciones, que para el caso de la Generalitat asciende a un montante de 32.000 euros, es con toda seguridad mucho más elevada, puesto que hay que incluir las impuestas por la Guardia Urbana de Barcelona. Son 259 multas a vehículos VTC que operan en la ciudad y, pese a que no detallan de qué empresas son, en el consistorio asumen que la gran mayoría son de Cabify.
Pero la multinacional española fundada por Juan de Antonio –también creador de Tuenti– no ha echado el freno en Catalunya. Tras marcharse durante el mes posterior a la aprobación del decreto que acota la actividad de las VTC, volvió con una flota de 300 coches. Menos de un año después tiene ya 800 y ha ampliado su servicio, en modalidad de reserva, a Mataró, Terrassa, Martorell y Sitges. Son una de cada tres licencias de las 2.500 que hay autorizadas para VTC en Catalunya.
“Nuestro modelo de negocio como empresa de transporte se ajusta a la normativa vigente y recurriremos cualquier sanción”, aseguraron fuentes de Cabify cuando se conoció el volumen de multas recibidas. Es de prever por lo tanto que las sanciones acaben pronto en un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), puesto que al menos las de la Generalitat corresponden a expedientes ya cerrados y que, en consecuencia, hay que abonar o recurrir.
Desde su vuelta, Cabify ha operado con una interpretación propia del decreto que, en la práctica, supone esquivarlo. Si la Generalitat incluyó un intervalo mínimo de 15 minutos entre que un usuario pide uno de sus coches y este acude a recogerlo, con el objetivo de diferenciarlo de la inmediatez del taxi, la compañía interpretó que esta precontratación se tenía que cumplir solo la primera vez que un usuario pide uno de sus vehículos. En los servicios siguientes aseguró que funcionaría como siempre.
Además de Catalunya, otras comunidades donde opera Cabify también han aprobado en los últimos meses regulaciones de las VTC que fijan una precontratación de 15 minutos e impiden la captación activa de clientes. La principal es la Comunidad Valenciana, donde se han abierto 38 expedientes sancionadores a plataformas de VTC como Cabify en lo que va de año.
Sin noticias de la ley para taxis y VTC
A diferencia de enero de 2019, cuando el conflicto con el taxi en Barcelona escaló en una huelga de una semana del sector, esta vez los ánimos están más calmados. Aprobado el decreto que debía poner coto a Uber y Cabify, lo que piden ahora los taxistas es que se aplique por completo, algo que no ha ocurrido y que incluso la Generalitat reconoce. El incumplimiento de los 15 minutos de precontratación es un ejemplo de ello, puesto que admiten que su registro electrónico para supervisar los servicios de VTC no acaba de funcionar debido a que se solapa con el que puso en marcha el Ministerio de Fomento.
Taxistas y Administración –las negociaciones van a cargo de la Generalitat y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)– se han dado 15 días para revisar las demandas del sector. De fondo, sin embargo, queda la promesa sin cumplir de trabajar para una ley de regulación integral de los servicios de transporte de viajeros en turismo que incluyese tanto a taxis como a VTC. La norma debía servir para modernizar a los primeros y concretar el papel de los segundos, con una propuesta que debía ser pionera en España: un fondo para rescatar licencias de taxistas.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad Damià Calvet aseguró que ese fondo, que serviría para adquirir licencias de taxistas que se acerquen a la jubilación –en Catalunya hay 14.000 autorizadas en total–, iría acompañado también de la regulación de sus precios de venta. Desde 2003 el mercado de licencias está liberalizado y su precio se sitúa actualmente en 140.000 euros, un elevado precio que la Administración catalana trataría de rebajar.