Este martes 25 de mayo es una fecha marcada en rojo en varios calendarios. En el de ERC y Junts por ser el primer día de presidencia de Pere Aragonès. Y en el del movimiento por el derecho a la vivienda de Barcelona por ser el día en que un juez ha fijado el desalojo de una de las viviendas del Bloc Llavors de la calle Lleida de la capital catalana, una finca propiedad de un fondo buitre con varios pisos ocupados desde 2017. En el desahucio intervendrán, por orden judicial, antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, un tipo de actuaciones que han generado polémica en Catalunya y que cuentan con la dura oposición de la CUP, partido que garantiza la mayoría parlamentaria del neonato Ejecutivo de Pere Aragonès.
La previsible actuación policial de este martes corre el riesgo de ser el primer choque en la recién estrenada legislatura entre la CUP y ERC, que ahora ha pasado a controlar la cartera de Interior y la gestión de los Mossos d'Esquadra. La presencia de los antidisturbios –o de sus unidades de apoyo, los ARRO– de la policía catalana en desahucios no es norma general, pero se suele acordar cuando se prevé que la comitiva judicial pueda tener problemas para ejecutar el lanzamiento.
La decisión del juez tiene difícil encaje con el pacto alcanzado entre ERC y la CUP para que los anticapitalistas apoyaran la investidura de Pere Aragonès. Uno de los puntos del acuerdo contempla explícitamente la “no intervención” de la policía en desalojos de personas vulnerables. Los anticapitalistas ya han advertido de que sus votos no serán “un cheque en blanco” al nuevo Govern y que exigirán cumplir lo pactado. “Las intervenciones de antidisturbios en desahucios deben terminarse”, exigió el pasado viernes la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, durante el debate de investidura de Aragonès.
En cambio el acuerdo entre Junts y ERC es más matizado y no hace mención alguna a los antidisturbios en desahucios sino que se limita a contemplar la modificación del protocolo de lanzamientos judiciales mejorando la coordinación entre juzgados, servicios sociales municipales y departamentos de la Generalitat.
La presencia policial en los desahucios es una de las imágenes que más ha incomodado a la conselleria de Interior, hasta ahora pilotada por Junts. En especial por actuaciones como la del pasado mes de octubre, cuando agentes de la policía autonómica desalojaron a una familia con menores a pocas horas del toque de queda. En el Bloc Llavors además la intervención se produce por orden judicial, lo que no deja margen de maniobra al cuerpo. Hay que cumplirla sí o sí. En concreto, el juzgado ha dispuesto que los Mossos “dispongan de una Brigada Móvil”, el nombre de la unidad antidisturbios de la policía catalana, para asistir a la comisión judicial este martes.
Uno de los símbolos de la lucha por la vivienda
La historia del Bloc Llavors se remonta a julio de 2017. La finca, propiedad del fondo buitre Vauras Investments, fue ocupada por activistas del Sindicato de Vivienda del Poble-sec para realojar a familias y vecinos sin recursos o víctimas de desahucios. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en la capital catalana, en parte debido a los varios intentos de desalojo que sufrió. El último, en marzo de 2020, en el que intervino de nuevo la policía catalana, se logró desalojar seis de los pisos, en el que había varios menores. El caso llegó hasta el Parlament, puesto que se acababa de aprobar un decreto de suspensión de los desahucios que la jueza acabó decidiendo que no era aplicable a este caso. Partidos como Junts, ERC, Comuns y CUP se opusieron al lanzamiento. También el Ayuntamiento de Barcelona.
Desde aquel desalojo, son tres los pisos que permanecen ocupados, ahora sin menores, por parte de vecinos y activistas del Sindicato. Otros pisos han sido ya reocupados por parte de la propiedad, mientras que muchos siguen vacíos y controlados por operarios de la empresa CityLock, filial de Desokupa, para que nadie vuelva a entrar en ellos. Pese a que los ocupantes cuentan con un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el juez lo ha rechazado al entender que, al menos en el caso de uno de ellos, tienen “apoyo familiar” que les puede ofrecer una vivienda.
“Tengo un informe de servicios sociales que acredita vulnerabilidad económica y social, porque no tengo ingresos, y el juez me dice que me vaya a vivir al pueblo de mis padres. No respetan la ley”, lamenta Àlex Altadill, uno de los ocupantes del piso, que recuerda que el decreto vigente de la Generalitat establece que no se puede llevar a cabo un desahucio por parte de un gran propietario sin antes ofrecer una alternativa de vivienda al ocupante (incluso cuando se trata de habitantes sin contrato, que llevan en precario en el piso un mínimo de seis meses).
Para Altadill, el del Bloc Llavors fue en 2020 y sigue siendo el ejemplo de que los decretos que ha aprobado la Generalitat para evitar los desahucios no han sido efectivos. “El Govern es incapaz de resolver las necesidades más básicas de la población, incluso en medio de una pandemia no han podido garantizar que todo el mundo conservase su casa”, lamenta. “Además, envían la policía de forma desproporcionada para echar a la gente”, añade. Y recuerda que sigue siendo recurrente la intervención de los antidusturbios en los desahucios, tal como ocurrió la semana pasada en el Raval, con carga policial incluida.
La oposición a las prácticas de Vauras
Como tantos otros fondos, Vauras aterrizó en Barcelona en el año 2015 para comprar edificios antiguos a cuyos vecinos estaba a punto de vencer el contrato de alquiler con el objetivo de rehabilitarlos y venderlos luego a un precio inasumible para los vecinos. De capital finlandés, el administrador de Vauras en Barcelona es el empresario Bernat Palau de Belza, cuya firma está especializada en asesorar a empresas que quieren adquirir fincas enteras para transformarlas en viviendas de lujo.
Las prácticas de fondos como Vauras han contado con la oposición vecinal e institucional del Ayuntamiento de Barcelona. Vauras respondió al intento del consistorio para evitar el primer desahucio de los vecinos del Bloc Llavors con una querella contra la alcaldesa, Ada Colau, y dos concejales, a los que acusaba de una retahíla de delitos por “confabularse con okupas” de la calle Lleida. La jueza sin embargo archivó la querella y afeó al fondo que atribuyera delitos a los responsables municipales “sin rigor ni precisión alguna” y que vertiera acusaciones “carentes de sustento probatorio”.