Las defensas de los ocho encarcelados por los disturbios por Pablo Hasel en Barcelona ultiman sus recursos contra la decisión de la jueza que ha asumido la investigación del caso de ratificar la prisión provisional acordada por el juez de guardia el pasado 3 de marzo. Los esfuerzos se centran en especial en intentar desmontar los informes de los Mossos d'Esquadra, base de la investigación, a quien el letrado de uno de los encarcelados, Eduardo Cáliz, acusa de construir “una fantasía alrededor del anarquismo italiano” para sustentar la supuesta existencia de un grupo criminal por parte de los arrestados.
“La unidad central de investigación de los Mossos ha construido un relato en torno a un supuesto grupo criminal con una intención muy clara que es criminalizar el derecho de protesta, y de atribuir a todos los detenidos todos los delitos, por lo que ha construido un sujeto en torno a una figura diabólica y foránea como es la del anarquista italiano”, critica Cáliz. A criterio del letrado, ni el auto de prisión ni los atestados de la policía autonómica concretan los hechos por los que está investigado cada uno de los ocho encausados, sino que les acusa a todos de participar en los disturbios y de intentar quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro.
En su auto de ratificación de la prisión provisional, la magistrada atribuye al conjunto de los encarcelados los disturbios, entre ellos el intento de prender fuego al furgón policial, en una causa abierta por ocho delitos: homicidio de grado de tentativa, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, manifestación o reunión ilícita y pertenencia a grupo criminal.
Respecto a este último delito, la magistrada se remite al atestado de los Mossos d'Esquadra en el que se señala que los ocho arrestados “actuaban de manera coordinada con reparto de funciones, acorde a la finalidad pretendida y con vestimenta semejante, incluso actuando en función de las consignas verbales que recibían”. Los agentes, agrega el auto, pudieron escuchas que los detenidos hablaban entre ellos para “ayudar a perpetrar los hechos”.
La magistrada indica que todavía deben practicarse diligencias “esenciales” para esclarecer los hechos e identificar a sus autores, si bien considera que existen indicios suficientes para mantener la prisión provisional al apreciar riesgo de fuga y reiteración delictiva. De los ocho detenidos –cinco hombres y tres mujeres–, seis son de nacionalidad italiana; una de nacionalidad francesa y una española.
“No basta con asumir la fantasía obrante en el atestado de los Mossos de la existencia de un grupo criminal con el único nexo común de que hablan italiano y comparten piso. No existe ni en el auto, ni en todas las actuaciones, atribución de hechos concretos respecto a los investigados”, critica Cáliz, que recalca que del atestado policial “no hay ningún elemento que haga presumir que son un grupo organizado más allá de que hablan italiano”.
Agrega el letrado que tampoco se les ha intervenido en los registros en su domicilio ningún objeto “susceptible de utilizarse en los disturbios” ni un plan ni material para cometer actos vandálicos. “Da la sensación de que el departamento de Interior querían encarcelar para detener las protestas sin coste político y ha encontrado al sujeto perfecto, el anarquismo italiano”, apostilla el abogado.