Tres heridos en un ataque con piedras contra un centro de menores migrantes en Castelldefels
Doble ataque a un centro de menores migrantes de Castelldefels. Un grupo de unas 25 personas asaltó este sábado por la noche la casa Cal Ganxo, donde viven 35 jóvenes extranjeros tutelados por la Generalitat, y volvió el domingo para protestar frente al recinto y lanzar piedras. El primer ataque se saldó con uno de los menores herido y trasladado al Hospital de Viladecans y dos educadores atendidos por contusiones.
La Generalitat, de quien depende la tutela de los menores migrantes, informó este domingo del asalto y anunció que se personará como acusación particular contra los agresores y lo denunciará a la Fiscalía contra delitos de odio. Algunos de los atacantes fueron identificados por los Mossos d’Esquadra en la protesta del domingo.
El primer y más grave incidente tuvo lugar el sábado a las 21:30 horas, según la Generalitat después de que un grupo de menores del centro se discutiera con varios jóvenes del municipio mientras volvía a la residencia y ello desembocara en una pelea con “lanzamiento de piedras”. Al cabo de un rato, un grupo de 25 personas encapuchadas asaltó la casa y trató de agredir a educadores y menores, que tuvieron que protegerse dentro del centro. En su asalto, este grupo además lanzó piedras y provocó destrozos en el mobiliario del centro.
Aunque los educadores trataron de proteger a los menores, según relata la Generalitat, uno de ellos resultó herido y acabó siendo trasladado al Hospital de Viladecans. Dos de los profesionales también tuvieron que ser atendidos por contusiones derivadas del ataque. Al menor herido, los encapuchados lo tiraron al suelo desde un muro de unos dos metros en el que estaba apostado y, una vez en el suelo, le tiraron más piedras. Así lo ha detallado este lunes el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós.
Pero los incidentes no acabaron en esa acción violenta. Un grupo más numeroso de personas, unas 60 según informó El País, volvió a acercarse a las inmediaciones del recinto -que está alejado del pueblo- para protestar a sus puertas y volver a lanzar piedras. Debido al asalto del día anterior, en la casa había un dispositivo de los Mossos d’Esquadra que disuadió a los nuevos asaltantes y consiguió identificar a la mayoría de ellos, según han confirmado fuentes policiales a eldiario.es.
Los 35 menores residen en Cal Ganxo desde el pasado diciembre. Se trata de un albergue municipal de Castelldefels dedicado a actividades medioambientales, hasta ahora gestionado por la entidad Fundesplai, pero que se reconvirtió en centro de menores debido a la falta de plazas de la Administración catalana para atender al número creciente de jóvenes migrantes que han llegado sin sus progenitores.
El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, calificó los ataques violentos contra estos jóvenes migrantes de “detestables” e “intolerables”, y anunció que se personarán como acusación particular contra los agresores. Condena la acción xenófoba y defiende que “hemos decidido ser una sociedad cívica y democrática, pacífica y acogedora, en la que no juzgamos a nadie por el lugar donde ha nacido, ni por la lengua que habla, ni por el color de su piel”.
La entidad SOS Racisme, por su parte, se muestran mucho más contundentes al catalogar el ataque de racista y culpan a la administración de no haber hecho nada ante lo que consideran una campaña “sistemática” de “criminalización racista constante a la que estos niños y jóvenes están sometidos”.
No es la primera vez que un centro de menores extranjeros tutelados por la Generalitat ha sido atacado. Sin ir más lejos, la semana pasada un hombre irrumpió con un cuchillo en una residencia de menores en Canet de Mar, aunque el incidente acabó sin heridos. El ataque se produjo días después de que una protesta sin precedentes en el municipio, protagonizada por algunas decenas de personas y con consignas racistas, exigiera la expulsión de estos jóvenes del municipio al conectarlos con un supuesto aumento de la delincuencia que la Administración acredita como infundado.
