El decreto para regular el precio de los alquileres en Catalunya, aprobado por el Govern seis días antes de las elecciones municipales, no tiene los apoyos suficientes para lograr el visto bueno del Parlament. Todos los partidos de la oposición han anunciado su rechazo a la norma. Algunos de ellos, por considerar que invade competencias del Estado, y otros, en sintonía con el Sindicato de Inquilinos, por verla insuficiente y con demasiadas excepciones como para que tenga un impacto real en unos precios que se han disparado hasta un 40% en los últimos cinco años en Barcelona.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido en su voluntad de llevar el decreto a convalidación de la Cámara catalana este miércoles, tal como estaba previsto, pero a estas alturas tendría asegurados solo los votos de JxCat y ERC. Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú, PP y la CUP se oponen a una norma que nace además con un dictamen desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias -que considera que la Generalitat se arroga competencias del Gobierno central- y un rechazo frontal de las entidades por el derecho a la vivienda, que denuncian que el texto se ha elaborado a sus espaldas.
El decreto, redactado en la conselleria de Justicia -en manos de ERC- por tratarse de una modificación del Código Civil, pone topes a los propietarios a la hora de subir los alquileres. En las zonas más afectadas, estipula que el incremento del precio pueda ser como máximo de un 10% por encima de lo que marca el Índice de Referencia de Precios del Alquiler que elabora la propia Generalitat a partir de los precios medios de mercado. Prevé asimismo excepciones en las viviendas de obra nueva y en grandes rehabilitaciones, en las que el precio podría ser entonces un 20% superior al Índice, y abre la puerta a que no se aplique en pisos de más de 150 metros cuadrados.
Límites insuficientes
Partidos como el PSC, Catalunya en Comú o la CUP aseguran estar en contra del decreto porque no consideran que en la práctica vaya a poner freno a la escalada de precios. “Nosotros reclamamos una rebaja de los precios del alquiler y en este sentido el decreto es completamente insuficiente”, lamentaba este martes Eva Granados, portavoz parlamentaria de los socialistas, aunque desde el Govern recuerdan que si ellos desarrollaron esta norma es porque el Gobierno retiró la regulación de su decreto sobre alquileres.
Tanto Catalunya en Comú como la CUP hacen suyas las quejas del Sindicato de Inquilinos. La principal es que el decreto no afecta a las renovaciones de contratos que a día de hoy ya están un 10% por encima de los precios del citado Índice, con lo que entienden que muchas familias se quedarán fuera o deberán cambiarse de piso para que les beneficie el decreto. También lamentan que la modificación del Código Civil no contemple un régimen sancionador para los propietarios que lo incumplan, cosa que dejaría en manos de las familias emprender acciones judiciales para recuperar el dinero.
Desde el Sindicato de Inquilinos consideran de hecho que los topes para contener las subidas de los alquileres debería fijarse en base a índices sociales -como lo que ingresa un hogar- y no a un índice de precios del mercado como prevé la Generalitat. “Esto normaliza el aumento de los precios; la regulación es un tiro en el pie contraproducente para pinchar la burbuja”, aseguraba la diputada de CatComú Susanna Segovia.
Conflicto competencial
Al rechazo político y social que padece el decreto se le ha de sumar el jurídico. Tanto Ciudadanos como el PSC lo llevaron al Consejo de Garantías Estatutarias al entender que invadía competencias del Estado y este organismo les dio la razón. Los artículos que sirven para poner límite a los precios del alquiler vulneran la Constitución en lo relativo a las competencias de la Administración central sobre las bases de las obligaciones contractuales.
“Es una absoluta ilegalidad”. Así ha justificado su rechazo al texto el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha incidido además en que no creen en la vía legislativa para limitar las subidas de las rentas. “La mejor forma de hacerlo es hacer uso de los solares vacíos para construir vivienda de protección oficial destinada al alquiler”, ha defendido.