La decisión de la justicia alemana redobla la presión para que se libere a los políticos presos

La justicia alemana ha optado por la menos mala de las soluciones para Carles Puigdemont y la peor para el juez Pablo Llarena. El independentismo ha saludado con un entusiasmo -que en algunos casos ha parecido incluso exagerado- la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de extraditar al expresidente solo por un delito de malversación. La clave, insisten en el Govern, es que el tribunal ha descartado que Puigdemont haya cometido un delito de rebelión y eso desmonta la tesis de Llarena.

Desde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a todos los dirigentes de Junts per Catalunya y ERC han interpretado del mismo modo la decisión del tribunal alemán: no hay rebelión porque, reiteran, nunca ha habido violencia. A partir de ahí consideran que todavía está más motivada la excarcelación de los dirigentes independentistas que están presos de manera preventiva por la acusación de un delito que, tras lo dictado por el tribunal germano, aún está más en entredicho.

“Cada minuto que pasan nuestros compañeros en la prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, y ganaremos”, subrayó Puigdemont tras conocer la decisión de los jueces alemanes. Tanto el expresidente como su equipo se han felicitado de que la justicia no haya modificado las medidas cautelares y, por lo tanto, pueda seguir en libertad.

Además, los abogados de Puigdemont y los partidos independentistas señalan que será difícil poder demostrar que el Govern cometió un delito de malversación y recuerdan que incluso Cristóbal Montoro descartó que se hubiesen destinado recursos públicos a la celebración del referéndum. Los abogados de los dirigentes encarcelados en España presentan este viernes los próximos pasos de la defensa en una rueda de prensa inédita. En los escritos que presentarán en los próximos días para pedir la libertad provisional de sus clientes incluirán la decisión alemana.

Mantener la rebelión, sobre la mesa de la Fiscalía

Los partidos independentistas consideran que la Fiscalía General del Estado está obligada a cambiar de criterio. Lo defendían antes pero ahora subrayan que no se puede prolongar la prisión preventiva por un delito cada vez más cuestionado. Ese es el primero de los problemas que tiene la nueva fiscala, María José Segarra, encima de la mesa. Hasta ahora cuando se le había preguntado se había limitado a responder que de momento no se planteaba un cambio de opinión.

El segundo problema que tienen la fiscala general y los fiscales de sala del Supremo es decidir si mantener la acusación de rebelión en los escritos de acusación previos al juicio. La resolución del tribunal alemán puede ser una oportunidad para que el Ministerio Fiscal modifique su criterio y facilite así la vía de diálogo abierta entre Pedro Sánchez y Torra esta misma semana.

Si finalmente la Fiscalía optara por retirar la rebelión, se quedaría sin justificación el encarcelamiento preventivo de los políticos a los que no se está procesando por malversación. Son los tres que no formaban parte del Govern: el diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El Gobierno, de perfil

El Gobierno se ha puesto de perfil este jueves ante la decisión alemana que supone un varapalo para el Tribunal Supremo. Pedro Sánchez se ha limitado a celebrar que las personas encausadas, entre ellas Puigdemont, serán juzgadas en España. Sin embargo, ha evitado valorar qué supone que el expresidente catalán solo pueda serlo por un delito de malversación.

En el PSOE nunca vieron clara la acusación por rebelión contra los líderes independentistas ante la ausencia de violencia en los hechos, un requisito indispensable en la actual tipificación normativa. De hecho, Sánchez anunció su intención de promover un cambio en el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la “España del siglo XXI”, es decir, para que una declaración de independencia como la de Catalunya pueda incluirse con claridad entre las causas de rebelión.

Moncloa tampoco ha reaccionado a la petición de la Generalitat de que el Gobierno retire a la Abogacía del Estado de la causa que se juzga en el Supremo. Desde Presidencia se remiten a la escueta nota de prensa sobre la reunión entre Carmen Calvo y Pere Aragonès en la que tan solo destacan la “normalización” de las relaciones. El Ejecutivo no quiere pronunciarse sobre cambios en la postura que han mantenido la Fiscalía o la Abogacía durante la instrucción y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha abordado ese asunto en sus conversaciones con la nueva fiscala General del Estado, María José Segarra.

La suspensión de los diputados

Otra derivada de la resolución conocida este jueves es que añade aún más confusión a la decisión de Llarena de suspender a cinco diputados que están en la cárcel así como a Puigdemont. El juez les ha reclamado que renuncien a su acta, aunque sea de manera temporal (una opción que no se contempla en el reglamento del Parlament).

La petición del juez del Supremo se fundamenta en que cometieron un delito de rebelión, es decir, un delito que ahora la justicia alemana ha descartado. De momento, el Parlament ha encargado un informe a los letrados del Parlament antes de decidir si acata o no la resolución de Llarena. Tanto Junts per Catalunya como ERC, CUP y los 'comuns' consideran que Llarena se ha excedido y no respeta la separación de poderes entre el legislativo y el judicial.

Decepción en el PP y Ciudadanos

PP y Ciudadanos, por su parte, han valorado que Puigdemont esté hoy más cerca de tener que responder ante la justicia española, pero no han ocultado su decepción porque no se permita juzgarle por rebelión. Una de las voces más duras contra el tribunal de Schleswig-Holstein ha sido la del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y el candidato a la presidencia del partido Pablo Casado, que han pedido a Sánchez que suspenda la aplicación de Schengen al considerar que “la euroorden no funciona”.

Con todo, ambos partidos, igual que han hecho los independentistas, han optado por aferrarse a la parte del auto que más coincide con su relato. Así, además de celebrar que los jueces alemanes autoricen la extradición por malversación, han subrayado que su auto descarta que tras el procesamiento de Puigdemont haya motivaciones políticas. Esta valoración, según el portavoz de Ciudadanos Carlos Carrizosa, “pone punto final al cuento de los políticos presos”.